Cerro Blanco

El 21 de junio de este año, en la noche más fría y larga del año, el Cerro Blanco estuvo de fiesta. Las diez organizaciones indígenas que forman parte del Centro Ceremonial o Apu Wechuraba, celebraban el primer ritual del ciclo agrícola: La fiesta del Niño Sol o Inti Raymi. “Le pedimos al sol que vuelva y nunca más se vaya”, recuerda José Segovia, “Patara”, descendiente aymara y Guardián Mayor del cerro.

Cada año más de 400 personas llegan a esta ceremonia, una de las más importantes de la cultura andina. En la vigilia se come, se baila y se canta. “Nos costó mucho que nuestros rituales indígenas autogestionados, se transformen en grandes fiestas populares, reivindicando el alma del Cerro”, agrega Patara.

El año 2001 la Coordinadora Nacional Indianista, Conacin, firmó el primer contrato de comodato con el Serviu Metropolitano, luego de casi una década de intentos por recuperar el espacio como un centro ceremonial cuyo origen data de tiempos prehispánicos. Según la cosmovisión aymara, el Blanco, el Chena, el Renca y el Plomo, son cerros conectados. De ahí la importancia del Inti Raymi. “Hemos dedicado la vida para que nuestras raíces perseveren. Es el augurio, la esperanza de tiempos mejores”, asegura Patara.

Por primera vez en 16 años, sin embargo, la historia sería distinta a los anhelos. Una semana después de la fiesta, un funcionario del Servicio de Impuestos Internos llegó al centro ceremonial con un augurio funesto: el Serviu le había revocado el comodato a Conacin por incumplimiento de contrato. La orden, emanada dos meses antes, ni siquiera había sido notificada a las comunidades que ocupaban el recinto. “¿Esperaban acaso desalojarnos sin previo aviso con Fuerzas Especiales?”, se pregunta Víctor “Lino” Venegas, representante de las comunidades indianistas de Conacin.

Desde ese día, el Cerro Blanco está en pie de guerra. El eventual desalojo amenaza con transformar la disputa en un potencial conflicto indígena en la región metropolitana. Las comunidades no están dispuestas a abandonar el territorio que recuperaron, sostuvieron y gestionaron por 16 años. Además, denuncian que el Estado no se hizo cargo del proyecto original y que hay millones de dólares en aportes internacionales que jamás se rindieron. “Hemos callado por demasiado tiempo, haciéndonos cargo nosotros de la corrupción de los políticos. Pero ya no más, nuestra rebeldía comenzó ese día”, agrega Víctor Venegas.

Para Patara, Guardián Mayor del cerro, irse del lugar no es una alternativa. “Si corre sangre, van a haber culpables. Hay gente que está dispuesta a todo para defender nuestros espacios sagrados. Ellos harán lo que tengan que hacer y nosotros lo nuestro”.

La resistencia, dice, recién comienza.

LAS DUDAS

Con el retorno de la democracia, Patara pensó que el Cerro Blanco al fin sería recuperado para las comunidades indígenas. En tiempos precolombinos, el cerro era un centro ceremonial del que todavía quedan vestigios como las piedras tacitas, utilizadas para ofrendar alimentos a la madre tierra.

En el gobierno de Patricio Aylwin, el cerro fue declarado zona típica y patrimonio indígena. “El Cerro Blanco era llamado Wechuraba antiguamente por el cacique de la zona”, reconoce el documento de 1990. Pero no fue hasta 1993 que diversas agrupaciones indígenas comenzaron a reivindicar como suya la historia del cerro. Ese año Patara fue elegido presidente de Conacin, organización que defiende la identidad indígena y la reivindicación de los pueblos originarios, transformándose en dirigente de la recién fundada Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi. La Ley indígena, promulgada el mismo año, les entregó el respaldo legal que necesitaban: “Los indígenas gozarán del derecho a ejercer comunitariamente actividades en los sitios sagrados o ceremoniales (…) y otros espacios territoriales de uso cultural o recreativo, que sean de propiedad fiscal”, señalaba en su artículo 19.

