Presentan querella en Chile contra jueces de la Corte Suprema de Israel

Este lunes la Federación Palestina de Chile, junto a un grupo de ciudadanos chileno-palestinos y palestinos, presentó una querella por crímenes de guerra y lesa humanidad contra tres jueces de la Corte Suprema del Estado de Israel, “debido a la confiscación de tierras, bienes e instalaciones pertenecientes a habitantes de la zona palestina de Cremisán, y a la Iglesia Católica y Monasterio de dicha localidad”.

Según informaron los querellantes mediante un comunicado, con esta acción “buscan la protección de los tribunales chilenos, luego de haber agotado todas las instancias en la justicia israelí”.

“Gran parte de la Comunidad Palestina que representamos tienen terrenos en el Valle del Cremisán que hoy está siendo confiscado por Israel. Presentar una querella es lo mínimo que se puede hacer cuando te quitan tus derechos y ocupan la tierra de tus padres, abuelos y antepasados. Lo que buscamos es que la Justicia de Chile ampare a las víctimas de estos crímenes porque en Palestina no hay forma de conseguirlo al encontrarse bajo ocupación de Israel, una ocupación que los querellados – los jueces de la Corte Suprema de Israel- amparan y revisten de falsas apariencias de legalidad” comentó Anuar Majluf, abogado y Director Ejecutivo de la Federación Palestina de Chile.

Cabe destacar que gracias a la promulgación en 2009 del Estatuto de Roma, tratado por el cual nuestro país se adhirió a la Corte Penal Internacional y por lo tanto a la voluntad política universal de perseguir los crímenes de lesa humanidad, de manera efectiva y eficiente, la acción judicial puede prosperar. En este caso, además, existen víctimas chilenas que actúan como querellantes.

La querella fue presentada en el Quinto Juzgado de Garantía de Santiago y es patrocinada por el destacado abogado español Gonzalo Boye y el abogado nacional Nicolás Pavez. Este último, explicó que “parte fundamental de la ocupación que ejecuta Israel sobre territorio Palestino, y la consecuente anexión de territorio, se ha realizado con la participación activa no solo de las autoridades políticas y militares sino, también y especialmente, con la de las autoridades judiciales israelíes que son, en definitiva, quienes dan el aparente sustento o amparo legal a actos que, a ojos vista del Derecho Internacional, resultan constitutivas de crímenes de guerra y lesa humanidad”.

“La vía judicial es una opción no violenta en contra de la ocupación” comentó Anuar Majluf, quien agregó que “la construcción de un Muro ilegal ha servido como excusa para, paulatinamente anexionarse más y más terrenos fértiles y, al mismo tiempo, ir segregando y aislando a la población palestina en reducidas zonas, privándola de sus más esenciales derechos. En el caso de Cremisán incluso se han apropiado tierras de la Iglesia Católica, impidiendo el paso a los feligreses y a los niños que acuden a la escuela del Monasterio”.

Ahora, los querellantes esperan que la acción “sea declarada admisible y comience una investigación imparcial con la finalidad de conseguir Justicia para aquellos a los que la ocupación les ha quitado todo menos la fuerza para luchar y la dignidad que caracteriza al pueblo palestino. Si la Justicia chilena se ve incapaz de perseguir estos delitos, entonces, deberá el Estado de Chile remitir la causa a la Corte Penal Internacional para que ejercite su jurisdicción en función de los hechos y las víctimas de los mismos: ciudadanos palestinos y chilenos”.