Royalty a la carta: Los correos que revelan cómo las grandes mineras definieron la ley de Piñera

La urgencia de contar con recursos para la reconstrucción y el carácter voluntario de Royalty, llevó al Gobierno de Piñera a ceder a las presiones de la mineras en la ley de Royalty. En las negociaciones hubo, además del “Artículo Contesse”, advertencias de BHP Billiton respecto de las consecuencias de no aplicar la invariabilidad y hasta una minuta, posterior a la promulgación de la ley, de Antofagasta Minerals sobre cómo se debían adecuar los contratos. Autoridades de la época admiten que se hizo lo que se pudo porque las compañías tenían el sartén por el mango.

piñera-a1 Junio del 2010 fue un mes agitado para la gigante minera BHP Billition, propietaria en Chile de La Escondida. En Australia, matriz de la compañía, el entonces primer ministro Kevin Rudd -que terminó perdiendo su cargo a fines de ese mes- estaba embarcado en un proyecto de royalty minero que implicaba una fuerte pérdida de rentabilidad para la empresa y una recaudación para el país, desde julio de 2012, de US$ 10 mil millones al año. Finalmente, tras la forzada renuncia de Rudd por su gallito con BHP Billiton y Rio Tinto, se aplicó un royalty más moderado. En Chile, en tanto, el Gobierno de Sebastián Piñera impulsaba en el Congreso, en el marco de la ley de reconstrucción, un royalty que variaría entre 4% y 9%, dependiendo del margen operacional de las compañías y que a cambio garantizaba invariabilidad tributaria hasta el año 2025. El 16 de junio de ese año, en el Senado se vivía una jornada clave para la iniciativa. La Concertación había anunciado su oposición al proyecto, pero permanecían en duda los votos de Alejandro Navarro y Hosaín Sabaj. Finalmente, a fines de la tarde de aquel miércoles, se rechazó el proyecto. Durante ese día, Mauro Valdés, vicepresidente Corporativo de BHP Billition en la época, mandó un mensaje claro al entonces ministro de Minería, Laurence Golborne y su jefa de gabinete, Luz Granier: “Estimados, los australianos, a propósito de esta trifulca, piden invariabilidades tributarias (por muchos consideradas de países en desarrollo e innecesarias para países estables). La estabilidad política del país no garantiza necesariamente que las reglas sean sensatas, y un traspié en políticas públicas como el del primer ministro Rudd quiebra las confianzas. Un abrazo y suerte en el debate. Mauro”. El intercambio, del que en la época no quedaba registro porque no estaba vigente la ley de lobby, incluía una nota de prensa sobre la situación de Rudd y es, según explica hoy Valdés, una alerta sobre las precauciones que debía existir en una política pública vinculada al Royalty, en particular porque se estaba instalando en el debate nacional que la seriedad del país hacía innecesaria la invariabilidad. La misma explicación entrega BHP. En concreto, el mail es parte de las negociaciones que, según pudo reconstruir la investigación de The Clinic Online, y como admitieron ministros y exsubsecretarios de la época a este medio, se debieron realizar con las principales mineras que operan en el país y en el que éstas -antes, durante y después de la discusión-, impusieron sus términos. Ello tanto en el primer proyecto incluído en la ley de reconstrucción, que fracasó, como en el segundo que fue enviado en agosto y promulgado en octubre de 2010. Un exministro, que estuvo involucrado en las negociaciones, plantea que se legisló “a la carta” porque “no podía hacerse de otra manera”. Tanto es así que con posterioridad a la promulgación de la ley, continuó la presión de las mineras para definir la “letra chica” de los nuevos contratos y no, precisamente, a través de los canales formales para ello como el Consejo Minero y la Sonami. Así, por ejemplo, se constata en una minuta enviada en abril del año 2011 desde Antofagasta Minerals al ministerio de Minería que