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El apoyo del diputado Gabriel Boric a los trabajadores de Sodimac que se encuentran en huelga legal hace 18 días, provocó la furia del diario del empresario Alvaro Saieh que en su editorial de hoy se lanzó con todo contra el parlamentario autonomista y advirtió que en caso de no rectificarse de sus dichos, su conducta debería ser revisada por el Tribunal Constitucional.

En el inicio de la editorial titulada “Distorsión de la función parlamentaria”, La Tercera plantea: “Algunos diputados [en alusión a Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Camila Vallejo] han expresado por estos días un abierto respaldo a trabajadores de empresas privadas que se encuentran en huelga, en el marco de procesos de negociación colectiva. Dicho respaldo no se ha limitado a “solidarizar” con la causa, sino que en varios casos ha implicado la presencia en terreno de los propios diputados, duros emplazamientos a las respectivas gerencias y campañas a través de redes sociales. Ello entra en abierta contradicción con disposiciones constitucionales que impiden a los parlamentarios interferir en las negociaciones colectivas, y al persistir en ello supone un ejercicio distorsionado del rol que les cabe jugar dentro de la institucionalidad y un aprovechamiento de los fueros que les confiere el Estado para satisfacer agendas personales”.

Luego si bien reconocen que “los parlamentarios, al igual que a cualquier ciudadano, les asiste el pleno derecho de expresar sus opiniones, y como representantes de la ciudadanía, serán portavoces de las más variadas inquietudes y sensibilidades. Pero en su calidad de parlamentarios son también autoridades de la República, y como tal deben ajustarse a las limitaciones que la ley les impone, porque de lo contrario estaríamos frente al despotismo o la arbitrariedad. Cuando una autoridad no se ajusta a estos límites y decide a su arbitrio qué leyes acatar y cuáles no, es un desacato y un abuso de poder”, dispararon.

“Aun cuando la mayoría de estos casos parecen jugar al límite de la legalidad, lo que ya es reprochable, el diputado Gabriel Boric traspasó los límites de lo razonable. Reconoció que si bien “es verdad que la Constitución dice que como parlamentarios no podemos intervenir en conflictos ni laborales ni estudiantiles, es cierto también que no lo vamos a respetar”. Es grave que un diputado lance tal emplazamiento, y no aquilate bien el alcance y las consecuencias de sus palabras. Si tales expresiones no son rectificadas -las que además de destempladas resultan de difícil precedente en nuestra historia legislativa posterior a 1990-, cabría entonces cuestionar su idoneidad para el cargo, materia de la que eventualmente tendría que tomar conocimiento el Tribunal Constitucional. Sería bienvenido que la propia Cámara de Diputados, por medio de sus instancias de control, se pronunciara en contra de estos dichos, e hiciera ver la conveniencia de que los parlamentarios no excedan sus atribuciones”, advirtió el principal diario del Grupo Copesa.