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El lunes 18 de agosto del año 2008, Amalia Esperanza Robles Alcayaga, que apenas alcanza un metro y cincuenta de estatura, cerró el camino que permite el acceso al proyecto minero Pascua Lama en la Región de Atacama.

Agotada de advertirles a las autoridades regionales que Barrick Gold Corporation había construido una década atrás, sin permiso alguno, una ruta sobre sus terrenos, la mujer decidió que los funcionarios de la minera no volverían a pasar por su propiedad.

Amalia había presenciado la destrucción del cementerio ancestral de su comunidad diaguita en los cerros de la provincia del Huasco y había observado cómo la poderosa empresa dejó bajo tierra el canal de regadío que permitía a su familia realizar cultivos.

Ese día se prometió que no iba a permitir más abusos. Cuando los funcionarios de Barrick intentaron transitar por la carretera, no la tuvieron fácil. Se encontraron con una barricada de piedras que Amalia y su familia montaron sobre la vía.

Durante una semana Amalia custodió la trinchera, volvió a ser dueña de sus tierras y frenó los camiones de la empresa.

Pero su porfía chocó de frente con la decisión de las autoridades de Atacama que buscaban despejarle el camino a Barrick.

-Llegaron los carabineros y nos llevaron a Alto del Carmen. Después de un rato nos devolvieron al lugar, cuando la caravana de camiones ya había pasado… Barrick es la reina de la Región- resume Amalia.

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Por años, Barrick Gold Corporation, cuya sede principal está en Toronto, Canadá, ha sido la mayor productora de oro del mundo. La compañía tiene una veintena de minas operativas en Estados Unidos, Canadá, Australia, Argentina, Papúa Nueva Guinea, República Dominicana, Zambia y Chile. En nuestro país posee Pascua Lama, que está suspendido desde 2013 por razones ambientales. Además es dueña de Cerro Casale y del yacimiento cuprífero Zaldívar en la precordillera de la Región de Antofagasta. Tuvo además El Indio, en el Valle del Elqui, que cerró sus faenas a mediados de 2002.

Amalia (59 años) posee 6,43 hectáreas en el Fundo La Plata, que adquirió de su primo, Alcides, el 9 de marzo de 2006 y es titular de 1,71 acciones de aprovechamiento de aguas del canal Gárate. Su mamá, Elba (85 años), es dueña de 3,43 hectáreas y 1,71 acciones de la acequia. Los terrenos aledaños han sido históricamente de su familia.

-Este fundo fue dividido por herencia y lo regularizaron mediante una ley especial de Pinochet. En esa época quedó mi mamá y todos sus hermanos contentos con su tierra. Después yo compré un pedazo al lado de mi mamá para que hiciéramos las dos juntas un proyecto de vida. Mi familia es criancera, pero ya no tenemos cabras porque no van a los bofedales, las corren-, cuenta la descendiente diaguita.

Amalia se crió junto a sus hermanos en este campo, ubicado a 8 kilómetros de El Corral que adquirió en 1879 su bisabuelo, Victorino Alcayaga Munizaga.

Su infancia transcurrió en una casa de adobe, sin luz eléctrica ni alcantarillado. Uno de sus pasatiempos predilectos en esa época era llevar a las cabras a pastar por el camino “tropero”, aledaño al campo familiar. La ruta era un sendero polvoriento de 1,5 metros que se internaba en la cordillera donde abunda el churque, un espino pequeño del que se alimentan los animales.

Cuando Amalia tenía diez años, sus padres decidieron emigrar a la ciudad. Sus tíos y primos se quedaron en la montaña cultivando legumbres y criando animales. El lazo de Amalia con su tierra se mantuvo intacto y hasta hoy visita el fundo y se reúne con su clan.

Sin embargo, desde 1997 la vida de Amalia y de todos los que habitan esa zona cambió por el arribo de la Compañía Minera Nevada S.A, filial de Barrick Gold Corporation en Chile.

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A mediados de los ’90, la trasnacional canadiense decidió emplazar Pascua Lama en la Cordillera de Los Andes, en el límite entre Chile y Argentina a 4 mil metros de altura.