The Clinic Online pudo revisar. En la práctica, la ley Piñera ofreció una serie de ventajas a las mineras: extensión de invariabilidad a empresas que tenían algún régimen similar a cambio de mayor tributación por un periodo (2010-2012); permitió incorporar proyectos “conexos” a derechos de invariabilidad suscritos para proyectos previos y dio a empresas nacionales sin aporte de inversión extranjera acceso a invariabilidad sin tener antes beneficios de esta naturaleza. Esto a través de un artículo redactado, como reveló Ciper, por personal de Soquimich y que el exgerente general, Patricio Contesse, envió al otrora senador Pablo Longueira y que éste, como publicó The Clinic Online, hizo llegar al ministro Cristián Larroulet. CONVENCER O MORIR Agua-y-Minería-Transnacional-3 El 13 de marzo del año 2010, dos días después de asumir como jefe de Estado, Sebastián Piñera viajó a la Región del Bío Bío, epicentro del terremoto, y anunció “vamos a crear un plan de reconstrucción y un fondo para financiarlo, el que se va a alimentar de muchas formas”. En esas semanas, en reuniones y a través de correos, se comenzaron a elaborar las propuestas vinculadas al plan de reconstrucción. En cuanto al Royalty, se tenía como referencia la reforma impulsada el año 2005 por el gobierno de Ricardo Lagos. Ésta modificó el DL 600 de 1974 de Estatuto de Inversión Extranjera y estableció en la Ley 20.026 un gravamen de hasta 5% del margen operacional para las compañías mineras privadas de inversión extranjera con una producción superior a las 12 mil toneladas, y la imposibilidad de aplicar a los inversionistas nuevos gravámenes específicos a la actividad minera o establecer condiciones más desfavorables en cuanto a tasa y fórmula de cálculo de los tributos por 15 años. En la ley de Lagos, estaba muy limitado qué empresas nacionales podían acceder al beneficio: se debía firmar un contrato con el Estado y demostrar que los proyectos les pertenecían y estaban en explotación desde antes del 1 de diciembre de 2004. A esta norma se acogieron en la época sólo El Tesoro y Michilla (del grupo Antofagasta Minerals, pero que quedaron en este ítem) y Punta del Cobre (del grupo Hurtado Vicuña). Ni Soquimich, ni ninguna de sus filiales, se suscribió. En rigor, el Gobierno de Piñera tenía dos alternativas: Modificar las condiciones de compañías no cubiertas por el DL600, lo que implicaba un efecto marginal en la recaudación. O plantear una migración voluntaria, extendiendo el plazo de invariabilidad (calculado en el año 2017). Ésta última fue la que se adoptó. Tomar una resolución era urgente no sólo por el terremoto: las mineras proyectaban una inversión en Chile en los próximos años de US$ 30 mil millones y exigían conocer el marco regulario. “Una posición ambigüa genera un malestar que no contribuye a incentivar esta actividad”, le advirtió el 16 de marzo de ese año Golborne a Piñera. Un exministro involucrado en todo el proceso detalla que, en este escenario, no tuvo nada de anormal, para la época, recibir “insumos” de las mineras que, además, “tenían el sartén por el mango”. Y confirma que hubo reuniones al respecto “con todas las mineras”, incluyendo Soquimich. “Hoy sería impresentable. No quedó registro de las negociaciones porque no estaba vigente la ley de lobby, las empresas entregaban sus propuestas sin ningún problema. Con el estándar de transparencia actual, eso sería imposible”, recalca. La muestra quizás más clara de que el Estado de Chile estaba legislando acorde con lo que le permitían las empresas es un mail del 26 de septiembre del año 2010, enviado a las 21.00 horas por Golborne a las principales autoridades de la época: el Presidente Sebastián Piñera; su ministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter; y el titular de la Segpres, Cristián Larroulet. “Informo a usted que vengo saliendo de una reunión con el CEO mundial de BHP metal