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El Tribunal Constitucional (TC) accedió a la solicitud del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) de no aceptar la entrega de de antecedentes reservados a la Fiscalía Metropolitana Sur, en el marco de la investigación del caso de colusión del papel tissue que involucra a las empresas CMPC y SCA.

La Segunda Sala del TC declaró admisible la contienda entre el TDLC y la fiscalía. Así, se cancelará la gestión judicial seguida ante la Corte de Apelaciones de San Miguel por el caso, “hasta que este tribunal resuelva la presente contienda de competencia”, según señala el documento.

En el documento de la Sala, presidida por el ministro Carlos Carmona, señala que “confiérase traslado por el plazo de díez días a las demás partes concernidas, para que hagan llegar al Tribunal las observaciones y estimaciones que estimen pertinentes”.

El Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, fue quien representó a la Fiscalía en la audiencia de admisibilidad. Éste valoró la decisión del Tribunal Constitucional, destacando la importancia de este caso para contribuir a que el mercado confíe en el sistema de la libre competencia.

El Fiscal indicó que “para la FNE no es indiferente el resultado de esta disputa, porque lo que está en juego son las garantías que el sistema de libre competencia otorga a los agentes económicos cuando les solicita información o cuando son sujetos a una investigación. Hoy vemos que el Ministerio Público no ha sopesado el impacto de su solicitud, porque si se accede a su petición, esos antecedentes sí o sí se harían públicos, ya que por ley el Ministerio Público no puede asegurar reserva o confidencialidad después de 40 días”, según consigna Diario Financiero.

La petición del TDLC exhibía que por ley, se imposibilitaba a la entidad a entregar esta información, que incluye correos electrónicos y conversaciones telefónicas.

Asimismo, exponía que “en el evento de estimarse que el Ministerio Público sí está facultado para requerir información a los tribunales de justicia, dicha competencia en ningún caso le permite forzar al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a infringir las disposiciones relativas a la protección de documentos confidenciales, contenidas en los artículos 22 y 39 (a) del Decreto Ley 211”.

En el mismo documento, el TDLC mantenía su postura de mantener la confidencialidad “al contener información referente a datos comerciales, estudios de costos, información comercial sensible, cuya divulgación puede afectar el desarrollo competitivo de la requerida SCA o de sus objetivos en relación a la correspondencia electrónica obtenida”.

Frente a esto, Raúl Guzmán, jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, calificó de “inédita” la exposición del TDLC, ya que, según él, esta reserva no tenía sentido alguno, teniendo en cuenta “que ya existieron delaciones, o sea reconocimiento, de las acciones ilícitas (…) y ya han sido publicadas”.