Un convenio binacional firmado bajo el mandato de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, facilitó la instalación del yacimiento, dedicado a la explotación a rajo abierto de oro, plata y cobre en la Región de Atacama, una zona con un tamaño similar a República Checa que concentra junto a Antofagasta la producción minera nacional de la que depende gran parte de la economía chilena.

Pascua Lama es un proyecto inmenso. En Chile, contempla el funcionamiento de un botadero estéril, un chancador primario, un complejo de mantención de equipos de mina y polvorín para el almacenamiento de explosivos en la cabecera del Río del Estrecho, a 4.400 metros sobre el nivel del mar.

En Argentina, cerca de San Juan, se va a instalar una parte menor del tajo, un botadero estéril, plantas de procesos, un tranque de relaves, los campamentos de construcción y operación y un aeródromo privado. El mineral circulará a través de un túnel de 2.7 kilómetros de longitud.

En su proyección, cuando entre en funcionamiento, Pascua Lama producirá 700 mil onzas de oro anuales, cerca US $840 millones al año; 30 millones de onzas de plata, más de US$ 630 millones; y 5 mil toneladas de concentrado de cobre.

Como si la mala suerte la persiguiera, este auténtico gigante mineral quedó a 30 kilómetros del hogar de Amalia. La construcción de la ruta C-489, que sirve para acceder a las instalaciones desde Vallenar a través de San Félix y El Corral, arrasó con parte de sus tierras que se ubican entre los kilómetros 62 y 65 mil de esta vía.

Al ampliar el camino tropero a 15 metros -diez veces más que su ancho original-, sepultaron, además, una de las fuentes de agua: el canal Gárate.

-Ellos cambiaron todo el paisaje. Mis parientes están más pobres que nunca-, acusa Amalia.

Por estos hechos, el 18 de marzo del año 2009, Amalia presentó junto a su mamá, Elba, una querella contra Barrick ante el segundo juzgado de Vallenar por los delitos de daños calificados y usurpación. Tras dos años de investigación, el juicio le dio la razón a Amalia: el camino a Pascua Lama pasa arbitrariamente por su propiedad y la de su madre y ha generado daños. La sentencia señala, no obstante, que “no hay indicios suficientes para proceder en contra de determinada persona como autor, cómplice o encubridor” de los delitos.

Posteriormente, Amalia inició un juicio civil que hoy enfrenta un momento decisivo en la Corte Suprema.

-Voy a seguir en esto cuanto pueda, porque uno es nacido y criado acá y duele verse de pronto esclavizado por una empresa que sólo busca lucrar. Si quieren llevarse el oro, que lo saquen, pero que respeten-, plantea Amalia.

Francisco Charlín, director legal de Pascua Lama, asegura que si bien el daño a la tierra de Amalia existió, la compañía ha intentado subsanar el problema:

-Un camino que fue construido por un contratista nuestro causó daño a uno de los propietarios que colindan con ese camino. Estamos dispuestos a conversar con la señora Amalia. Ahora, el tema de la reconstrucción del canal y cualquier otra posibilidad de acuerdo han sido consistemente rechazados por ella- plantea.

Amalia replica que nunca ha existido de parte de Barrick una intención real de reparación o al menos no en los términos que ella desea.

-Lo que quiero es que se haga justicia-, recalca.

Para la poderosa empresa, un pago justo a los Alcayaga alcanza un máximo de $200 millones por permisos de servidumbre.

Amalia quiere algo más. Desea una disculpa pública por los abusos que denuncia, una indemnización por haber pasado a llevar su derecho constitucional a la propiedad privada y el reconocimiento de los atropellos a los derechos indígenas al haber destruido terrenos sagrados como el cementerio.

-Barrick es una empresa que arrasa con todo. No tiene miramiento social. Nada, nada. Solamente se preocupan de su oro y si nosotros saliéramos de nuestra tierras, mejor para ellos. Nos quieren aburrir-, regaña.

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Una calurosa tarde de octubre, Amalia exhibe en Santiago una serie de papeles que acreditan la veracidad de sus reclamos.

