sabas chahuán
En los primeros meses de su mandato, el Fiscal Nacional Sabas Chahuán tenía la costumbre de llegar a las oficinas del Ministerio Público, tarareando la Marcha Imperial. Como Darth Vader cuando caminaba por los pasillos de la Estrella de la Muerte, Chahuán transitaba al ritmo de la pegajosa composición de John Williams, que inmortalizó al personaje de la exitosa saga de George Lucas.

La escena refleja el particular estilo que en privado y en público tuvo Chahuán en estos ocho años en un puesto al que llegó ungido por su predecesor, Guillermo Piedrabuena. Éste, ante la disyuntiva entre apoyar a Xavier Armendáriz -el favorito de los políticos junto a Juan Enrique Vargas- o a Chahuán, adujo ante la Comisión de Constitución que Armendáriz tenía un carácter muy difícil. En el Senado, según recuerdan parlamentarios, el mensaje que se entendió es que Chahuán era más permeable.

En su libro Memorias del Primer Fiscal Nacional, Piedrabuena lo dijo así: “Les reconocí a los senadores que, dentro de las alternativas posibles los nombres de Sabas Chahuán y Juan Enrique Vargas eran los mejores y que en cuanto a Xavier, si bien tenía excepcionales atributos de investigador y una gran capacidad de trabajo y rectitud, tenía un carácter muy especial que lo hacía tener conflictos más allá de los necesario”.

Por descarte, Chahuán triunfó.

Y cuando arribó a las oficinas de la institución, entonaba con ironía el ritmo típico de Star Wars en medio de los cambios propios de los cargos de confianza que implica la llegada de una nueva administración, cupos que él llenó, según sus detractores, principalmente con amigos. Su tono, tenía el mismo dejo dicharachero con el que acostumbró a abordar los temas con la prensa en estos últimos meses en la palestra por los cuestionamientos y acusaciones cruzadas de la clase política relacionadas con las supuestas filtraciones de los fiscales a cargo de los bullados casos Penta y Soquimich.

Si tuviéramos que situarlo en un asado, Chahuán estaría siempre en la primera etapa, la del jolgorio de los choripanes. Ese fue el recuerdo que le dejó a varios en la Universidad de Chile cuando hizo clases de Procesal IV: “Las clases son casi un monólogo del ‘Club de la comedia’. Aunque también les pregunta a los alumnos algunas cosas, acepta opiniones y cosas por el estilo. Es lo más parecido a estar en un asado, faltando la parrilla y el delantal”, rescató en enero de 2012 el suplemento El Semanal del diario La Tercera, haciendo referencia a la Wikibello, un espacio donde los alumnos de Derecho realizan comentarios de las aulas.

En otra faceta, Chahuán fue el fiscal que se enfrentó en una disputa con el otrora todopoderoso ministro Rodrigo Hinzpeter, batalla de la que salió victorioso y que le permitió ser bautizado por El Mercurio -uno de los diarios predilectos de su administración- como el Fiscal que desafiaba a La Moneda.

Pero Chahuán tuvo otros obstáculos que le golpearon el frente interno: Bajo su gestión, funcionarios del MP enfrentaron acusaciones por la manipulación de datos, causa donde el Consejo de Defensa del Estado es querellante y que obstaculizaría su llegada a la entidad. Ese episodio fue también el que lo distanció de su ex brazo derecho en el MP, el abogado Pedro Bueno, con quien era amigo hacía 30 años y además compadre: Bueno es padrino de uno de sus hijos. Después del “Caso Metas” y de la renuncia del jurista a la institución, nunca más hablaron.

Con Bueno, Chahuán enfrentó múltiples conflictos políticos y comunicacionales. El más recordado de ese tiempo fue el “cafecito” -en privado- con el dueño de la CMPC Eliodoro Matte en el 2010, cuando éste último intentaba salvar la honra al ex párroco de El Bosque Fernando Karadima, mientras la fiscalía lo investigaba por las denuncias de abuso sexual en su contra que el Vaticano se encargaría de condenar.

