Columna de Juan Francisco Galli: Juez Urrutia y la confianza en la justicia

Imagínese que un juez señala lo siguiente en un foro público: “detrás de cada violación a los DDHH hay un juez que por acción u omisión permitió dicha violación”; “el Poder Judicial chileno es una institución históricamente construida para dominar y reprimir a los pueblos y naciones en América”; “es una elite abusiva que se alía al capital transnacional”; “el resultado es una justicia autoritaria, colonialista, racista, hetero-patriarcal, machista y clasista”; “desconoce todos los sistemas judiciales de las naciones originarias, no solo las invisibiliza sino que es parte del genocidio epistémico”; “durante el Estallido Social el Poder Judicial ha servido como parte del dispositivo de represión, al avalar y justificar a través de pruebas de poca calidad o derechamente inventadas por agentes del Estado”. 

Parece imposible, pero fue una realidad hace pocos años. El juez de garantía del Séptimo Juzgado de Santiago, Daniel Urrutia, concurrió voluntariamente a la Convención Constitucional para decir eso y muchas otras afirmaciones políticas totalmente irresponsables y vulnerando flagrantemente las normas de conducta del Código Orgánico de Tribunales. Su discurso era uno propio de un político de izquierda. Y no de una izquierda moderada sino una ultrona y radical. Obviamente en agosto de 2021 el ambiente era muy favorable para ese tipo de expresiones, incluso el trato del magistrado con los convencionales era de “compañeros”, demostrando lo convencidos que estaban de que el ánimo refundacional de aquel momento sería eterno.

El juez Urrutia parecía no ser consciente de su rol social como juez de garantía. En dicha calidad, él constituye una pieza esencial para la confianza de los ciudadanos en la judicatura. Los jueces de garantía, por regla general, no juzgan sino que se aseguran que quienes son perseguidos y acusados por el Estado de ser culpables de un delito tengan derecho a un debido proceso. Son muy importantes, pero no sólo para los imputados, sino para que las víctimas de esos delitos confíen que el Estado empleará medios lícitos para perseguir la responsabilidad penal y hará sus mayores esfuerzos para esclarecer los hechos.

¿Cómo podemos pedirle a una víctima que confíe en un sistema que el propio juez caracteriza como “clasista, racista, hetero-patriarcal y machista”?

Sin embargo, hay que reconocer que la crisis del Poder Judicial va más allá del descriterio del juez Urrutia. Tres ministros de la Corte Suprema han sido destituidos por haber vulnerado seriamente el principio de probidad. Incluso una de ellos se encuentra imputada por hechos tan graves como haber recibido pagos ilícitos por favorecer a una de las partes en un juicio.

La última encuesta UC Bicentenario muestra que los tribunales de justicia no gozan de la confianza de los ciudadanos. Sólo uno de cada diez chilenos señala tener mucha o bastante confianza en ellos, sólo los parlamentarios y los partidos políticos están peor. Justamente por ello es tan relevante que exista una agenda que busque recomponer esas confianzas y que sea la propia Corte Suprema la que haya comenzado a tomar medidas para ello.

Paradojalmente, el juez Urrutia cayó en desgracia no por sus dichos sino por haber abusado de beneficios estatales destinados a proteger la salud de los trabajadores. En una decisión audaz, la presidenta de la Corte Suprema decidió proceder férreamente en contra de los jueces que fueron detectados saliendo del país mientras se encontraban haciendo uso de una licencia médica. La situación efectivamente era grave y merecía atención.

El mal uso de recursos públicos o del sistema de salud previsional afecta seriamente el principio de probidad. Y si este es un principio que rige para todos los funcionarios públicos, tiene una especial exigencia para aquellos que tienen la última palabra sobre cuáles conductas de los ciudadanos son lícitas y cuáles, no: los jueces. Sobre ellos recae una exigencia especial y mayor en respetar dichas normas.

El último episodio también está causando desprestigio de los tribunales. Finalmente, la controversia respecto de la reducción de condenas se produce por una laxa evaluación de Comisiones compuestas parcialmente por magistrados y por una veleidosa jurisprudencia respecto a la correcta aplicación temporal de beneficios penitenciarios post condena.

El centro de la disputa política ha estado precisamente en el sentido que los fallos de las cortes le daban a un beneficio y la aplicación o no del principio de irretroactividad de la ley penal. 

Este gobierno, como corresponde a uno de derechas, ha hecho un voto especial de recuperar el respeto a las reglas como un valor para la vida en sociedad y, para ello, una de las principales prioridades debería ser restablecer la legitimidad de quienes son llamados a aplicarlas imparcialmente. Ello sólo es posible mediante una reforma profunda que devuelva a los ciudadanos la valoración en nuestro sistema de justicia. Las áreas son ya conocidas, la formación, los nombramientos, el gobierno judicial y la modernización de los procesos tanto civiles, penales, laborales y de familia.

La agenda pública, sin embargo, en las últimas semanas ha estado concentrada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por otras razones. Amenazas de acusaciones constitucionales, reconocidos errores en rebajas de condenas y golpes noticiosos de los antecedentes de los sujetos liberados difícilmente permitirán tener un debate sosegado, pero urgente sobre la confianza en la justicia.