no ferrous. Tengo su compromiso de que, en las condiciones planteadas o con alguna modificación menor, ellos adoptarían la propuesta del gobierno en caso de ser aprobada en el Congreso”, consigna el texto. Desde BHP Billiton aseguran que, como compañía “manifestamos nuestra posición en temas de la industria a través del Consejo Minero” y que no existió la reunión consignada. “Somos citados por algo que no ocurrió. No hubo bajo ninguna circunstancia una negociación por el tema de la ley del royalty del 2010 ni ha habido con motivo de otras leyes”. Sin embargo, Golborne reafirma a The Clinic Online que sí existió la cita con Andrew Mackenzie, en ese momento el Chief Executive non-Ferrous. En tanto, una exautoridad del área económica detalla que, en cualquier escenario, las compañías extranjeras tenían todo a su favor: “Tenían los contratos. No querían pelearse con el Estado de Chile, pero en cualquier tribunal internacional, si se llegaba a esa instancia, tenían claras opciones de ganar con el desprestigio que ello implicaba para el país. Se hizo lo que se pudo”, plantea. La vocera de Avanza Chile, Cecilia Pérez, sostiene que hay que entender el contexto en que se legisló y que pese a ello se logró un aporte de US$ 3.200 millones al país en el período 2010-2013: -Nunca las empresas mineras pensaron que un gobierno de centro derecha iba a subir los impuestos. Fue al Presidente Ricardo Lagos al que los empresarios amaban-, plantea. -¿Se puede considerar impecable, como han dicho, una ley donde las mineras impusieron sus condiciones, en reuniones no conocidas por la opinión pública, realizadas fuera de ministerios, con lobby directo, con minutas enviadas antes y después por los inversionistas que fueron acogidas casi íntegramente? -Hay que recordar que las empresas estaban sujetas a invariabilidad tributaria. Hicimos una buena ley con incentivos para que se cambiaran de régimen, porque el cambio era voluntario. Existieron reuniones que se realizaron de acuerdo a la ley vigente en la época y fue el gobierno del Presidente Piñera el que reguló esto a través de la ley del lobby-, postula. CANCHA ABIERTA PARA SOQUIMICH contesse-a11 No eran, en todo caso, sólo los capitales extranjeros los que influyeron en la ley de Royalty. Soquimich, también estaba con los colmillos largos. El Gobierno de Piñera contemplaba en su plan original un royalty para las compañías con capitales locales, pero con un requisito previo: tener un contrato vigente con el Estado al respecto, es decir, en la práctica, sólo renovaban el beneficio las extranjeras que se quisieran sumar y las chilenas que ya contaban con él. Lo que hizo el “Artículo Contesse” fue eliminar ese requisito y establecer que sólo se necesitaba presentar una solicitud al Ministerio de Economía para sumarse al beneficio. Las filiales de SQM, Salar y Nitratos, fueron las únicas que se integraron con esta ley a la invariabilidad. Las otras tres sólo la renovaron: El Tesoro y Michilla, esta vez como inversión extranjera; y Punta del Cobre como nacional. En el ámbito técnico, personeros como la exministra Cecilia Pérez y el exministro Laurence Golborne, defienden la normativa: consideran que equilibra la situación entre mineras extranjeras y nacionales y que permitió una mayor recaudación. Pero en la práctica, más allá del hecho esencial que envió la minera a la Superintendencia de Valores y Seguros que establece que entre los años 2010 y 2012, "SQM y sus filiales pagaron un total de impuestos específicos a la actividad minera de aproximadamente US$ 75 millones, que se comparan con aproximadamente US$ 29 millones de los tres años anteriores (2007 al 2009)", la compañía sí salió ganando. Si no hubiera suscrito el royalty, no habría obtenido invariablidad tributaria hasta el 2023. Y eso es sumamente atractivo para la minera. La otra controversia al respecto es la forma en que las filiales de SQM