Al finalizar su carrera en la FN, Chahuán mostró sus destrezas al mando: Impulsado por su sucesor, Jorge Abbott, tomó las riendas de las investigaciones políticas, anuló al fiscal Carlos Gajardo y se graduó de Masterchef al amarrar cargos; instalar a Abbott a la cabeza de la institución, sacar adelante el proyecto de fortalecimiento de la institución, entre otros logros.

En opinión de Yerko Puchento, el personaje de Daniel Alcaíno, Chahuán se vistió como el paladín de la justicia en los casos de corrupción en la política. Aquí cinco claves de su gestión.

LOS ENCONTRONES CON HINZPETER
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El 13 de enero de 2010, cuando Piñera aún no asumía el Gobierno, el fiscal Xavier Armendáriz -quien era jefe de la zona metropolitana oriente- daba cuenta de las dificultades en la investigación de delitos asociados a una serie de artefactos explosivos que se habían colocado en Santiago desde el año 2009 y pedía cambiar la Ley Antiterrorista.”Las deficiencias de mi trabajo las asumo yo, no se las endoso a terceros, lo que estamos tratando de decir es que eso es un factor que contribuiría a hacer más efectivas las investigaciones de esta naturaleza”, afirmó en esa ocasión.

Sus palabras eran una especie de anuncio de la presión que el Ejecutivo haría sentir al Ministerio Público al exigir en la causa resultados que no llegaban.

El 14 de junio de 2010, ya con Piñera en el poder, el ex ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter impuso su visión de que debían realizarse cambios. Armendáriz fue removido de la investigación y fue reemplazado por el entonces fiscal de la región metropolitana sur, Alejandro Peña. A Armendáriz, Chahuán no le dio ninguna explicación por su salida; a Peña, en tanto, le recalcó que era preciso avanzar y mostrar resultados.

¿Por qué Chahuán operó a favor del Gobierno? Diversas fuentes consultadas por The Clinic Online no tienen certeza respecto de qué ocurrió, pero coinciden en que Chahuán siempre mueve los hilos para salir favorecido. Otros, en cambio, plantean que en ese tiempo, y consciente de las críticas del Ejecutivo y de la opinión pública, Chahuán se había convencido de darle un nuevo impulso a la investigación y Peña podía ofrecerlo. Se trataba de un fiscal mediático y que podía trasladar la causa a tribunales menos garantistas, ambos elementos que hacían pensar que la indagatoria podía tener un vuelco.

En esos pocos meses de Hinzpeter con el poder total en el gobierno, Chahuán había sido alertado por sus asesores sobre el difícil escenario que enfrentaría con Piñera de Presidente.

Los primeros indicios de sus peleas las dio el debutante ministro de Justicia Felipe Bulnes. En abril de 2010, en la revista Qué Pasa, anunció la intención de revisar en profundidad la situación de la Fiscalía a través de una auditoría externa. “Si el Ministerio Público tiene a cargo la tarea de perseguir los delitos, es necesaria una auditoría externa para entender bien su función y el porqué de los resultados. Ejemplo: cuando se comete un delito, ¿el fiscal se está constituyendo en la escena para recoger evidencia en el momento oportuno? Dos: ¿los fiscales tienen capacitación técnica suficiente para efectos de dirigir investigaciones o habrá que reforzarlos? Tercero: ¿por qué muchas causas terminan archivadas? Otro eje: hay personas que obtienen beneficios carcelarios y las encuentras a los pocos días delinquiendo”, aseguró.

La propuesta crispó a Chahuán. El 15 de abril, Sabas dio su cuenta pública. Y tras esa ceremonia el recado llegó desde el propio Piñera, quien dijo, flanqueado por Chahuán, que “es bueno y sano que pueda existir una auditoría de los procesos, procedimientos y resultados de la Fiscalía, porque mientras más transparente sea su labor, mayor eficacia tendrá su trabajo”. Sabas sostuvo lo contrario: “me parece innecesaria una auditoría externa al Ministerio Público porque nuestros resultados están publicados. La fiscalía es autónoma por la Constitución”.

