La historia tras el portazo a la gratuidad: El día en que el Gobierno entregó el TC a la oposición

Fue el viernes 28 de agosto el día en que el Gobierno selló el destino de la mayoría de sus reformas.

En esos meses, la Alianza ya había anunciado que recurriría al Tribunal Constitucional cada vez que quisiera frenar un cambio gubernamental y, aún con esa advertencia sobre la mesa, el Gobierno llegó con tres candidatos a la votación que debía realizar la Corte Suprema para elegir a un nuevo integrante del TC.

En medio de este desorden de La Moneda, el designado por el máximo tribunal, en reemplazo de Francisco Fernández Fredes, vinculado al Partido Socialista, fue José Ignacio Vásquez.

Vásquez es abogado y Magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Público de la Universidad de Los Andes. Y es además, según fuentes del mundo judicial y académico consultadas por The Clinic Online, de derecha.

De ahí que la decisión de ayer del TC que resolvió en un fallo que la gratuidad es “discriminatoria” -como acusaba la Alianza-, pero que podía tener financiamiento estatal, no haya sido realmente una sorpresa para el oficialismo.

“Esta es la consecuencia de la improvisación del Gobierno en el nombramiento del último integrante del Tribunal Constitucional”, resume el senador Felipe Harboe.

Harboe fue uno de los personeros que le hizo ver al Ejecutivo, tras nominación de Vásquez el riesgo que se avecinaba. Pero después del error en la nominación, no había margen de maniobra.

Con todo, el Gobierno habría enviado emisarios para buscar cercanía con Vásquez, una gestión que, luego del fallo de ayer, demostró ser inoficiosa.

¿QUÉ SUCEDIÓ?
Hace cuatro meses el elegido del Gobierno para el TC era el abogado de la Universidad de Chile y doctor en Derecho, Juan Carlos Ferrada Bórquez. Ferrada había sido parte del equipo a cargo de elaborar una propuesta constitucional para Bachelet y cumplía el perfil que había pedido la Corte Suprema al Ejecutivo: académico, no político, respetado entre sus pares, en resumen, una persona con un currículum distinto a Cristián Letelier Aguilar y Nelson Pozo Silva.

El problema es que junto con Ferrada, Eduardo Sepúlveda Crerar, destacado profesional que fue parte de la Vicaría de la Solidaridad y uno de los abogados querellantes del “caso degollados”; y Humberto Nogueira Alcalá, profesor de la universidad de Talca y director del Centro de Estudios Constitucionales de Chile de esa casa de estudios, considerado el más preparado de todos los candidatos, recibieron el mismo mensaje: contaban con la venia del Ejecutivo para presentar su candidatura.

Los demás candidatos, Eduardo Aldunate Lizana; Ricardo Israel Zipper, y Vásquez, sumaban distintos apoyos, pero lo clave es que los votos del Gobierno se dispersaron y de esta poca destreza se colgó la oposición que logró, con algo de suerte, que el designado fuera Vásquez quien, tras un empate con Aldunate, fue electo por el azar de la balota, las tres pelotas pequeñas que indican la calificación de quien rinde el examen en derecho.

Así se llegó a la sentencia de ayer que estableció, tras un empate dirimido por el presidente del TC, Carlos Carmona, que el tema, contrario a lo solicitado por la Alianza, sí puede ser abordado en la ley de presupuesto.

Fue el único punto que ganó La Moneda, porque en la misma resolución se zanjó que el fondo del asunto en cuanto a la discriminación alegada por la oposición y la triestamentalidad eran efectivamente inconstitucionales. El primer punto el Ejecutivo lo perdió por 6 votos a 4; y el segundo por 7 votos a 3.

DISCRIMINATORIA

“A toda inconstitucionalidad le llega su hora”. Con esas palabras el abogado Arturo Femandois terminó su alegato ante el pleno del Tribunal Constitucional, defendiendo la inconstitucionalidad en la glosa de gratuidad para educación superior incluida en el Presupuesto 2016 alegando discriminación arbitraria.

