Reforma Laboral divide a Nueva Mayoría y enfrenta eventual impugnación ante el TC

Contra el tiempo se encuentra el Ejecutivo para lograr despachar la reforma laboral antes del 31 de enero. Diferencias entre lo senadores de la Nueva Mayoría en un tema clave: el reemplazo en huelga; disconformidad de los diputados por los cambios introducidos al proyecto en la Cámara Alta, que se traducirá en una comisión mixta que ya dan por hecho; y la oposición de los trabajadores que anunciaron movilizaciones. Por si eso fuera poco, si se aprueba la reforma, el Gobierno deberá enfrentar una nueva impugnación ante el TC de la oposición.

Si bien se anunció que la reforma ingresaría esta semana a la Comisión de Hacienda para revisar las últimas indicaciones y enviarla a votación en el Senado, su discusión fue postergada y quedaría para la próxima semana. Esto en medio de las quejas del presidente de la Comisión, el senador Andrés Zaldívar, por el apuro y sobrecarga de trabajo legislativo.

La mayoría de los parlamentarios consultados por este medio coinciden en que será muy difícil despachar la reforma antes de fin de mes y que, probablemente, se postergará para marzo, en contra de los deseos del Ejecutivo, que esperaba cerrar el año legislativo con uno de los principales compromisos programáticos convertido en realidad.

La principal traba que retrasará la promulgación de la reforma laboral, es que en la Cámara de Diputados existe molestia porque consideran que se han introducido cambios sustantivos al proyecto que ellos despacharon y que, sostienen, atentan contra el fortalecimiento de los sindicatos. Los puntos de disputa con el Senado son las adecuaciones necesarias, la extensión de beneficios, el descuelgue de trabajadores y la negociación colectiva interempresas.

Los miembros de la Comisión de Trabajo de la Cámara, diputados Tucapel Jiménez (PPD), Mario Vallespín (DC) y su Presidente, Lautaro Carmona (PC), confirmaron a The Clinic Online que las diferencias se tendrán que zanjar en una comisión mixta. El diputado Osvaldo Andrade (PS), también cree que la mixta es lo más probable, pero considera importante esperar para ver qué es lo que finalmente saldrá del Senado. “No quiero ir a la cocina, sino sentarme en el comedor cuando esté todo listo”, ironizó Andrade. Desde el Partido Radical comparten la misma postura, en caso de que las modificaciones del Senado se opongan a lo aprobado en la Cámara, votarán en contra.

Los siete diputados de la comisión de Trabajo de la Nueva Mayoría, el miércoles pasado asistieron a un almuerzo con la CUT, en el que estuvieron presente dirigentes de los trabajadores del PS, PC y DC, y concordaron que no permitirán que los cambios introducidos por el Senado atenten contra los dos corazones de la reforma: titularidad sindical, mediante la extensión de beneficios universal, y derecho a huelga, a través del reemplazo interno.

Lautaro Carmona, presidente de la Comisión del Trabajo, aseveró que “en el Senado se metió mano y relativizaron dos puntos centrales de la reforma: la titularidad sindical que se ve afectada cuando se extienden los beneficios a los trabajadores no sindicalizados y en la huelga efectiva, es decir, que paren las actividades, permitiendo el reemplazo interno, para que al final la reforma, desde el punto de vista del fortalecimiento sindical, quede absolutamente a la manipulación que tenga cualquier empleador. Vamos a rechazar esos puntos e ir a la comisión mixta”.

“Cada uno tendrá que responder por su conducta y los partidos tendrán que alinear a sus parlamentarios. Esta es una deuda histórica con los trabajadores, es un mecanismo que nos permite, como ha dicho la Presidenta, dar la batalla principal que es terminar con la desigualdad y la injusticia social”, adujo.

El nudo ciego 

Como es habitual en el Congreso, es el el senador Zaldívar quien encabeza las negociaciones de los senadores de la DC, -a excepción de la senadora Carolina Goic, miembro de la comisión de Trabajo, que está alineada con el PS y el PPD-, para moderar la reforma laboral. Para ser precisos, en esta misma línea también se encuentran tres senadores del PPD, que han impulsado las indicaciones pro medianas y pequeñas empresas: el senador Ricardo Lagos Weber, Felipe Harboe y Eugenio Tuma.

Con el objetivo de conseguir una tramitación expedita, el Ejecutivo en diciembre cedió a las presiones de la DC y de Chile Vamos e introdujo varias indicaciones, entre ellas, la “adecuaciones necesarias” en caso de huelga, que en definitiva, según gran parte de la Nueva Mayoría y el mundo sindical, se traduce en reemplazo interno y atenta contra la huelga efectiva.

La indicación de la discordia, referida a las “adecuaciones necesarias”, permitía que los empleadores podrían mover de sus funciones a los trabajadores que no estén movilizados para suplir las áreas que estén en paro. Pero esto fue rechazado en la Comisión del Trabajo del Senado. En su reemplazo, las senadoras Goic y Adriana Muñoz, junto al presidente de la Comisión, Juan Pablo Letelier, impulsaron una modificación para poner restricciones al reemplazo: que no se pueda cambiar de establecimiento al trabajador ni tampoco a funciones que no estén estipulados en su contrato. Por ejemplo, un administrativo no podría trabajar en un puesto operativo ni ser enviado a otra sucursal. Pero para que esto se ratifique, debe contar con el patrocinio del Ejecutivo en la sala del Senado.