Fue así como a finales de los 90, el proyecto “étnico-cultural de Cerro Blanco” ideado por Conacin, encontró respaldo en tres organismos estatales: el Parque Metropolitano, el Gobierno Regional y la Intendencia. “Fue planeado como un hito para las comunidades indígenas, no existía nada en Chile que se le comparara”, afirma el Guardián del cerro. El plano original incluía un Centro Aymara, una zona Mapuche, un altar Ceremonial de Pueblos Andinos, una zona tradicional Rapa Nui, una zona Williche, cancha de palín, y un Jardín Infantil Étnico. Este último, hasta el día de hoy, es la única iniciativa que se concretó. “El proyecto general jamás se llevó a cabo, a pesar de que estaban los planos y la plata”, aclara Patara.

Durante el gobierno de Ricardo Lagos, Conacin consiguió el aporte de la ONG Fondo de las Américas. Así lo confirma una de las actas del Comité Técnico del Proyecto Parque Cerro Blanco, del 20 de octubre del 2000: “Conacin obtuvo M$ 9.000 del Fondo de las Américas, para la ejecución de uno de los sectores indígenas”. Tan importante e histórica fue la donación, que incluso El Mercurio hizo una nota al respecto, publicada el 11 de noviembre de ese mismo año.

-Nunca supimos en qué se invirtió ese dinero, nadie nos pasó un peso. Nos dieron el terreno pelado en comodato el 2001, sin luz ni agua. Ignoraron nuestros reclamos, empezamos a autogestionarnos para poder sobrevivir- afirma Patara.

En el año 2003 Conacin se consiguió otro fondo desde el extranjero. Esta vez fue una-subvención proveniente de la región francesa Ïlle-de-France. Según un documento firmado por Marcelo Trivelli -Intendente Metropolitano en diciembre del 2003-, se donaron 175.516 euros, equivalentes hoy a más de $127 millones de pesos. De esos dineros solo se justificaron $61.661.418. Del resto, solo se sabe que se dividieron en dos cuotas que fueron entregadas al “órgano ejecutor”.

-El órgano ejecutor para gestionar esos fondos fue el Parque Metropolitano. Los 61 millones iniciales fueron para la construcción del actual Jardín Infantil, del resto no tengo más antecedentes. Pero ese dinero sí llegó- afirma Marcelo Trivelli.

The Clinic intentó comunicarse con Teresa Rey, en ese entonces Directora del Parque Metropolitano de Santiago para consultarle sobre el destino de estos dineros, pero no obtuvimos respuesta.

Del financiamiento perdido en la ejecución del proyecto, el Serviu tampoco tiene información a pesar de ser ellos quienes manejan el comodato. Alberto Pizarro, Director del organismo, afirma que “no se identificaron recursos de inversión en ese lugar y que eso quedó a cargo del comodatario, a través de sus propios fondos u otros financiamientos que pudieran gestionar”. Sin embargo, Eduardo Zenteno, Jefe de Gestión Inmobiliaria del Serviu va más allá: “Hay una investigación en Contraloría sobre los fondos del Cerro Blanco. Nos pidieron antecedentes, pero hay muy pocas personas de ese periodo. Esos recursos nunca pasaron por el Serviu”.

-Se tiran la pelota unos a otros, eso han hecho durante todos estos años. Esperamos esperanzados que la Contraloría investigue y si hay plata desaparecida, que caigan los que tengan que caer- añade Patara.

LA DISCORDIA

José Boh Serafini, psicoterapeuta de 62 años, interpuso una denuncia formal contra Conacin en el Serviu Metropolitano. “El Centro Cultural funciona como un subrefugio de una sola persona astuta y carismática que envuelve a incautos y utiliza todos los recursos disponibles para su provecho personal”, explicita en el documento presentado el 16 de marzo del 2015 al que accedió The Clinic por ley de Transparencia.

En la denuncia se hace referencia a la existencia de “residentes en la aldea”, “venta de comida y bebestibles”, “arriendo casillas a feriantes”, “conexión ilícita a red eléctrica”, entre otras acusaciones. Aseveraciones que hacen referencia a la Feria Indígena que se realiza hace 22 años en Recoleta y que en los últimos 16 ha gestionado Conacin, contratando a bandas musicales y personal de aseo, arrendando equipos de amplificación y otros múltiples gastos de producción.

Según el último comodato, firmado cuatro días antes de la denuncia de José Boh, hacer actividades de autogestión o “con fines de lucro” están explícitamente prohibidas. Lo paradójico es que, a su vez, se le exige al Centro Cultural “asumir todos los gastos de financiamiento y mantención del inmueble, además de pagar todos los consumos de suministros”.