Los argumentos del líder del equipo jurídico de Chile Vamos le propinaron la primera gran derrota al Gobierno en la denominada “tercera cámara”, con un argumento que desde un principio los parlamentarios de oposición sacaron a la luz: los supuestos “privilegios” que tenían la universidades del Consejo de Rectores (Cruch) para recibir recursos de la glosa sin cumplir necesariamente con todos los requisitos impuestos para las otras instituciones de educación superior.

Desde su aprobación en el Congreso, a fines de noviembre pasado, los parlamentarios de la UDI y RN alegaron sobre los requisitos discriminadores que imponía la política pública sobre las instituciones posteriores a 1980, pero sobre todo contra los estudiantes vulnerables de esos planteles.

En especial, por el incumplimiento de años de acreditación mínimos que le exigían a planteles fuera del Cruch en al menos tres universidades estatales. Fermandois señaló a la salida de los alegatos que esta política “no puede servirse hacia el futuro de categorías que no se crucen con elementos de la calidad. La acreditación es un elemento de calidad que debe regir adentro y afuera del Cruch y esta legislación no está haciendo eso y tiene un problema constitucional por esa razón”.

Un argumento que, a la larga, le dio la razón a la oposición por apenas un voto.

Durante su presentación, el Fermandois sacó a colación la situación de Pro Andes, el Centro de Formación Técnica de la Cámara Chilena de la Construcción, que en 2014 pidió al Mineduc dejar su calidad como institución con fines de lucro, pero la secretaría de Estado se negó señalando que perdería su personalidad jurídica y los tres años de acreditación en gestión institucional y docencia de pregrado que había obtenido.

Tras deliberar ante el pleno del TC, el abogado señaló que la gratuidad era una política “legítima” por parte del gobierno, pero que esta debía ser aplicada por un mecanismo correcto. “Lo que nosotros decimos es que no puede usarse una ley de presupuesto que se tramita a la carrera, en forma precipitada, y que solo tiene por objeto crear los ingresos y gastos y estimarlos para hacer toda una reforma sustantiva a la educación superior y su financiamiento. Que puede ser positivo para la inclusión en Chile, pero no puede hacerse a la carrera en 45 días en una ley de presupuesto. En ninguna democracia del mundo eso se acepta”, señaló.

Pasado el mediodía, el equipo jurídico del Gobierno liderado por la ex ministra Segpres Paulina Veloso aseguró que los requerimientos para las demás universidades e instituciones de educación superior no vulneraban el principio de igualdad.

“Dimos argumentos sólidos, muy fuertes, que muestran que no se ha vulnerado en absoluto el principio de igualdad porque las distinciones que se efectúan son distinciones razonables, que es lo que permite el principio de igualdad”, dijo Veloso, al salir de la sala de audiencias.

El pasado miércoles, en la ronda de expositores, los rectores Aldo Valle (U. de Valparaíso) y Ennio Vivaldi (U. de Chile) descartaron que existiera algún tipo de discriminación justificando la importancia de las universidades regionales, quienes cumplen con un rol público en las distintas ciudades y no llevan sus excedentes hacia una casa matriz, en la capital.

“Nuestras instituciones se extienden desde Arica a Punta Arenas. No quisiéramos dejar pasar que se diga que con este requerimiento el Cruch sería beneficiario de un privilegio”, dijo Valle, ayer, en ese mismo salón.

Ahora, sin embargo, el gobierno deberá repensar la aplicación de los más de 500 millones incluidos para que cerca de 200 mil estudiantes pudieran estudiar gratis desde el próximo año.

Y reiniciar las negociaciones con el Cruch, que tienen hasta el próximo 22 de diciembre para notificar al Gobierno si accederán o no a este beneficio, un día después de que se conozca el fallo completo del TC que consideró la glosa como discriminadora.