La mujer ha viajado 11 horas en bus desde Copiapó para realizar trámites relacionados con su lucha de casi dos décadas. Lleva el pelo hasta el hombro y un vestido largo y ajustado. En sus orejas, dos aros de perlas.

Dice que está agotada por la desidia gubernamental ya que en distintas instancias ha demostrado en los últimos años la serie de irregularidades con que procedió Barrick en la construcción de la ruta C-489.

En el proceso penal, por ejemplo, aunque no se constataron responsabilidades, se demostró que en 1997, una empresa contratista -Constructora BCCIF- se emplazó en San Félix para desarrollar la primera fase del acceso al proyecto Pascua Lama.

Los trabajos realizados ese año se hicieron de forma “clandestina”, sin autorización de los organismos fiscales competentes y sin la venia de Amalia y su familia, en cuyos terrenos se construyó parte del camino bajo la tesis, equivocada, de que se trataba de tierras fiscales.

Un primo de Amalia, Antonio Alcayaga Morón, fue obrero de BCCIF, según aparece en su contrato de trabajo y en su finiquito. En su interrogatorio judicial narra que al abrir paso se arrasó con “sectores arbolados sacando especies como Molle y Churque”.

-Al ir avanzando, me di cuenta de que pasábamos por la propiedad de mi abuelo, Miguel Luis Alcayaga Trujillo (…) ignorando por mi parte si la empresa contaba con permisos para pasar por su propiedad. Además, en el trayecto el material que se sacaba de los trabajos se tiraba hacia los lados del camino, los que taparon los canales de regadío- dijo Antonio en su testimonio ante la Policía de Investigaciones.

Amalia agrega más detalles:

-Ellos hicieron tira la tierra nomás sin autorización de Bienes Nacionales ni de Viabilidad. En esa época nos llamó el Seremi de Bienes Nacionales y nos dijo: ‘mire, señora, nosotros somos dueños hasta El Corral en el kilómetro 55, ustedes están entre el 62 y el 65, eso no es del Estado. Por lo tanto, es tenencia de privados’. Y nos dijo que si ocurría un accidente con las camionetas de Barrick que iban y venían, la responsabilidad era nuestra. Entonces le dije: ¿qué hacemos, si Barrick tiene tomado nuestro terreno?-, cuenta.

La Dirección de Vialidad confirma la denuncia de la mujer.

Detalla en un escrito que “no existe” de forma previa a la firma del 22 de diciembre de 1998 del “Convenio de Cofinanciamiento Gobierno Regional de Atacama y Compañía Minera Nevada S.A” para la ruta C-489, autorización alguna para que Barrick ordenara la ejecución de obras.

En suma, lo que se hizo en 1997 estuvo fuera de norma.

– Si esto ocurrió y además se modificó el trazado del camino existente esto es de exclusiva responsabilidad de la empresa. Son los tribunales quienes deben acreditar si durante los trabajos de mejoramiento de este camino tropero, la minera, a cargo de estas obras, se desvió de la huella existente e intervino terrenos privados de la señora Amalia y su familia. De la misma manera, son los tribunales quienes deben determinar las eventuales consecuencias y obligaciones de la compañía y de quien corresponda en este asunto entre privados-, señalan representantes de la repartición estatal.

Mientras la Dirección de Vialidad responsabiliza del problema a la minera, el abogado de la compañía afirma que la anomalía de 1997 es “una situación histórica que no tenemos hoy cómo abordarla” y que lo único posible es “arreglar las cosas hacia el futuro de un forma que permita satisfacer las pretensiones de la señora Amalia y regularizar la situación del camino”. Además, transfiere la culpa de las irregularidades al Estado:

-Evidentemente la responsabilidad de expropiar terrenos particulares afectados por obras públicas corresponde a las autoridades. Nosotros estamos tratando de facilitar este proceso en beneficio tanto de la compañía como de la señora Amalia- plantea Charlín.

La dinámica del Gobierno y la minera más grande del mundo culpándose mutuamente del atropello, es conocida por Amalia.