El senador Letelier afirmó a The Clinic Online que confía en que las restricciones serán incorporadas al proyecto y que con las modificaciones hechas en la Comisión, se mantiene el espíritu original de la reforma. “Estamos abiertos a hacer ajustes para mejorar el proyecto, pero no a modificar lo sustancial. Las diferencias probablemente las veamos en una comisión mixta donde tenemos los votos. Estoy optimista”, aseguró.

Sin embargo, hasta ahora, las señales del Gobierno apuntan a que se está en una situación más compleja. Tanto la Ministra del Trabajo, Ximena Rincón -que resintió el revés en la Comisión de Trabajo-, como el titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, han sostenido que se repondrá la indicación original en la sala del Senado, tal como promueve el grupo liderado por Zaldívar.

En parte, la moderación de las últimas indicaciones en el Senado se debe a que el Gobierno se abrió a dialogar con la oposición y escuchó los reparos de un sector de la DC, pero también a que tanto en la falange y en el Ministerio de Hacienda existe temor por los efectos negativos que podría producir la reforma laboral en materia económica, en un año que será especialmente difícil para los indicadores.

Por eso, el Ministro de Hacienda se había mostrado de acuerdo con la DC. Pero otro factor de suma importancia, según fuentes de Gobierno estrechamente ligadas al tema, es que tras el episodio de Burgos, no están las condiciones como para abrir un nueva crisis con la DC. De ahí que estén buscando cuidar los equilibrios y hacer ingeniería política, con tal de no propiciar un quiebre con los sectores más conservadores de la DC.

Pese a que se desea evitar a toda costa generar otra crisis política con la DC, según un influyente senador del PS, el ministro Valdés tendrá que retroceder, ya que la orden presidencial es clara: la reforma no puede apartarse de los acuerdos esenciales comprometidos en el programa. Es decir, hay que garantizar que exista derecho a huelga y la titularidad sindical.

La críticas de los senadores oficialistas que están alineados con los diputados, se centran en que el sector liderado por Zaldívar está tratando que las definiciones de huelga y adecuaciones necesarias queden ambiguas en la ley, de tal manera que la interpretación permita el reemplazo interno.

Una vez que se zanje la votación en el Senado, el proyecto volverá a la Cámara de Diputados y si es rechazado, irá a la comisión mixta. La Nueva Mayoría apuesta a que en esa instancia tiene los votos para imponerse, a menos que la DC vote junto a Chile Vamos. Escenario que precipitaría fuertes choques en la coalición oficialista y un quiebre de la DC con el Gobierno.

La impugnación ante el TC

Al complicado ajedrez que deberá sortear la Reforma Laboral en el Congreso, según revelaron fuentes de Libertad y Desarrollo a este medio y que fue confirmado con los parlamentarios de la oposición, Chile Vamos ya está redactando el recurso de impugnación ante el Tribunal Constitucional, tal como sucedió con la glosa de gratuidad.

El tema lo supervisan los senadores Andrés Allamand y Hernán Larraín. El recurso se centrará en dos puntos, el primero relativo a la extensión de beneficios, que genera una discriminación entre los trabajadores que están sindicalizados y los que no. El segundo argumento apunta a la titularidad sindical, ya que la “Constitución garantiza la negociación colectiva como un derecho de los trabajadores, es decir, personas naturales y no personas jurídicas como es el caso de un sindicato”, explicaron fuentes que están al tanto del recurso. Por lo tanto, se va a impugnar que los trabajadores no sindicalizados también tienen derecho a negociar en grupos o como ellos estimen.

También trascendió que la oposición se está asesorando con destacados abogados constitucionalistas, ya que esperan presentar una sólida argumentación jurídica, que les permita ganar el recurso en todos sus puntos, entre ellos estaría, el abogado, observador del proceso constituyente, Gastón Gómez. Por su parte, Andrés Zaldívar ya ha enviado varias veces el mensaje a La Moneda de que tal como está el proyecto podría ser impugnado.

La oposición de los trabajadores

Mientras que la CUT trabaja alineada con los diputados para defender lo conseguido en la Cámara baja, la Unión Portuaria y la agrupación por una Mejor Reforma Laboral, que reúne a más de cien sindicatos, el miércoles rechazó la totalidad de la reforma y anunciaron próximas movilizaciones.

El dirigente de la Unión Portuaria, Héctor Rubilar, afirmó a The Clinic Online: “Rechazamos de lleno toda la reforma, cuando salió de la Cámara de Diputados ya era mala, ahora con los cambios en el Senado es mucho peor, la rechazamos entera. Ninguna de nuestras peticiones han sido escuchada, por ejemplo, la negociación ramal. Hicimos más de 100 indicaciones y ninguna fue considerada. Lamento que los partidos políticos no están defendiendo los derechos de los trabajadores. Vamos ir evaluando lo que pase en el Senado y lo que pase en la comisión mixta, pero no descartamos una paralización de los puertos”.

En esa misma postura, Carmen Miranda, dirigente del sindicato de Entel y vocera de trabajadores de la agrupación por una Mejor Reforma Laboral, sostuvo que desde el ingreso del proyecto han visto como empeora y que eso se agravó con las indicaciones ingresadas en diciembre. “Los trabajadores no aceptamos reformas atentatorias y regresivas de nuestros escasos derechos. Por el contrario, exigimos una nueva discusión que en su origen sea constructiva y transparente pensando en todos los chilenos y chilenas sin exclusiones, donde sean las voces e intereses de la clase trabajadora la que prime en una nueva institucionalidad laboral que asegure derechos y bienestar para todas y todos”, dijo.