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(Fotografía: Ministerio de Defensa)

La fiscal Centro Norte, Tania Sironvalle, investiga el presunto fraude al fisco en la Comisión Nacional de Desminado, dependiente del Estado Mayor Conjunto (EMCO), por más de $ 300 millones.

De acuerdo a la información obtenida por The Clinic Online, Sironvalle presentó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el pasado 2 de diciembre la denuncia correspondiente y solicitó una diligencia reservada para acceder al listado de llamadas de la imputada Lissette Espinoza Morales. La pesquisa alcanzaría también a los oficiales del Ejército, capitán Eduardo Pulgar y el teniente Ricardo Zúñiga, que también figuran como indagados de acuerdo al sistema del Poder Judicial.

Básicamente, Sironvalle busca efectuar un cruce de información para saber cómo se realizaron los contactos entre ellos y si eventualmente el caso afecta a otros civiles. Eventualmente podrían aparecer también otros uniformados, en cuyo caso dichos antecedentes podrían recaer en la justicia castrense.

La indagatoria apunta a la venta de elementos para el desminado como cintas de demarcación, zapatos especializados, entre otros, que nunca habrían llegado a la Comisión Nacional del ramo. Allí aparece ligada la sociedad Tsuki cuyo 99% de la propiedad pertenece a Espinoza Morales, mientras que el otro 1% es de Guillermo Sotelo, quien aparece trabajando en una tienda del retail.

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(Portal del Poder Judicial)

Tsuki, en el portal del Mercado Público, ha sido proveedora de distintos tipos de productos al Ejército. Entre ellos regalos para la pascua del soldado, comida, overoles, principalmente para el Regimiento de Infantería Nº 23 Copiapó en la Tercera Región. Es precisamente en esa unidad militar donde trabajaba, al menos hasta 2014 el oficial del Ejército de la especialidad de “Intendencia”, Ricardo Zúñiga Aravena como encargado de pagos.

De acuerdo a la base de datos del Registro Civil, Zúñiga y Espinoza Morales contrajeron matrimonio el 14 de diciembre de 2013. Actualmente, el primero se encuentra activo en el Comando de Sanidad del Ejército.

Los hechos, según supo este diario, se habrían originado entre 2013 y 2014. Cuando el caso se descubrió, el EMCO realizó un sumario administrativo, donde hubo sanciones. Posteriormente, los antecedentes pasaron a la justicia militar, que mantiene una causa activa por estos eventuales delitos, sin que hasta ahora se hayan dictado autos de procesamiento. El caso, posteriormente, llegó a Sironvalle, atendido que Lissette Espinoza es civil.

En el carpeta de investigación de la Fiscalía Centro Norte ya existe una detallada orden de investigar de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI que da cuenta ampliamente de los hechos. Y atendido que se trata una indagatoria donde están comprometidos los intereses fiscales, es sólo cosa de tiempo para que se querelle el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y en la eventualidad que se determinen delitos tributarios, el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Este diario intentó obtener una versión de parte del ministerio del ramo, de donde depende el Estado Mayor Conjunto, pero se indicó que no habría comentarios.

Avances

La denuncia presentada por Sironvalle aparece en el contexto en que Chile está ad portas de presidir la Convención de Ottawa para el desminado, tal como lo anunció ayer el ministro de Defensa José Antonio Gómez, previa reunión con las tres ramas de las Fuerzas Armadas (Marian, Ejército y Aviación) la Cancillería, entre otras instituciones.

Ayer Gomez destacó que sólo falta por terminar cerca de un treinta por ciento de los campos, instalados para la cuasi guerra de 1978 en el norte y en otros puntos del país.

Paralelamente, indicó que se encuentra en tramitación un proyecto de ley en el Parlamento para otorgar una pensión a las víctimas de estos explosivos antipersonales.