Posterior a los trabajos ocultos de 1997, hubo a fines de los ’90 y durante la década del 2000 una serie de pactos público-privados para mejorar la vía C-489. Uno de ellos, de 1999, significó un aporte de casi $5 mil millones por parte del fisco y un monto similar por parte de la industria. Esas obras nuevamente pasaron por sobre la propiedad de los Alcayaga.

Para Amalia el resumen de la historia es que ni el fisco ni los privados entienden la importancia de su terreno:

-Como nosotros somos indígenas, sabemos que esa tierra tiene un valor, a lo mejor no monetario, pero sí otro valor- explica.

Según un sumario realizado en el año 2010 en el Ministerio de Obras Públicas por este caso, ese valor al que alude Amalia es nada menos que el respeto a la Constitución.

En el proceso administrativo seguido en contra de Raúl Cornejo Faúndez, quien se ha desempeñado como director de Vialidad de Atacama durante los dos mandatos de Michelle Bachelet, se estableció que la minera no sólo usó parte de las terrenos de la familia Alcayaga para su ruta, sino que construyó además tres botaderos con material estéril que se vertieron sobre los predios. Este hecho y la negligencia de las autoridades se tradujo en una violación a la Carta Fundamental.

“El hecho de haber erigido un camino por particulares, afectando inmuebles de particulares, aún cuando hubiera pasado o pase actualmente, a lo menos parcialmente, por una antigua vía pública denominada camino tropero, no justifica pasar por encima del derecho de propiedad consagrado a nivel constitucional”, señala el sumario. Y agrega que ninguna regularización posterior es aplicable “por cuanto razonando de esa manera se podría llegar al absurdo de justificar un procedimiento ilícito para dar vida a un camino público, en desmedro del dominio de particulares, lo que repugna al más elemental sentido jurídico”.

Aunque se propusieron sanciones para Cornejo y su segunda abordo, Felicinda Carrasco Huanca, estas nos prosperaron porque las faltas estaban prescritas. Más aún, Cornejo reasumió su cargo en 2014.

-Ahora Cornejo volvió y sigue con amenazas de que nos va a expropiar. Se ríe de nosotros, se ríe del pueblo indígena, porque claro, yo soy una hormiga; y Barrick, un elefante-, reclama Amalia.

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Para los ambientalistas, la preocupación central es cómo una vez que entre en operaciones Pascua Lama puede afectar los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza, además de los ríos aledaños. Desde la empresa aclaran que están buscando formas de mitigar cualquier riesgo y que incluso se analiza alterar por completo el plan original y que el yacimiento sea subterráneo.

De esta forma, se evitaría crear los cráteres gigantes que se forman al hacer estallar las rocas para extraer una onza de oro: 28,7 gramos que sirven para fabricar un par de aros pequeños o un anillo y para lo cual se deben mover entre 7,7 y 40 toneladas de tierra. Para imaginar la proporción del trabajo, es como poner en el extremo de una balanza una argolla de 16 milímetros; y en el otro, 40 vehículos medianos.

El oro como tal, recién emerge después del uso de cianuro, un veneno que está presente en la naturaleza en cantidades ínfimas en, por ejemplo, las semillas de una manzana. La minería trabaja con una alta toxicidad en concentraciones de entre 7 y 8% y Barrick ha tenido sólo en el último año dos accidentes de derrame de agua con cianuro a ríos.

Aunque la trasnacional sostiene que se tomarán todos los resguardos para evitar este tipo de accidentes, Amalia cree que de Barrick nunca hay que fiarse.

-Son muy pillos y las autoridades nunca hacen nada. A mí me enterraron la fuente de agua, imagínese-, acusa.

La acequia a la que alude Amalia es el Canal Gárate, que en la zona tiene 14 propietarios autorizados a hacer uso de sus aguas.

Solen Jara Arias es presidente de los accionistas de la zanja y advierte en el proceso penal que de esos 14 usuarios, 2 personas, Amalia y su mamá, ya no tienen riego pues su parte del canal quedó enterrado bajo el camino a Pascua Lama.

Según el dirigente, hubo más personas afectadas por la construcción de la vía al yacimiento, pero el resto de los usuarios aceptó que la empresa hiciera un nuevo trazado que ni siquiera estaba autorizado por Dirección General de Aguas.