Salar y Nitratos accederon al royalty. Como es conocido, fue la revista Qué Pasa la que reveló los primeros correos entre Longueira y Contesse por este tema; luego The Clinic Online profundizó, a mediados de febrero, en los mismos, dejando constancia que para Contesse lo que estaba haciendo el gobierno “era una burla”. Sólo quedaba pendiente saber en qué consistía el anexo que incorporaba Contesse en el mail y cómo la postura del exgerente había quedado registrada en la ley. La primera duda la dilucidó Ciper: Contesse envió una propuesta de artículo que quedó registrada, casi íntegramente, en la ley final. La segunda incógnita la despejó The Clinic Online: Longueira envió el texto, omitiendo que había sido redactado en Soquimich, el 11 de agosto del año 2010, a las 8.42 horas, al ministro Larroulet y éste a Golborne. En paralelo, según pudo investigar este medio, Longueira conversó del asunto, sin informar que estaba en contacto con SQM, con autoridades de Hacienda de la época. El asunto llevó al fiscal Pablo Gómez, que sigue la causa Soquimich, a cambiar su discurso. En febrero, había asegurado que la existencia de los mails no eran suficientes para abrir una línea investigativa; en marzo, arguyó que “tenemos antecedentes hoy que nos dan cuenta de un posible o eventual delito de cohecho y en esos términos hemos trabajado y hemos realizado innumerables diligencias vinculadas a ese delito”. Los correos, con excepción del que da cuenta de que Longueira le envió el artículo a Larroulet y que publicó The Clinic Online, estaban en poder de Gomez desde enero y ya en esa fecha se conocía, como dio a conocer este medio, que según el informe elaborado por la firma de abogados estadounidenses Shearman & Sterling para SQM, Longueira era el personaje político que tenía más “proveedores” con pagos cuestionados relacionados: 730 millones de pesos. Las dudas sobre el proceso ha llevado a que se interrogue a exautoridades. Hasta ahora han acudido a la Fiscalía los exministros Larroulet, Golborne y Álvarez. PROYECTOS CONEXOS Tras la promulgación de la ley, las empresas siguieron presionando. Pese a haber obtenido una extensión de invariabilidad de seis años a cambio del pago de tasas variables -desde 2010 a 2012 entre 5 y 14%; de 2013 al 2017, tasa del 5%; y de 2018 a 2023 tasa entre 5 y 14%- querían, para acogerse al Royalty, que las resoluciones del Servicio de Impuestos Internos y el Sernageomín en que se aclaraba, por ejemplo, la interpretación de los proyectos conexos, quedaran consagradas en los contratos. Fue un periodo, recuerdan en la administración de Piñera, de ajustes. Y de negociaciones de “cocina” fuera de los ministerios, para zanjar detalles, como pudo constatar la investigación de este medio. El fin de año fue especialmente complejo. A contrarreloj se negociaba para que las empresas optaran, hasta el 17 de enero del año 2011, por sumarse al Royalty. El 3 de diciembre, el Servicio de Impuestos Internos emitió una circular, que posteriormente debió corregir el 10 de ese mes, respecto de cómo se calculaba tributariamente el pago del royalty. El 17 Sernageomín y Cochilco definieron qué se haría con los proyectos conexos: 1) se estableció que era de competencia del Comité de Inversiones Extranjeras o de Economía resolver las extensiones de invariabilidad tributaria a estos prospectos, previo informe de Sernageomin y Cochilco y solicitud de ese derecho; 2) y que se considerarían como tales cuando un nuevo proyecto compartiera las instalaciones destinadas a la extracción y venta de productos mineros de uno ya existente acogido al royalty. El 1 de enero del año 2011, a dos semanas de que concluyera el plazo para que las compañías se sumaran, Golborne le escribió a sus pares de Economía, Juan Andrés Fontaine; y de Hacienda, Felipe Larraín. “He estado conversando con las compañías mineras respecto al IEM y las tres principales están