Finalmente, la revisión no se hizo y se dejó de mencionar, a poco andar, en las intervenciones públicas de los ministros. Con esta señal se inició una breve luna de miel al amparo del Caso Bombas: Peña asumió días después de esta causa, la investigación sobre Mohammed Saif Ur Rehman Khan, quien había sido detenido en la embajada de Estados Unidos porque supuestamente tenía restos de explosivos en su ropa; el 9 de julio, Interior tuvo un triunfo al lograr la detención en argentina de Juan Aliste Vega, quien fue condenado por el crimen del cabo Moyano; el 18 de agosto, Peña logró la formalización de los 14 detenidos en el caso bombas.

Fueron meses plácidos para Chahuán y Hinzpeter hasta que en diciembre de ese mismo año, Peña anunció que no había antecedentes para fundamentar la acusación del caso paquistaní y, ese mismo mes, el directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) comunicó que aumentaría en un 16,8% el precio del gas natural en Magallanes, desatando una serie de protestas que dejaron en muy mal pie al Gobierno de Piñera.

Tras las cuerdas, en los primeros meses de 2011, el Gobierno inició una negociación con Peña para ficharlo al finalizar su periodo de ocho años en la Fiscalía Sur. Para Chahuán, fue un golpe a su autoridad y antes de que se conociera la situación, tomó las riendas a inicios de abril 2011 y envió un comunicado en el que informó que Peña dejaría el Ministerio Público para ir a trabajar a Interior en la División de Estudios. Ese mismo mes, Peña cambió de bando.

La crisis con el Ejecutivo se reactivó. El traslado de Peña a Interior dejó en una posición incómoda a Chahuán y se terminó la amistad cívica. El resto de ese año, fue de recados por los medios entre Sabas y Hinzpeter. Y de operaciones de uno y otro para socavar el poder de su contendor.

En todo ese tiempo, ocurrieron distintos episodios: Hinzpeter se reunió con quien era el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Pedro Orthusteguy. “No me voy a limitar a trabajar sólo con el fiscal nacional, sino también voy a trabajar con los fiscales”, arguyó Hinzpeter. Orthusteguy pertenecía a la Fiscalía Sur, donde había asumido tras Peña, Raúl Guzmán. A éste, Chahuán nunca le perdonó no cerrar filas con él en esta confrontación. Las diferencias se mantienen hasta hoy.

Chahuán devolvió el golpe a Hinzpeter través de una cita con el vocero de Piñera, Andrés Chadwick. El ambiente era de guerra y Hinzpeter cometió un error del que no pudo reponerse.

El viernes 16 de diciembre de 2011, Chahuán se ausentó de una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública convocada a La Moneda por ex ministro. Al encuentro tampoco fue el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica.

Esa noche, en una cena de fin de año en La Moneda con periodistas, Hinzpeter se unió a un Karaoke y le dedicó la canción “Querida” de Juan Gabriel a Sabas, específicamente los versos “dime cuándo tú, dime cuándo, dime cuando tú vas a volver”.

The Clinic Online hizo público este hecho días más tarde, el jueves 22 de diciembre. Coincidentemente, aquella jornada, Chahuán debía ir a Palacio a la celebración de una festividad judía (“Januca”). En la instancia fue consultado por la anécdota y la cerró con un chiste: “Yo le dedico canciones a mi señora nomás”, respondió Sabas.

Y el azar, otra vez, le permitió ganar.

El año 2012, nuevamente la suerte lo favoreció. En junio de ese año, y luego de presiones de parlamentarios y de activistas de Derechos Humanos, Chahuán enfrentó el veredicto del Tercer Tribunal Oral de Santiago, que absolvió a todos los imputados de los delitos por los que la Fiscalía Sur los había acusado: colocación de artefactos explosivos y financiamiento del terrorismo.

El fallo de la jueza Marcela Sandoval fue lapidario, pues no se había logrado acreditar la participación en los atentados y dijo que la investigación había sido parcial.

Días antes de que se conociera el fallo y ya con Peña trabajando codo a codo con Hinzpeter, se filtró desde el Ministerio Público al diario La Segunda el resultado de un sumario en contra de los fiscales que habían investigado el caso bombas.

En el documento, que sacó a Chahuán del foco de las críticas por el traspié, se acusaba a Peña de sostener conversaciones con el gobierno sobre su futuro trabajo mientras era fiscal del caso y se decía que había mantenido dos reuniones con su futuro jefe en las dependencias de la fiscalía. En privado, Peña ha dicho que Chahuán siempre estuvo al tanto de esas reuniones. En el documento se le acusaba también de descorchar una botella de whisky en el sexto piso de las oficinas tras la formalización de los imputados en el caso.

Con Peña en el foco del conflicto, Chahuán no debió asumir la responsabilidad política del papelón.

EL CAFECITO
Eliodoro matte
Antes de convertirse en el fiscal que asegura ser vitoreado por sus subalternos con el grito de “Sabas no se va”, Chahuán era un personaje opaco en su gestión y que apostaba a ser recordado por la instalación de una política de persecución criminal que según expertos consultados por este diario, no existe como tal.

El año 2011, en que concentró sus peleas con el Ejecutivo, fue especialmente complejo e implicó un quiebre respecto de la liviandad con que enfrentaba el cargo y que le permitía, por ejemplo, aceptar regalos costosos, como un perro de raza que le fue entregado por carabineros y que regaló por no tener espacio para mantenerlo.

Como sea, a fines de marzo de 2011, se hizo pública una reunión que el 12 de mayo del año anterior (2010) había sostenido con el empresario Eliodoro Matte, a petición de éste, en el marco de la revelación de abusos sexuales de Fernando Karadima a jóvenes de la parroquia de El Bosque. Karadima, un sacerdote ligado a la elite, era íntimo de los dueños de la papelera.

“Ellos (la familia Matte) querían que la investigación fuera lo más rápida posible, porque tenían vínculos de amistad con Karadima, él y su señora. No hay nada que ocultar y claramente no hay ninguna tolerancia de la Fiscalía a ningún abuso sexual y en especial en las personas que tienen una posición de garante (…) Pensé que podía haber sido víctima de un delito y Matte me dice que está preocupado por el tema Karadima y quiere una investigación rápida (…) No me presionó, porque no acepto presiones y porque Matte no me dijo nada más”, explicó Chahuán en Cooperativa cuando se conoció la historia del cafecito.

Sin embargo, y pese al discurso, ya sea por la intervención de Matte o por su propia iniciativa, una semana después de la cita en 2010, el 19 de mayo de ese año, Chahuán hizo exactamente lo que asegura que Matte le pidió. “Yo le he señalado (Armendáriz) la preocupación por parte de la Fiscalía Nacional de que esto sea lo más rápido posible, respetando las garantías de todos los involucrados y siendo lo más enérgicos en posible, da lo mismo quién los cometa (…) Nosotros tenemos un lineamiento de persecución criminal que enfatiza la persecución criminal de los abusos sexuales contra menores de edad, por lo tanto, si se lleva a adelante esta investigación, se llevará con la mayor rigurosidad y objetividad posible”, argumentó tras dar la orden de acelerar la causa.

Quienes estuvieron al tanto de los aspectos más desconocidos de ese hecho, aseguran que antes de la reunión con el empresario, Chahuán ya había definido que la persecución al cura sería más rápida, pues los antecedentes indicaban que el caso sería revisado por la justicia antigua. En su entorno argumentan que siempre pensó que la filtración de su cita salió desde la fiscalía y que el conflicto fue uno de los golpes más duros que tuvo que enfrentar.

La explosión al inicio fue controlada, pero las víctimas encontraron en el evento una muestra clara del manto de protección con el que operó por años Karadima. Chahuán estuvo semanas desanimado, reflexionó y reconoció que había sido un error y una desprolijidad. A partir del hecho y antes de que existiera la ley del Lobby en Chile, decidió que todas sus reuniones serían expuestas en una agenda pública.

LAS CIFRAS Y EL KILO DE POSTA
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El 23 de julio del año 2007, el entonces ministro de Justicia, Carlos Maldonado, y el Fiscal Nacional de la época, Guillermo Piedrabuena, acordaron, a meses de que se nominara a Chahuán como el segundo jefe del Ministerio Público de la historia, un proyecto de ley que amarró los bonos por desempeño a los fiscales y funcionarios -que hasta ese minuto eran discrecionales-a un sistema externo de evaluación de eficiencia y cumplimiento de metas.

Fuentes del Ministerio Público que conocieron las tratativas apuntan a que se trató de una imposición de Hacienda que trajo más problemas que beneficios para la Fiscalía.

“El último bono de Piedrabuena, que era a todas luces un referente en derecho, fue en la antigua ley; el primero de Chahuán, en la nueva ley. Eso se tradujo en que durante la administración de Chahuán hubo una obsesión por los números que fue resintiendo la labor de investigación y disfrazando las estadísticas. Por ejemplo, un fiscal puede tener éxito en obtener condenas de 90%, esas ‘condenas’ son en un 80% pago de multas. Los números, supuestamente objetivos, se usan para disfrazar falencias y la gestión de Chahuán fue mucho de eso: cumplir cifras sin que necesariamente ello implicara el éxito de la institución”, explica esta fuente.

En tanto, un fiscal consultado por este medio revela que la fiebre por las cifras ha provocado desidia para indagar casos complejos. “Yo puedo mejorar mis números si no tomo ningún caso complejo y resuelvo 100 casos de hurto simple. Un Caso Penta, en números, es un caso; robarse un chocolate, es uno también. Esa sobreobjetivización, que Chahuán no combatió, hace que exista un desincentivo a tomar casos difíciles”, apunta.

Otro personero, que ha conocido por dentro el engranaje de Fiscalía, plantea que “hay un problema real de recursos que no depende de Chahuán. La Procuraduría de México tiene hasta aviones. Si la Fiscalía requiere un examen de ADN, depende de los tiempos del SML. No hay prioridad para la institución. Un fiscal que luego fue intendente comentaba que estaba feliz porque era primera vez que pedía algo, ahora como autoridad, y le respondían”, precisa.

En cualquier caso, Chahuán ha admitido la existencia de problemas en su institución en los años previos a que brillara por la investigación a políticos del fiscal Carlos Gajardo.

En noviembre de 2011, en pleno enfrentamiento de Chahuán con Hinzpeter respecto de si la Fiscalía cumplía o no su rol de persecución criminal, La Segunda presenció en una semana 40 audiencias de formalización en el centro de justicia donde la mayorías de las causas fueron cosas como robar tres chicles o $3.000 de posta.

Al respecto, Chahuán respondió: “en frío, uno podría estar de acuerdo en que es una estupidez, pero en el caso de la persona que se robó un kilo de posta, obligadamente tenía que pasar a control de detención porque tenía una orden de detención pendiente”.

CASO METAS
Pedro Bueno
Fue una vez que ya había estallado el denominado caso Metas, en marzo de 2013, cuando Sergio Lillo Montero, ex Gerente de la División de Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo de la Gestión de la Fiscalía Nacional, involucró por primera vez a Sabas en la investigación en que se acreditó la manipulación de 21.875 registros de víctimas y testigos de casos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte para alcanzar las metas asociadas al pago de bonos de cumplimiento.

En esa oportunidad, Lillo rechazó la acusación que hacía en su contra el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, y apuntó a una supuesta “falta de objetividad” del persecutor tras formular cargos a quienes denunciaron los hechos. Esto, según el ingeniero, para impedir que se hicieran efectivas las responsabilidades que debían recaer sobre quienes, en la práctica, obran como sus superiores y mandantes: Sabas Chahuán y el entonces director ejecutivo nacional de la Fiscalía, Pedro Bueno.

Imputaciones que luego respaldó en la querella que presentó el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por este hecho, señalando conversaciones directas con Bueno y develando que tanto el ex director ejecutivo como el propio Chahuán habían autorizado anteriormente cambios al sistema de control en la fiscalía Centro Norte.

Según el ingeniero, apenas se detectó la falsificación de datos se lo informó a sus superiores. “Posterior a ello fui donde el DEN, señor Pedro Bueno, y le informé expresamente lo anteriormente señalado, además de indicarle que era necesario que fuera más enérgico, ya que a la fecha no habían sido capaces de ordenar sus fiscalías y las cuentas SAF asociadas a éstas, lo cual estaba generando problemas en el sistema de indicadores del Sistema de Control de Gestión. Ante esto, el Sr. Bueno me indicó que ni él ni el Fiscal Nacional quería tener más problemas con la FRMCN, y que dicha fiscalía contaba con el apoyo de ellos, ordenándome que dejara hasta ahí este tema”.

Posteriormente, Lillo dice haber pedido copia por escrito de esa instrucción, la que nunca se concretó.

Durante los siete meses de investigación nunca declaró Chahuán, a pesar de ser solicitado sus testimonio por el mismo ex gerente. Finalmente el sumario acreditó los cargos contra Lillo de no avisar de la manipulación de datos a sus superiores y de autorizar la creación de una base de datos manipuladas para su evaluación externa. La investigación, eso sí, se inició meses después que renunciara a su cargo, por lo que el castigo no pudo aplicarse y Lillo terminó sobreseído.

Eso no impidió al fiscal nacional criticar en el fallo las “reprochables” afirmaciones del ex Gerente de la División de Estudios del Ministerio Público “relativas a que existiría una eventual infracción a la garantía de ser oído por un tribunal imparcial debido a una supuesta cercanía de este Fiscal Nacional con su subrogante, Sr. Alberto Ayala Gutiérrez, quien a su vez, designa como investigador administrativo a una persona que también sería cercana, como es el Fiscal Regional de Valparaíso, Sr. Pablo Gómez Niada; lo mismo respecto de la responsabilidad de este Fiscal Nacional, o del Director Ejecutivo Nacional, afirmaciones hechas de forma temeraria, sin que conste se haya rendido probanza alguna destinada a acreditar tales injuriosos asertos”.

Con todo, el Consejo de Defensa del Estado decidió querellarse por delito informático en enero de 2014. La investigación, eso sí, no presenta mayores avances en casi dos años a cargo del fiscal regional de Coquimbo, Enrique Labarca.

Así lo señaló el presidente del CDE, Juan Ignacio Piña, en una respuesta por oficio que entregó el 11 de noviembre pasado a la Cámara de Diputados diciendo que la mayoría de las diligencias solicitadas por el organismo fueron rechazadas por la fiscalía.

En efecto, hasta ahora Labarca no ha accedido a interrogar a Chahuán o el propio fiscal regional Andrés Montes y se negó a trabajar con la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones ya que no era necesario porque él personalmente asumió la investigación.

Además, se negó a trasladar la causa a Santiago para facilitar la labor del CDE como patrocinante y accedió a interrogar a una serie de funcionarios del Ministerio Público involucrados en el caso, menos a Pedro Bueno.

Pero quizás la diligencia más importante y resistida fue el peritaje de los computadores o hardware utilizados por la Dirección Ejecutiva Regional, la División de Estudios e Informática. En enero de 2014, Labarca respondió a los abogados del CDE que “dada la fecha de ocurrencia de los hechos hace extemporáneo realizar la pericia solicitada luego de transcurrido más de 2 años”.

Sin embargo, el 7 de abril de 2015 finalmente se realizó un respaldo informático de cuatro computadores de la Fiscalía Nacional, incluido el que ocupaba Lillo. Pero la diligencia se quedó ahí ya que sólo cinco meses después, el 3 de septiembre pasado, el fiscal solicitó una autorización para periciar los discos duros. Al día siguiente el 7º Juzgado de Garantía de Santiago “decidió rechazar” la diligencia. Eso fue la última novedad, según la copia de la carpeta.