Por estas faltas, Barrick -que sólo este año producirá entre 5 y 5,5 millones de onzas de oro en el mundo a un valor promedio de 1.200 dólares cada onza-, debió pagar cerca de 300 UTM, cerca de 20 mil dólares.

Para Amalia el conflicto con la minera radica en que la compañía no asume la magnitud del daño que provoca y se niega a hacerse cargo de las responsabilidades financieras que le caben por destruir parte de su terreno.

-Quiero que nos paguen, que haya justicia, si ellos son la empresa de oro más grande del mundo, que aprenda a respetar a la gente que está al lado de ellos. En el año ’98, Barrick puso una caseta en el kilómetro 70, donde pusieron guardias, sin ninguna autorización. Tuvieron que sacarla porque alegamos. Después la pusieron más arriba. Nos quedó una sola entrada a la cordillera, que también cerraron. Tuvimos que quejarnos otra vez y alcanzaron a abrir antes de que se nos murieran los animales. Fui para allá con monumentos nacionales, para que vieran los cementerios que hicieron tira, y ahí quedaron testimonios de lugareños que dijeron que no los dejaban pasar las camionetas rojas. Las camionetas rojas son de Barrick. Eso quedó escrito. El señor de Barrick dijo que tomaran el nombre del chofer y la patente. ¿Cómo, si allá no saben ni leer ni escribir? ¿Y por qué van a tener que andar con un lápiz y un papel si toda la vida eso ha sido nuestro, si ellos son cabreros?- relata.

La antropóloga jurista Nancy Yáñez Fuenzalida, miembro del Observatorio para los Derechos Indígenas, asegura que las denuncias de Amalia corresponden a prácticas habituales de la compañía.

-Barrick ha tenido un comportamiento corporativo de tipo absolutamente ilegal en casi todos sus procedimientos. Cerró el acceso a la mina Pascua Lama, que es un camino público, y con eso impidió que todos los crianceros que usaban ese sector de la cordillera pudieran entrar-, acusa.

Yáñez, coautora del libro “La gran minería y los derechos indígenas en el norte de Chile”, afirma que, entre otras irregularidades, se instaló el campamento minero en las vegas y bofedales “en el pulmón del lugar donde están las principales fuentes de agua”. Detalla que lo peor es que estas irregularidades cuenta, en pos del progreso, con la “anuencia de las autoridades”.

-Eso deja a todos los ciudadanos, incluida a la señora Amalia, en una situación de indefensión, porque en Chile hay una asimetría en el tratamiento del sector extractivista respecto de la sociedad civil y las comunidades indígenas. En el caso de los valles de Huasco y San Félix, la empresa ha intervenido el tejido social pagando compensaciones en forma previa al proceso de evaluación de impacto ambiental-, postula.

Sin negar ninguna de las imputaciones, el jefe de asuntos legales de Barrick, Francisco Charlin, asegura que se trata de formas de operar que no representan lo que busca hoy la trasnacional.

-Los comentarios de Nancy son históricos y son cosas que no queremos repetir en el futuro. Respecto de la relación con las comunidades, tenemos que desarrollar un rol de buen vecino, relaciones que sean win win, que permita el desarrollo de las comunidades. Aquí de verdad estamos hace tres años reconstruyendo, ofreciendo disculpas cuando sea necesario. El caso de Amalia representa el pasado de Barrik. Se trata de un caso que nos deja anclados a un pasado que no nos gusta y que no nos identifica hoy-, dice.

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La mañana del lunes 28 de noviembre, Amalia aguarda a que la Corte Suprema revise un recurso de casación que interpusieron sus abogados luego de que su exrepresentante legal abandonara la causa.

Lleva un vestido blanco y negro, el pelo recogido en un moño y sus aros de perla, la única joya que usa. Es segunda vez que su caso figura en tabla, pero nuevamente se postergaron los alegatos.

-Estoy cansada-, sostiene mientras bebe una café en el centro de Santiago.

-¿Y por qué sigue, Amalia?

– Porque aunque usted no crea, Barrick va a aprender a respetarme.