Contraloría ordena sumario en Providencia por pago de horas extraordinarias a 286 funcionarios “sin fundamento jurídico”

La Contraloría realizará un sumario en la Municipalidad de Providencia, luego de constatar que una serie de funcionarios usaron ilegalmente la infraestructura y jornada laboral para pagar a 286 empleados edilicios más de $31 millones, “sin que existiera fundamento jurídico que lo permitiera”.

La información consta en el informe del organismo fiscalizador -que publica The Clinic Online- donde se revela que la cancelación de honorarios por supuestas horas extraordinarias con platas del Club Providencia, careció del debido control por parte de la alcaldesa Josefa Errázuriz.

De acuerdo al documento, Errázuriz “consintió verbalmente” que el entonces administrador municipal Lautaro Contreras, pagara horas extraordinarias a través del Club Providencia, previa coordinación con la asociación de funcionarios y la “unión de obreros”.

Errázuriz, en su testimonio ante la Contraloría, aseguró que participó personalmente de las conversaciones junto a la “jefa de personas”, Catalina Errázuriz Correa, quien definió el listado de quienes recibirían un beneficio económico de $ 110 mil pesos brutos. Adicionalmente, dijo la edil, la relación de nombres fue chequeada por su ex asesor de gabinete Ernesto Livacic.

“A este respecto, la referida Alcaldesa indicó que los pagos no se relacionan con trabajos ejecutados para la Fundación Club Providencia, sino que se fundaron en la realización de trabajos extraordinarios efectivamente realizados para la Municipalidad de Providencia, que excedieron a las horas autorizadas, las que no fueron pagadas en el momento en que se efectuaron. No obstante, aclaró que no le constaba -en detalle- que tales trabajos hubieran sido efectivamente realizados por cada uno de los funcionarios municipales que recibieron los pagos analizados en la especie”, señala el informe.

Contradicciones

La entidad de control, da cuenta también del testimonio que Catalina Errázuriz entregó el pasado 27 de agosto a los fiscalizadores. La mujer reconoció haber enviado la nómina de beneficiados mediante correo electrónico al gerente general del Club Providencia, Ricardo Levi, el 14 de febrero de 2014.

Levi, señala el documento, “le manifestó que aquellos debían extender la boleta a honorarios correspondiente, y suscribir el contrato de rigor, con el objeto de proceder a los pagos, remitiéndole además, los contratos tipo, los cuales fueron perfeccionados por la unidad a su cargo, con los datos de cada funcionario, cometidos a desarrollar y fecha de los mismos”.

Los funcionarios, según la jefa de personas, concurrieron a su oficina, entregaron la boleta respectiva y firmaron el contrato. En esa línea si bien es cierto reconoció que las platas fueron pagadas como trabajos extraordinarios, “precisó que no existen registros de asistencia que acrediten tal afirmación, motivo por el cual esta Entidad de Control no pudo determinar la veracidad del fundamento dado por la Alcaldesa”.

Y sigue: “A mayor abundamiento, esa funcionaria (Catalina Errázuriz) manifestó desconocer el motivo por el cual a cada funcionario se le pagó un monto idéntico, ascendente a $ 110.000 brutos. Por último, la señora precisó que ella actuó siguiendo instrucciones del aludido Asesor de Gabinete de la Alcaldesa… las que no representó”.

No hay desvío

Pese al sumario que realizará la Contraloría, el informe desechó una parte importante de la denuncia hecha por un grupo de concejales en contra de la alcaldesa Errázuriz. Estos últimos señalaron en su presentación al organismo que los fondos con que se pagaron las horas extraordinarias, provenían del erario municipal.

Sin embargo, la entidad revisora señaló: “En lo que concierne a lo señalado por los concejales recurrentes en cuanto a que los pagos en cuestión se hubieran efectuado con cargo a fondos municipales, a través de las subvenciones que la entidad edilicia le ha entregado al referido Club Providencia, corresponde desestimar lo indicado por los peticionarios”.

Hay que recordar que en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, a mediados de año fue interpuesta una querella criminal en contra de Josefa Errázuriz por delitos tributarios, fraude al fisco y falsificación.

En la acción legal se indicaba que la fórmula de pago se realizó con boletas “ideológicamente falsas”, ya que no se podía comprobar que los servicios hubieran sido efectivamente prestados.

En la municipalidad, luego de ser consultados por este pasquín digital, indicaron: “Por nuestra parte reiteramos nuestra confianza en las instituciones, en este caso la Contraloría General de la República, con la cual hemos colaborado desde el primer minuto. El informe final desestima el argumento de los concejales de oposición y reiteramos nuestra confianza en el curso investigativo e insistimos que no ha existido ningún tipo de desvío de recursos, como menciona el organismo”.

Lea el informe de Contraloría completo