-Es una estupidez. El comodato prohíbe estas prácticas, pero nos hace responsables de todo. ¿Cómo hacerlo sin autogestión? Nadie saca un peso de esto. Los pueblos indígenas tenemos derecho a nuestra autodeterminación. Esto es una muestra más de la ceguera institucional respecto a los pueblos originarios- explica Víctor Lino.

José Boh es un viejo conocido en el Cerro Blanco. Llegó al lugar a mediados del año 2009, asegurando que podía contribuir en mejorar el terreno. “Era muy entusiasta, aseguraba manejar novedosas tecnologías”, cuenta Flavio Ricci, vocero del Centro Cultural Indígena que desde el 2007 habita en el cerro.

Luego de meses de trabajo, Boh expresó sus intenciones de vivir en el cerro. A falta de cuidadores y con tal de evitar nuevos robos, las comunidades aceptaron al psicoterapeuta. El problema tenía larga data. El año 2002, Patara escribió una carta a la Directora del Parque Metropolitano, Teresa Rey, denunciando que la cantidad de vigilantes era insuficiente. “Tomando en cuenta la gran superficie del parque y las condiciones actuales del contrato de mantención, ruego a usted hacerse cargo de la vigilancia de su sector”, respondió la funcionaria a la solicitud.

El comodato incluía tres lotes que, en su conjunto, sumaban 2.840 m2. Las comunidades optaron por soluciones concretas y a su alcance: “resguardar solo era imposible. Nos dijeron que nos hicieramos cargo y eso fue justamente lo que hicimos”, explica Patara. Así fue como Flavio Ricci (Conacin), Víctor Venegas (Agrupación Manka Saya) y Khano Llaitul (Comunidad Mapuche Lof Pillan Wingkull), construyeron en el comodato pequeños refugios, de adobe y totora, para trabajar con Patara a tiempo completo. A ellos se les sumó José Boh.

Con los años, la convivencia se deterioró. Según cuentan miembros del Centro Ceremonial, José Boh se denominó así mismo el verdadero Guardián del Cerro. “Decía ser una especie de Mesías. Intentó implantarnos filosofías ajenas al mundo indígena”, recuerda Flavio Ricci.

-El conflicto no dio para más cuando supimos que tenía denuncias por violencia intrafamiliar. Acá insultó a varias mujeres, incluyendo a la Machi- asegura Víctor “Lino” Venegas.

A fines del 2014, las comunidades pidieron al psicoterapeuta que abandonara el cerro, pero éste se negó y empezó a enviarle mensajes amenazadores a Patara vía Whatsapp. El custodio del Centro Ceremonial decidió poner una denuncia por amenazas en la Fiscalía Centro Norte.

El Serviu, pese a los antecedentes en contra de José Boh, se tomó bastante en serio la denuncia realizada por éste. En mayo del 2015, el Departamento de Gestión Inmobiliaria realizó una visita de inspección al parque Cerro Blanco, con el fin de generar un informe técnico. Las conclusiones reconocieron un “alto grado de incumplimiento” por parte de Conacin: “no cuentan con las instalaciones básicas, hay poco mantenimiento del lugar y hay viviendas instaladas en el terreno”, apunta el documento.

Alberto Pizarro, Director del Serviu Metropolitano, afirma que la decisión de revocar el comodato fue independiente a la denuncia de José Boh: “No podían haber actividades lucrativas ni ocupación habitacional, las instalaciones estaban descuidadas y tenían incumplimientos previos. Acá no hay discriminación, solo un apego a lo que firmamos. La Contraloría se pronunció sobre este caso. Actuamos objetivamente”.

Patara y las diez organizaciones que comparten el comodato sí sienten que el trato del Serviu es discriminatorio. “Vienen y nos basurean. Dicen que la ruca se cae a pedazos, que hay mal olor. Todo lo hemos hecho con esfuerzo y las miles de personas que vienen a nuestras actividades lo valoran. Antes de llegar nosotros el cerro era un peladero”.

LA ZONA GRIS

A Patara el Cerro Blanco le provoca sensaciones encontradas. Ha sido la bandera de lucha más importante de su vida, pero al mismo tiempo, una gran carga. “Cuando obtuvimos el comodato el 2001 por cinco años estábamos felices, pero luego nos golpeó la realidad. A las Iglesias le dan comodatos por 100 años, sin condiciones, y míranos a nosotros. Ojalá el Estado tratara a sus indígenas como a sus Iglesias”, reflexiona.

