Columna: Anular la ley de pesca para defender la democracia

Gremios empresariales invocan el Estado de Derecho como fórmula para oponerse a la moción de los diputados del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana que declara la nulidad de la Ley de Pesca. Otra de las respuestas más repetidas es que no existiría la nulidad de una ley y que el Congreso estaría impedido de declararla.

Pero es la propia Constitución en sus artículos 6º y 7º la que establece el principio de juridicidad a que deben someterse los órganos del Estado, sancionando con la nulidad a todo acto que contravenga tal principio, esto es, que no observe elementales requisitos de validez. Ello comprende a todos los actos del Estado, administrativos, jurisdiccionales y legislativos. Uno de estos requisitos es el respeto de las formas y los procedimientos que la ley prevé.

Desde luego, las infracciones al principio de juridicidad deben tener cierta entidad para hacer procedente la nulidad. Concurren en el caso de la Ley de Pesca supuestos de hecho excepcionales y ostensibles que vician su tramitación.

Las remuneraciones ilegales percibidas por parlamentarios, por parte de una empresa pesquera, para obtener favores regulatorios exhorbitantes constituyen un grave atentado a la democracia y al Estado de Derecho. Es forzoso concluir que estos hechos contravienen el mandato constitucional del artículo 8º que obliga a los titulares de funciones públicas a “dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”.

La probidad parlamentaria ya había sido definida por la ley orgánica del Congreso como la observancia de “una conducta parlamentaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función, con preeminencia del interés general sobre el particular.”

Estas normas no tienen un valor discursivo ni son meramente declarativas, son obligatorias. Sostener lo contrario implicaría avalar toda clase de anomalías en la discusión de las leyes, construyendo un incentivo peligroso que legitimaría la intervención ilegal del poder económico en las decisiones públicas, socavando los fundamentos del sistema democrático.

Es entonces el principio de probidad un requisito de validez del proceso legislativo, de tal manera que su abierta transgresión demanda una respuesta democrática e institucional que impida la convalidación de una ley signada por la corrupción.

Esa respuesta es la nulidad declarada por el legislador. De acuerdo a la doctrina, la nulidad del artículo 7º de la Constitución opera de pleno derecho desde que se incurre en el vicio. En 2006, varios senadores presentaron una moción que declara la nulidad de derecho público del Decreto Ley de Amnistía. El proyecto no fue objeto de objeciones en cuanto a su admisibilidad ni menos fue cuestionada su constitucionalidad. Por el contrario, el Ejecutivo le otorgó urgencia en diez oportunidades, entre septiembre de 2014 y julio de 2015, reconociendo por esta vía la facultad del Congreso para declarar la nulidad de una ley.

Por otro lado, algunos han afirmado que no es posible concluir que existió corrupción en la tramitación de la ley hasta que no existan condenas penales, confundiendo dos planos distintos. Una dimensión es la determinación de la responsabilidad penal. Pero desde la perspectiva del órgano -el Congreso- una cuestión diferente es constatar como esos actos ilegales vician el proceso legislativo.

La sujeción al Estado de Derecho no consiste, como pretenden algunos dirigentes empresariales, en la obtención de un patrimonio ilegítimo por la vía de los hechos consumados. La defensa de la democracia, por el contrario, obliga a impedir la creación de un precedente que implique una concesión a la corrupción.

*Abogado, Coordinador legislativo Bancada PC-IC