proclives a entrar, pero tienen inquietudes de cómo va a ser el tratamiento de varios temas una vez que hayan aceptado. Todos estos temas ya han sido aclarados y discutidos con los equipos técnicos, pero les gustaría tener una reunión con nosotros tres para escuchar nuestro criterio de primera fuente. La idea sería tomar un café el martes en la tarde. Yo podría a partir de las 16.00 horas, cuando ustedes digan. Entiendo que Felipe viaja el miércoles. Puede ser en cualquier ministerio o si la preferimos hacer más reservada, podría ser en mi oficina de El Golf a fin del día, antes de irnos a casa. No debiera tomar más de una hora”. Fontaine y Larraín responden que pueden el lunes y Golborne sella con que para no generar ruido se hará en su oficina de El Golf. Fuentes consultadas por este medio indican que estuvieron presentes los principales directores de las mineras y que ello condujo que al 17 de enero se suscribieran al nuevo royalty las siguientes compañías: Los Pelambres, El Tesoro, Esperanza, Cerro Colorado, Spence, Escondida, Candelaria, El Abra, Zaldívar, Maricunga, Tres Valles, Los Bronces, El Soldado, Fundición Chagres, Minera Mantos Blancos, Lomas Bayas, Collahuasi, Aguas Blancas, Compañía Minera Teck Quebrada Blanca, Compañía Minera Teck Carmen de Andocollo. Y las nacionales Punta de Cobre y SQM. LA MINUTA DE LOS LUKSIC Luksic Gobierno de Chile A1 Las negociaciones para precisiones de contratos continuaron después de la promulgación de la ley con una serie de presiones a los ministros. El 18 de marzo, Matías Mori, informa en un mail que ya no se podían seguir haciendo concesiones a las empresas. Destaca en un correo a Fontaine, el exsubsecretario, Rodrigo Álvarez y Golborne que se les ha ofrecido a las mineras incorporar, en vez de circulares del SII, oficios del Comité de Inversiones Extranjeras y Resoluciones de Cochilco o Sernageomín, una cláusula que diga: Los comparecientes dejan expresa constancia que la presente escritura de modificación fue aprobada por el Comité de Inversiones Extranjeras. Golborne consulta: “¿Y esto fue acordado? ¿Es satisfactorio?”. Mori es tajante. “Estimado ministro: esta es la máxima concesión que podemos otorgar a las compañías en esta materia. Legalmente, no podemos incluir las resoluciones en los contratos y la inclusión de un considerando en el que se haga referencia a las mismas expone al Estado de Chile a una demanda en derecho internacional por la infracción del deber de trato justo y equitativo, en el evento de producirse un cambio de legislación en el futuro. Las compañías conocen nuestros argumentos y éstos les fueron comunicados en repetidas ocasiones durante la etapa previa a la decisión de optar por el cambio de régimen. No hemos recibido comunicación que nos indique que nuestra posición sea inaceptable para las compañías”, escribe. Tras ello, el 28 de abril, Antofagasta Minerals volvió a insistir a través de una minuta enviada por el influyente abogado Ramón Jara desde su casilla de la compañía en que pide mayor “certeza jurídica” a Golborne. En particular exige que quede expresamente establecido el usufructo de un proyecto conexo; la posibilidad de precalificar los proyectos en esta condición; que se defina el “inicio de explotación del proyecto” como la primera venta del mineral”. “Lo anterior, no implica bajo concepto alguno otorgar a los inversionistas extranjeros nuevos derechos no considerados en la ley, sino meras precisiones o aclaraciones de los derechos que la ley consagra y que permitirán tener un marco jurídico claro de su aplicación”, plantea. Al respecto fuentes de Antofagasta Minerals detallan que el intercambio de información era normal porque las autoridades debían conocer la posición de la empresa. Exclusivo: Así hizo llegar Longueira el "artículo Contesse" al Gobierno de Piñera - The Clinic Online
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