Cercanos a Chahuán comentan que siempre le ha parecido insólito, por decir lo menos, que quienes cometieron estas irregularidades aparezcan luego como denunciantes. El “caso Metas” no sólo tuvo costos profesionales, pues Chahuán no habló nunca más con su amigo Pedro Bueno y su relación de 30 años se terminó.

El MASTERCHEF
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Aunque se ha atribuido a Sabas la decisión de tomar el caso Penta-SQM a fines de febrero, diversas fuentes consultas por este medio coinciden en que la idea provino del debutante Fiscal Nacional y que con ella buscaba descomprimir la crisis que se desató en el verano cuando el fiscal Gajardo, al retornar de vacaciones, fue notificado de que la arista Soquimich (SQM) había sido reasignada al Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, Andrés Montes, y el caso Penta derivado al ex jefe Metropolitano Oriente, Alberto Ayala. Y amenazó con renunciar.

Con el caos desatado, Chahuán tomó las riendas de una causa que le permitió terminar su periodo en vitrina tras años grises y sin logros.

Gracias a la indagatoria de Gajardo y su equipo, Sabas logró un protagonismo que se reflejó en la rutina televisiva de Yerko Puchento el 30 de abril: “Si Chile avanza es porque ha surgido un héroe nacional. Un héroe que emergió de las cenizas como el ave fénix. El único hombre capaz de poner orden en este país. ¡El fiscal Chahuán”, dijo el humorista en Vértigo.

A meses del fin de su mandato, Chahuán brillaba. Pero le faltaba amarrar la continuidad de su administración y, desde el año pasado, tenía decidido que Abbott era la persona indicada para sucederlo.

Sin embargo, la confrontación con los partidos políticos por las repercusiones de las indagatorias donde se descubrió el financiamiento irregular de campañas, hacía tambalear su objetivo.

Por ello, a inicios de octubre, luego de que la Corte Suprema estableciera una quina para sucederlo que incluía a los fiscales, Raúl Guzmán, Luis Toledo y José Morales, y al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Juan Enrique Vargas, además del director ejecutivo nacional del Ministerio Público, Jorge Abbott, Chahuán se desplegó para negociar por su favorito.

Las gestiones, recalcan fuentes a The Clinic Online, incluyó operar en contra de Morales y Guzmán, este último uno de sus mayores enemigos. Y, lo principal, ofrecer salidas alternativas a los políticos investigados.

Cuando la Presidenta designó a Abbott el 15 de octubre, en medio de la reticencia del Senado que debía ratificarlo, Chahuán aumentó la apuesta: a días de la votación del 21 de octubre ofreció a la defensa de Jovino Novoa ir a juicio abreviado, asumiendo la responsabilidad como autor de delito tributario, con la garantía de no que existiría pena de cárcel ni pérdida de derechos ciudadanos.

El 22 de octubre, The Clinic Online publicó esta negociación y Chahuán la desestimó: adujo que los diálogos eran habituales y que el ofrecer una salida alternativa, justo en medio de las tratativas para conseguir el respaldo del Senado a Abbott, no constituía una situación inusual: “Hemos conversado respecto de procedimientos abreviados con varias defensas y también respecto de salidas alternativas con varias defensas”, declaró.

En su círculo recalcan, que las tratativas con Jovino venían de mucho antes y que son hechos que coincidieron esa semana decisiva para Abbott.

Días después se hizo formal el acuerdo con la defensa de Jovino y finalmente el viernes pasado, 27 de noviembre, Novoa obtuvo lo que The Clinic Online había adelantado: una pena de 3 años de presidio menor en su grado medio, una multa correspondiente al 50% del perjuicio fiscal -correspondiente a $15 millones-, y 5 Unidades Tributarias Anuales (UTA).

Chahuán también obtuvo lo que deseaba: la fiscalía Oriente, por donde desfilan los principales estudios de abogados del país y la Fiscalía Nacional, encabezadas por personeros de su entera confianza, Abbott y Manuel Guerra. Con este diseño, la influencia que Chahuán puede mantener, aún fuera del Ministerio Público, es un activo para el saliente fiscal.