Todos los contratos que el Serviu firmó con Conacin tienen una serie de restricciones. El último contrato firmado en marzo del 2015, sin embargo, supera a los anteriores porque responsabiliza a Conacin de todos los deberes, financiamiento, mantención y pagos del inmueble. Según los abogados del Centro Cultural, Nolgia Flores y Juan Enrique Prieto, “es un contrato de adhesión que no cumple los estándares internacionales del Convenio 169 y, por eso, perjudica la organización indígena”.

-En los contratos del Serviu no se hace mención a la Ley Indígena ni tampoco al Convenio 169 de la OIT, que debe estar incluido en todos los contratos que se firman entre el Estado y comunidades indígenas desde que empezó a regir el 15 de septiembre del 2009-, precisa Nolgia Flores.

El convenio 169 establece, entre otros puntos, que los gobiernos deben proteger los derechos de los pueblos indígenas y garantizar su integridad. Además, deben reconocer su derecho a la propiedad y posesión de tierras que tradicionalmente ocupan, permitiéndoles controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.

A pesar del difícil contexto, en el Cerro Blanco se realizan cada año una decena de actividades que promueven la identidad y desarrollo indígena. La temporada que inicia el Inti Raymi continúa con el día de los muertos, La Feria Indígena y el Carnaval o fiesta del Ño Carnavalón, que festeja el superávit de comida en época de cosecha. La celebración dura todo un fin de semana y asisten más de 5 mil personas.

-Durante años hemos hecho estos eventos ante los ojos de toda la ciudad. Nunca nos han pasado un parte y jamás nos hemos escondido. ¡Hasta gente de la Municipalidad asiste!- cuenta Víctor Lino Venegas.

Los abogados de Conacin aseguran que el valor de estas actividades debió estar considerado cuando se evaluó revocar el comodato. “Las actividades son, incluso, parte de programas indígenas del gobierno. No es racional dar un comodato a una comunidad indígena y luego quitarle todas las posibilidades de generar recursos. El Estado está haciendo un acto de discriminación e ignorancia factuosa”, explica Juan Enrique Prieto.

En los próximos días los abogados de Conacin presentarán un recurso de protección a favor del Centro Cultural, para evitar que el territorio sea intervenido por la fuerza pública. El Serviu, en tanto, asegura que “no tiene intención de desalojar”, ya que actualmente se encuentra en un proceso de traspaso del comodato a la Municipalidad de Recoleta. “Ser administrados por una Municipalidad es una tragedia para nosotros, nos quita aún más autonomía. Las administraciones cambian cada cuatro años, dependeríamos totalmente de sus fines políticos”, reclama Patara.

Por el momento, la Municipalidad de Recoleta ha intentado mantenerse al margen del conflicto. Sin embargo, han sostenido un par de reuniones en el Cerro Blanco en las que aseguran que mantendrán ese espacio para comunidades indígenas.

-Solicitamos el comodato para mantenerlo en las manos de los pueblos originarios, que no necesariamente dependerá de Conacin. Sin embargo, no podemos desconocer todo el trabajo que por más de una década han hecho en el lugar- explicó Giannina Repetti, administradora municipal de Recoleta.

El miércoles 17 de noviembre se realizó una reunión entre Conacin, el Serviu, la Municipalidad de Recoleta y comunidades indígenas de la comuna interesadas en el territorio. Francisca Droguett, miembro de Conacin que asistió a la reunión como observadora, asegura que hubo momentos de tensión, ya que se pretendía que solo indígenas “con certificado” tuvieran voz en la mesa. “Se vienen tiempos difíciles, porque las instituciones insisten en que el espacio sea 100% abierto, sin permitir la autonomía y privacidad a sus pueblos originarios”.

-Conacin es la responsable de todo lo que hoy existe en Cerro Blanco, no puede quedar subordinada por ser una organización indianista y no indígena. Cada día es más difícil lidiar con esta injusticia. Lo que se intenta es dividir y hacernos enfrentar entre nosotros- agrega Droguett.

Patara, el guardián del cerro, no está dispuesto a bajar los brazos. “Debemos resistir. Los políticos creen que es llegar y tirar indígenas a convivir en un espacio reducido. Acá tenemos gente que respeta su Newen, su Rehue (Altar mapuche) y su Kimün (conocimiento)”.

La batalla por el Cerro Blanco recién comienza.