Democracia carcelaria: presos exigen votar en elecciones municipales

Alrededor de trece mil eventuales votantes, según datos de Gendarmería, se encontrarían en la actualidad en prisión preventiva en calidad de imputados. Tal como establece nuestra Constitución, estos miles de presos estarían en condiciones de ejercer su derecho a voto pues aún no perderían su condición de ciudadanos.

La omisión de los derechos de las personas privadas de libertad que cumplen con los requisitos para votar se han mantenidos inalterables desde el retorno a la democracia en el año 1990. A nadie, en rigor, le ha preocupado que no se cumpla la ley. “Hay una violación por parte del Estado al derecho a participación política que se encuentra garantizado en los artículos 16 y 17 de la Constitución de la República de Chile”, precisa Rodrigo Bustos, Jefe de la Unidad Jurídica Judicial del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Nuestra Carta Fundamental establece que el derecho a voto se suspende cuando “la persona es acusada por delito que merezca pena aflictiva”, es decir, una condena privativa de libertad que comienza en los tres años y un día. Por esto, la persona que ingresa a presidio y es condenada a una pena inferior a ésta mantiene íntegramente sus derechos ciudadanos.

Es por esta razón que, faltando menos de un mes para las elecciones municipales, al menos noventa presos presentaron diversos recursos de protección en la Corte de Apelaciones contra el Servicio Electoral y Gendarmería y sendas cartas al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago manifestando su intención de votar, entre ellos, veintidós reos en prisión preventiva del Centro Penitenciario Santiago Uno. “Existe una falta que afecta a un sector claramente definido de ciudadanos al no poder ejercer, por imposición del propio Estado, sus derechos políticos como es el de votar en las elecciones”, afirmó el juez Daniel Urrutia del 7º Juzgado de Garantía el viernes de la semana pasada durante la audiencia.

Luego del “raspacachos”, Urrutia ordenó al Servel que procure todos los medios necesarios para que los ciudadanos sujetos a prisión preventiva, y todos los imputados no acusados, “puedan ejercer plenamente los derechos políticos garantizados por nuestro ordenamiento, especialmente el voto en las próximas elecciones municipales”.

El fallo, en rigor, ordenaba la coordinación entre el Servel y Gendarmería para que las personas privadas de libertad pudieran sufragar en mesas de votación dentro de los centros penitenciarios. Ante la falta de educación cívica de los reclusos, el juez propuso la creación de un manual de derechos y deberes carcelarios por parte de la Unidad de Derechos Humanos de Gendarmería. La indicación, sin embargo, fue anulada por el pleno de la Corte de Apelaciones el 4 de octubre.

LA DISCUSIÓN

El debate sobre el derecho ciudadano de imputados e internos en prisión preventiva comenzó hace tres años, luego de las visitas realizadas por el juez Daniel Urrutia a distintas cárceles del país. Situación que fue ratificada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en visitas periódicas realizadas a centros penitenciarios de ocho regiones durante este año.

-Para el 2013, el juez instruyó al Servel para que tomara todas las medidas necesarias como, por ejemplo, crear circunscripciones electorales al interior de los centros penitenciarios. Fijando una audiencia que diera cuenta de los avances. Pero la Corte de Apelaciones de Santiago, a solicitud del Consejo de Defensa del Estado, suspendió dicha instancia- cuenta Isabel Arriagada, fundadora e investigadora de la ONG Leasur dedicada al estudio y promoción de los derechos de las personas privadas de libertad.

Finalmente, el Ejecutivo se comprometió a enviar un proyecto de ley destinado a subsanar el derecho omitido. El proyecto, elaborado durante el gobierno de Sebastián Piñera, estuvo liderado por Patricia Pérez, en ese entonces ministra de Justicia. “En el Servel fijamos como meta estratégica, para 2014 y 2016, eliminar toda las barreras que impidan que las personas puedan sufragar, que es un derecho humano básico”, enfatizó en la audiencia de 2013, Patricio Santamaría, hoy presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Aunque las intenciones eran buenas, la iniciativa no prosperó.

-Este es un derecho relevante porque tiene que ver con la sociedad que construimos y como entendemos que todas las personas somos partes de esta comunidad política- agrega Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad Jurídica del INDH.

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, envió un oficio al Servicio Electoral y Gendarmería, exigiendo respetar el artículo 23 de La Convención Americana de Derechos Humanos que garantiza el derecho a voto secreto y elecciones periódicas realizadas por sufragio universal. El oficio, según el INDH, no fue respondido por Gendarmería. La institución al ser requerida por The Clinic consignó que no realizará declaraciones respecto al tema.

