Desde el 2011 el Movimiento Estudiantil ha sido enfático en señalar la necesidad de transformar un sistema de educación mayoritariamente privado, segregador y altamente lucrativo, mediante el fortalecimiento de la Educación Pública. En esa línea es que la gratuidad en la Educación Superior se ha convertido en una de las principales demandas. Demanda que, por lo demás, fue asumida como parte del programa de gobierno de la Nueva Mayoría y uno de los principales ejes de la prometida Reforma Educacional. Hoy, ya al término del segundo gobierno de Michelle Bachelet, nos encontramos con el anuncio de una gratuidad que beneficiará a tan solo 94 mil estudiantes, de los cuales el 81% estudiará en instituciones privadas. De esta manera, la gratuidad de Bachelet se aleja completamente de las demandas ciudadanas que exigen el fortalecimiento de la Educación Pública y gratuidad en la Educación Superior para todas las y los estudiantes.

Cabe destacar que si bien en el corto plazo la gratuidad del gobierno mejorará el bienestar material de quienes la obtuvieron (20% de la matrícula total de estudiantes en Educación Superior), muchos de ellos seguirán accediendo a una educación privada de mala calidad y que responde a los intereses de sus dueños por sobre la vocación de construir un sistema público volcado a las necesidades nacionales o regionales. En el largo plazo, se fortalecerá un sistema educacional cada vez más privado y lucrativo que seguirá reproduciendo las desigualdades que aún persisten en la sociedad chilena. La educación pública queda así, una vez más, relegada, y la inclusión de los CFT e IP terminará por destinar grandes sumas de dinero a sus controladores: la Iglesia y la Cámara para la Producción del Comercio (CPC). En otras palabras, aumentar los recursos sin un fortalecimiento y expansión de la educación pública terminará por profundizar el actual modelo de mercado educacional. La gratuidad se convierte, así, en un gran bono directo al bolsillo de corporaciones privadas, que no trastoca los supuestos mercantiles en los que se basa la educación chilena y contra los cuales nos hemos movilizado todos estos años.

El resultado final de la gratuidad de la Nueva Mayoría nos remite al proceso de discusión de la cuestionada Reforma Educacional. Durante los últimos tres años hemos sido testigos de cómo los conflictos de interés dentro del oficialismo, y la incapacidad de las fuerzas de cambio de impulsar una defensa de la Educación Pública, terminaron por permitir que el debate se redujera meramente a temas de financiamiento, dejando de lado la discusión sobre el modelo educativo que como sociedad queremos. En ese contexto, la tramitación de la gratuidad vía ley de presupuesto terminó por consagrar justamente aquello contra lo cual se ha pronunciado la sociedad chilena: más recursos públicos para instituciones privadas lucrativas y de baja calidad.

La responsabilidad que tenemos como fuerzas de cambio y como movimiento social sigue siendo, por tanto, la misma: empujar para construir una verdadera Reforma Educacional. Por lo que la invitación que realizamos para este año 2017 es a retomar el debate político de fondo con todos los actores, resolviendo la pregunta respecto de qué educación queremos. Con los “resultados” de la gratuidad ya en mano, no queda duda que una reforma que apunte hacia la construcción de una red pública sigue siendo más necesaria que nunca. Se requiere, de esta manera, de la unidad de aquellos sectores que nos hemos movilizado por transformaciones sustantivas para impulsar una agenda que supere la discusión electoral de este año, y vuelva a hablar de educación. Tal como sostiene un estudio de la Fundación Nodo XXI no se necesita de más recursos para lograr una verdadera Reforma, sino de voluntad y unidad política para terminar con el negociado de la banca y el empresariado construido en torno a la Educación Superior chilena.

*Esta columna esta escrita en conjunto por los militantes de Izquierda Autónoma Diego López, Secretario Ejecutivo FECh; Alejandro Álvarez, Presidente Electo Universidad de Tarapacá (UTA); Alejandra Avendaño, Universidad Santo Tomás Santiago; y Manuel Rauch, de la Universidad Austral.