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Nacional

12 de Enero de 2017

Violencia y vulneración: la radiografía del trabajo sexual en Chile

Según el último estudio publicado por la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex) y Fundación Margen, quienes ejercen esta actividad en suelo nacional son víctimas constantes de abuso de poder, escasa regulación legal, atropello de derechos y violencia institucional.

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La Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex) -institución que promueve la defensa, reconocimiento y respeto de los derechos de quienes ejercen esta actividad-, realizó una investigación en 14 países del continente en torno a la vulneración y abuso de poder que sufren las mujeres que se dedican al trabajo sexual.

En primera instancia, se detectó que en Chile rige una estructura normativa-jurídica abolicionista respecto a él, es decir, que se considera como “una actividad incompatible con la dignidad de la persona humana y es entendida como un síntoma de inadaptación social”.

Sin embargo, al mismo tiempo, “no condena dicha actividad, de manera que la trabajadora sexual es visto como una víctima del sistema social, por lo cual el Estado busca la reinserción social de las trabajadoras sexuales. En definitiva, lo que se busca en este modelo de reglamentación es evitar el trabajo sexual, aboliendo toda reglamentación relativa a la prostitución”.

Respecto a este punto, y según los abogados consultados por el estudio, la legislación chilena ampara la libertad individual de decidir sobre el cuerpo de cada uno y por lo tanto no considera al trabajo sexual como ilegal. No obstante, fiscaliza su desarrollo bajo el artículo 19 de la Constitución, referido a la “moral y buena costumbre”.

Debido a ello, los magistrados apuntan que “no se busca penalizar a las Mujeres Trabajadoras Sexual (MTS) por no considerarlas estrictamente como infractoras, sin embargo sí se prohíben los lugares físicos para el desarrollo de su trabajo”, lo que provoca un vacío legal que afecta directamente a las trabajadoras y su seguridad.

La Coordinadora Nacional de la Red, Herminda Gonzázlez, apunta a este hecho como uno de los principales culpables de las precarias condiciones en que las mujeres desarrollan la labor referida: “Chile es un país conservador y doble estándar. No se les da el derecho como persona a elegir libremente y trabajar con su cuerpo. Se les condena, enjuicia, discrimina y desagrega. No hay una política de Estado hacia las trabajadoras sexuales y eso influye en cómo se perciben”.

DENUNCIAS

El documento publicado por la institución recoge una serie de testimonios anónimos que evidencian el abuso de poder que ejercen agentes del Estado en contra de las trabajadoras. Este aspecto, sumado a otros como las detenciones arbitrarias, extorsiones, coimas, amenazas, intimidación y solicitud de servicios gratis por parte de carabineros y agentes de la PDI, concluyen que el principal problema que sufren las MTS en Chile es la Violencia Institucional.

“Hace unos años atrás llegó un carabinero y me pidió el Carnet y me querían llevar presa porque lo tenía guardado en otro lugar y me dijeron bueno no te llevo presa, pero me tienes que dar una agarradita y le dije que iré hacer una denuncia y me dijo: ¡anda te va ir mal a ti y a tus compañeras!”, dice un inserto.

González sostiene que los humillantes procesos a los que son sometidas las MTS se han tornado habituales, naturalizados por agentes de instituciones de orden y fuerza que incluso, a veces revelan ser funcionarios después de haber solicitado el servicio de las mismas mujeres que detienen.

“La violencia institucional ejercida por la policía se expresa también en las agresiones físicas y violaciones sexuales a las que son sometidas durante los procedimientos de detención. Es pertinente destacar que estas situaciones son habituales en las relaciones que se establecen entre la policía y las MTS”, detalla el estudio.

El carácter de estos procedimientos se agudizan cuando se trata de MTS migrantes, principalmente dominicanas, peruanas y colombianas. Ante ellas, los agentes actúan con mayor agresividad y acuden a amenazan tales como “manchar sus papeles” o “devolverlas a su país” con el objetivo, acusan, de obtener beneficios sexuales a cambio.

“Todos estos problemas se basan en que no existe ninguna regulación de este trabajo. Ni siquiera la intención de hacerlo. Ya llevamos más de cinco años que estamos tratando de tener alguna reunión con los altos mandos de Carabineros, pero no hemos tenido respuesta”, afirma González.

Al igual que la coordinadora, el estudio explica que toda la problemática política y social que afecta a las MTS se debe a que no hay una legislación pertinente al tema. Sumado a esto, mantiene la idea de que mientras no se considere a este como un trabajo más, las opciones de revertir la vulneración de derechos y la violencia institucional son mínimas.

“La normativa en Chile deja muchos intersticios legales en los que las trabajadoras sexuales quedan muy expuestas a recibir tratos muy violentos por distintas autoridades. Los abusos o las amenazas que reciben se amparan en la inexistencia de normativa que las proteja en un alto prejuicio y discriminación social a las mujeres que eligen esta actividad. A contramano de garantizar derechos, cada vez se dota más de normativa que permite el control social abusivo”, concluye el informe.

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