El Servicio Electoral, por su parte, respondió en un oficio enviado al INDH que en nuestra legislación la posibilidad de establecer circunscripciones electorales con relación a un determinado establecimiento o recinto no existía. “Lo que fundamenta la creación de dichas circunscripciones es precisamente la dispersión geográfica del electorado, por lo que el territorio comprendido por un centro de reclusión penitenciario no se enmarca dentro de los criterios, previstos por el legislador para el establecimiento de una circunscripción electoral”, precisaron.

Con esto, el Servel se cierra a la posibilidad de habilitar mesas de votación al interior de las cárceles y entrega la responsabilidad del cumplimiento de la ley a Gendarmería, quien en la audiencia del 30 de septiembre de 2016, se negó a trasladar a los reos a los locales de sufragio correspondientes en cada caso. “El Estado tiene la obligación de facilitar el derecho a sufragio de todos los ciudadanos. Las razones para no hacerlo deberían ser muy poderosas. Pero si de lo que se trata es simplemente de instalar una mesa al interior de la cárcel, no parece una justificación técnica suficiente para no facilitar el voto de las personas. Me es difícil entender por qué no se puede poner una mesa”, añade el abogado y exsubsecretario de Interior Jorge Correa.

Aunque los expertos coinciden en que es el Estado, a través de sus organismos, el encargado de asegurar el cumplimiento de un derecho garantizado por la Constitución y respaldado por los tratados internacionales a los que Chile adscribe, la falta de coordinación entre instituciones como Gendarmería y el Servicio Electoral y la ausencia de intervención por parte del poder Ejecutivo, ha dejado fuera del debate y participación política a más de diez mil presos desde el retorno de la democracia.

SIN VOZ NI VOTO

Los efectos sociales de negar el derecho a sufragio a quienes se encuentren privados de libertad y que cumplan con los requisitos legales para hacerlo, apuntan algunos expertos, va en desmedro de la inclusión y reinserción social de quienes están recluidos en las cárceles. Lo que afecta directamente “el principio de igualdad ante la ley” de este grupo de personas. “Tiene que ver con sentirse parte de la comunidad. La cárcel no está pensada como una forma de aislamiento de la persona, sino para reinsertar a quien esté privado de libertad, todo tiene que ir en función de la reinserción y habilitarlo en derecho a voto va en ese línea”, explica Branislav Marelic, director del INDH.

El incumplimiento de este derecho forma parte de un círculo vicioso, pues se trata de personas que no ejercen el derecho a voto. “Probablemente si fueran personas que pudieran ejercerlo serían más relevantes para los representantes de los distintos poderes políticos. Al no ser así, son invisibilizados por el Estado”, añade Marelic.

La experiencia internacional ha dado solución al mismo problema. En Argentina, el 28 de octubre de 2007, por primera vez los reos pudieron ejercer su derecho a voto a través de la habilitación de mesas al interior de las cárceles, al igual que en Canadá y Ecuador. Mientras que en España la situación se subsanó enviando el voto de los reos a través de correo postal.

Al respecto, Isabel Arriagada, fundadora de Leasur, afirma que la falta de legislación al respecto, ha producido un mensaje simbólico que le dice a los presos que su opinión no importa, contradiciendo los fundamentos de la democracia. La investigadora suma un mensaje simbólico de la clase política sobre el tema carcelario: “Si la población carcelaria no tiene relevancia política, no existen incentivos para concejales, alcaldes, diputados o senadores por poner el tema en agenda. Considerando que los presos tienen un conocimiento profundo sobre exclusión social, pobreza y marginación”.

Las consecuencias políticas de marginar a cerca de trece mil personas de los procesos eleccionarios tienen consecuencias políticas reales. Los sociólogos Christopher Uggen y Jeff Manza en su estudio, “Democratic Contraction” del año 2002, demostraron que el Partido Demócrata habría dominado el Senado en Estados Unidos desde el año noventa si es que los presos hubiesen podido votar.

-La pérdida del derecho a voto ha sido una forma de seguir castigando y oprimiendo, sin darse cuenta que la única condena que debería tener es la de libre tránsito. Yo estoy convencido que restituir el derecho a voto mejoraría la responsabilidad cívica y fortalecería una democracia más representativa y prevendría la reincidencia a través del protagonismo y empoderamiento social de la persona- enfatiza Nicolás Vial, presidente de la Fundación Paternitas.

La discusión sobre el tema, aún no ha terminado. El 11 de octubre, a mediodía, se llevará a cabo en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago una audiencia con el objetivo de revisar los avances en la materia. Por el momento, al igual que en los últimos 26 años, los presos no podrían votar.