Nacional
21 de Agosto de 2016Caso Caravana: El complejo escenario del SML por perito que declaró con demencia senil a general Lapostol
El miércoles pasado el director interino del Servicio Médico Legal, Juan De Dios Reyes Magallanes, debió comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados por el sumario iniciado contra el perito Ítalo Sigala, quien erróneamente declaró con demencia senil al general Ariosto Lapostol. El caso recordó en el Congreso lo ocurrido con Augusto Pinochet y motivó la revisión de todos las causas en las que emitió informes. Con esto, la confianza en el SML se puso nuevamente en juego.
A menos de tres meses de asumir como nuevo director del Servicio Médico Legal, el doctor Juan de Dios Reyes Magallanes ya enfrenta un desafío mayor al mando del organismo, luego que el equipo completo de funcionarios del Área de Salud Mental de esa institución le solicitara cesar de sus funciones al perito Ítalo Sigala Romele, quien dictaminó en enero de este año, a petición del ministro Mario Carroza, que Ariosto Lapostol Orrego era inimputable por demencia senil en el caso Caravana de la Muerte-La Serena.
El hecho, que provocó un paro ético de los miembros de ese departamento del SML el 9 de agosto pasado, desplegó a las organizaciones de familiares de víctimas de la dictadura y motivó a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados a citar al director del SML a explicar la situación de Sigala y las medidas que se estaban tomando sobre este caso.
Un caso que, según el presidente de esa instancia, el diputado Tucapel Jiménez, y las organizaciones de familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, reforzó las sospechas sobre el supuesto encubrimiento sobre algunos oficiales investigados en causas de DDHH.
Explicaciones al Congreso
El pasado miércoles 17, el director transitorio del SML -que actualmente está en el concurso para ser nombrado formalmente en el cargo- explicó ante los parlamentarios las causas de este sumario. Según lo que relató Reyes, la semana anterior al paro, cuando los profesionales le hicieron llegar una carta alertando de la situación, comenzaron a revisar los antecedentes del trabajo pericial de Sigala y un día antes del paro, el lunes 8 por la mañana, estimaron junto a sus asesores que se debía iniciar un sumario.
Según el director, entre los antecedentes venía información sobre otros casos donde habían dudas “respecto al proceder”, del especialista. Reyes señaló a los parlamentarios que aunque la información fue revelada ese mismo lunes en la tarde, el sumario administrativo ya se había iniciado.
“Es un hecho de la causa que la investigación sumaria se inició, no por presión de la prensa, sino que porque nosotros ya habíamos llegado al convencimiento de que había que hacer algo ahí, entendiendo que como todo funcionario tiene derecho a dar su opinión”, dijo.
Reyes además comentó que se nombró a un fiscal abogado para dar garantías “de un procedimiento administrativamente sano” y paralelamente le solicitaron al departamento de Salud Mental que les diera información sobre cuántas pericias había realizado el profesional durante su trabajo en el SML.
Por esta razón, según explicó una de las asesoras que acompañó a Reyes al Congreso, el sumario podría demorar entre cinco y seis meses. Sin embargo, ahí nació otro problema. El facultativo, que actualmente está con licencia médica y no ha podido ser notificado formalmente del sumario en su contra, no puede recibir ninguna sanción durante ese proceso, lo que choca directamente con la petición que realizaron los parlamentarios el miércoles y lo que pidieron desde un principio las representantes de las agrupaciones de defensa a los derechos humanos.
Desde el SML señalaron a este diario que una situación, además de los riesgos administrativos, puede “victimizar” al doctor antes de tener un veredicto de la investigación sumaria.
Sin embargo, tanto los parlamentarios como las agrupaciones de DDHH insisten con que el profesional quede fuera de la revisión de otros casos de ésta índole. “Como agrupación tenemos más mil querellas presentadas y nos preocupa que este perito pueda tener injerencia en otros casos, por eso pedimos que se expulse o renuncie este médico. El departamento jurídico de nuestra agrupación AFEP ya está revisando los casos donde intervino para ver si pasó algo más ahí”, señaló Lira.
Precisamente, la AFEP, junto al programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, son los querellantes en el caso rotulado como Caravana-La Serena, donde Ariosto Lapostol y el ex general Comandante en Jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, fueron sometidos a proceso por el ministro Mario Carroza en julio pasado.
“Lo que nos interesaba es que no haga más ahora, que se revise hacia atrás y que se observe qué pasó con los funcionarios porque me pareció un gesto de alta solidaridad a los temas de DDHH amenazar con ir a paro si no salía este doctor. Ahora, todo esto resurgió por el gran engaño que se le hizo a todos los chilenos con el examen de demencia senil de Pinochet. De ahí parte todo, algo de lo que se hicieron cómplices los tribunales de justicia, los medios de comunicación y todos los chilenos tuvimos que aceptarlo. Todos sabíamos que era una mentira y se aceptó igual. Entonces, hoy día surgen dudas. Y ahora en este caso, si existen dudas de todo un equipo médico sobre lo que resolvió este médico, nosotros estamos porque no siga extendiendo certificados mientras dure el sumario”, señala el diputado Jiménez.
Consultados por este diario, varios parlamentarios que integran la comisión señalaron que acá la importancia del SML es fundamental y no puede dejar de ser una prenda de garantía para estos casos u otros donde sus pericias tengan un rol decidor.
El diputado Tucapel Jiménez lo resume así. “A mi me tocó ser presidente de la comisión investigadora del Patio 29. Esa es una de las comisiones investigadoras más dolorosas y sensibles que hemos tenido en la Cámara, por el error que cometieron en la identificación de las osamentas. Entonces, desde ahí se le inyectaron más recursos al SML y, siempre son escasos los recursos, pero cumplen un tremendo rol en las causas de derechos humanos. Entonces, la confianza que ellos tienen que tener con la ciudadanía es tremenda. Ojalá que el nuevo director le dé esa impronta y tome las medidas que hay que tomar con este médico”, dice.
El antecedente del Caso Bombas
A pesar de que el sumario está recién en su primera etapa, el mismo director del organismo señaló en el Congreso que existían otros antecedentes que sustentaban una investigación sumaria contra el doctor Sigala.
Según informaron funcionarios del organismo a este medio, el doctor despertó muchas sospechas al defender frente al resto de la junta médica que examinó al general (r) Ariosto Lapostol Orrego, quien en octubre de 1973 se desempeñaba como primer comandante del regimiento de Artillería N° 2 Arica de La Serena.
Por esta razón, en el SML comenzaron a recabar antecedentes y, según informaron fuentes al interior de ese organismo, llegaron a una coincidencia: tanto en este caso como en el de 2011, cuando Sigala “examinó” a uno de los imputados del denominado Caso Bombas, el doctor habría pedido participar en el peritaje.
En esa oportunidad el perito declaró a Gustavo Fuentes Aliaga, “el Grillo”, como un individuo “exento de patología siquiátrica que altere de manera significativa su control de impulsos”. Pero Fuentes Aliaga se negó a prestar declaración al SML, por lo que Sigala debió realizar el informe con peritajes y declaraciones realizadas anteriormente, tanto por el anarquista como por otras personas involucradas en la causa.
Sin embargo, el informe pericial de Sigala fue excluido finalmente como prueba en ese caso, porque el médico habría violado el derecho a guardar silencio del imputado. Por esta polémica, Sigala incluso debatió a través de cartas al director en El Mercurio, diciendo que si existieran “registros videograbados acompañando al escrito de la declaración, disminuiríamos factores de oblicuidad procesal, ya que se lograría fidelidad testimonial”. Por esta causa, además fue sancionado por Contraloría en junio del año 2014.
Esa sería una de las complicaciones para llegar a una determinación en los próximas semanas, dada la complejidad de la revisión de causas en las que intervino en sus más de diez años en el servicio, según indicó Reyes.
De todas maneras, a inicios de este mes el SML señaló que “en cumplimiento de la legislación vigente, y en el marco del procedimiento administrativo antes mencionado, el fiscal del caso solicitará al Dr. Sigala que presente sus descargos ante graves acusaciones de sus compañeros de labores en el Área de Salud Mental, respetando el derecho a defensa que asiste a toda persona en nuestro país. Una vez que se hayan reunido todos los informes necesarios, la Dirección Nacional del Servicio Médico Legal, adoptará las medidas que resulten más adecuadas y consistentes con nuestra trayectoria institucional de apego a la legislación, transparencia, respeto irrestricto de los Derechos Humanos y vocación de servicio a la ciudadanía”.
