A casi un año de haberse destapado el caso y en medio de la investigación y toma de declaraciones realizadas por el Ministerio Público, hoy viernes se desarrolla en el Juzgado de Garantía de Rancagua la esperada audiencia de formalización de 13 imputados naturales y uno jurídico (la empresa Caval) a petición del persecutor que lleva la causa, el fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo. Entre los formalizados están la nuera de Bachelet, Natalia Compagnon y su socio en Caval, Mauricio Valero. Hay que consignar que Toledo precisó que no encontró motivos para formalizar al hijo de la Mandataria y ex director sociocultural de la Presidencia, Sebastián Dávalos.
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Corría el 5 de febrero de 2015 cuando la revista Qué Pasa destapa uno de los casos más bullados del último tiempo: Se trata del caso Caval, que involucra a la familia directa de la Presidenta Michelle Bachelet en un cuestionado negocio en Rancagua.
Según consigna dicho medio en aquel entonces, el 16 de diciembre de 2013, y justo un día después del triunfo de Bachelet en segunda vuelta para ser Presidenta, el Banco de Chile aprobó un crédito de 6.500 millones de pesos a la pyme Caval, propiedad de la nuera de la Mandataria, Natalia Compagnon y su socio Mauricio Valero. Además, Sebastián Dávalos, hijo de la Jefa de Estado, se desempeñaba en la firma como gerente de Proyectos.
La idea de las lucas solicitadas a la entidad financiera de Luksic apuntaba a un suculento y prometedor negocio en Machalí: Comprar los fundos Santa Cecilia, Santa Elena y San Diego con el fin de mantenerlos en su poder hasta que se produjera un esperado cambio en el plano regulador para que esos terrenos pasaran de uso rural a uso urbano. Sencillamente un negocio redondo.
Fue así como el 17 de enero de 2014 se firmó en la notaría de Patricio Raby el contrato en el que Caval obtuvo los paños que eran propiedad de los Wiesner, quienes eran representados por el síndico de quiebras Herman Chadwick y Helga Riffart.
De acuerdo a lo publicado por la Qué Pasa, el negocio que se creía exitoso dentro de la oscuridad fue revelado a la luz durante noviembre de 2014, cuando el empresario y ex asesor de Caval, Sergio Bustos Baquedano interpuso ante el Primer Juzgado de Letras de Santiago una demanda laboral contra la firma de Compagnon y Valero acusando que se le debía cerca de 200 palos por el no pago de comisiones y remuneraciones. Su pega básicamente era gestionar con distintas entidades financieras el famoso préstamo para comprar los paños en Machalí.
Cabe decir que en paralelo a la búsqueda del préstamo bancario, la pyme de la nuera de Bachelet tenía gran preocupación por la demora en el avance del cambio del Plan Regulador Intercomunal. El concejo municipal criticó que la propuesta no tenía contemplada la creación de nuevas carreteras y mejoras viales para el cambio a zona urbana. Los grandes tacos que ya existían se podrían acrecentar, advirtieron.
Fue así como el nuevo seremi de Vivienda Wilfredo Valdés llamó a licitación por el nuevo plan regulador, y tanto la intendencia como representantes de la muni buscan solucionar el problema.
Los plazos para pagar el préstamo al Banco de Chile se agotaban y aún Caval no podía amarrar una promesa de compra de los paños en Machalí. Fue así como tras varios meses de gestiones el 21 de enero del año pasado logró firmar un compromiso de compra con la empresa Silca empresario Hugo Silva por 9.500 palos. Los dueños de Caval se frotaron las manos considerando que tras descontar las lucas adeudadas a la entidad financiera, se meterían al bolsillo 2.500 millones de pesos en utilidades.
Luego de eso en marzo de 2015 Silva presentó una querella por estafa en contra de Caval y quienes resultaran responsables, ya que cuando adquirió los terrenos porque le habían asegurado que se produciría un cambio en el uso de suelo y podría construir un proyecto inmobiliario que a la postre le devolvería las lucas invertidas. Sin embargo todo se iría a las pailas, ya que un día después de haber comprado los paños, estalló el bullado caso.
Pues bien, a casi un año de haberse destapado el caso y en medio de la investigación y toma de declaraciones realizadas por el Ministerio Público, hoy viernes se desarrollará en el Juzgado de Garantía de Rancagua la esperada audiencia de formalización de 13 imputados naturales y uno jurídico (la empresa Caval) a petición del persecutor que lleva la causa, el fiscal regional de O’Higgins, Luis Toledo. Entre los formalizados están la nuera de Bachelet, Natalia Compagnon y su socio en Caval, Mauricio Valero. Hay que consignar que Toledo precisó que no encontró motivos para formalizar al hijo de la Mandataria y ex director sociocultural de la Presidencia, Sebastián Dávalos.
Metiéndonos de lleno en la jornada de formalización hay que decir lo siguiente:
La empresa Caval enfrenta cargos por soborno.
La nuera de la Presidenta Michelle Bachelet y dueña de la mitad de Caval, Natalia Compagnon enfrenta cargos por declaraciones maliciosamente falsas
El dueño del 50% de la empresa, Mauricio Valero, quien está imputado por posible delito de soborno, además por declaraciones maliciosamente falsas.
El síndico de quiebras Herman Chadwick está apuntado por posibles ventajas indebidas, soborno y declaraciones maliciosamente falsas.
Juan “Gatito” Díaz, el ex operador UDI que gestionaba los terrenos de Caval en Machalí y que trataba de agilizar el cambio de uso de suelo es considerado cómplice de ventajas indebidas de Chadwick. Por su parte también se le apunta por presunto soborno y facilitación de declaración tributaria falsa.
En tanto al ex director de obras de Machalí Jorge Silva Menares, y a su esposa y analista de sistemas, Marisol Navarrete, se les imputa posible delito de cohecho en calidad de autor y cómplice, respectivamente.
Por su lado, la arquitecta Cinthia Ross Wiesner -sobrina del dueño original de los predios Patricio Wiesner, se encuentra imputada por cohecho.
El operador Patricio Cordero enfrenta cargos por facilitación de documentación tributaria falsa por pegas no realizadas a Caval.
Mariclara González enfrenta cargos por encubrir el posible delito de ventajas indebidas de Herman Chadwick.
Por su lado Paulina Besserer es apuntada por presunta facilitación de documentación tributaria falsa por servicios no realizados a la pyme Caval.
Por último Pablo Ovalle y Daniel Huerta enfrentan cargos por prevaricación y por posibles encubridores de las ventajas indebidas del síndico Chadwick. Andrés Orchard asiste a esta audiencia apuntado como presunto cómplice de ventajas indebidas.
A continuación revisa el MINUTO A MINUTO de esta maratónica e intensa jornada de formalizaciones en el bullado caso Caval que remeció a todo Chile y que afectó a la familia directa de la Presidenta Michelle Bachelet: