Raspado de olla: Las cuestionadas boletas del Serpaj

El 8 de marzo pasado, el Sename de Coquimbo recibió una denuncia que encendió las alarmas. La directora del programa “Ana Frank”, perteneciente al Servicio Paz y Justicia – organismo colaborador acreditado del Sename (OCA)- acusó presiones y amenazas por parte de Carlos Martínez, Director Regional del Serpaj, para que firmara en la rendición de sus gastos mensuales, una boleta de $1.400.000 a nombre de una funcionaria que ella jamás contrató. O sea, una boleta ideológicamente falsa a nombre de Marisol Tapia, funcionaria con quien Martínez, además, tiene dos hijos.

-No teníamos idea quién era. Amenazaron a la directora con despedirla si no firmaba y le aseguraron que esa era la forma en que todos los programas aportaban dineros a la Dirección Regional- aseguran fuentes ligadas a la investigación.

El programa afectado es financiado con recursos del Sename y en la región es conocido como la “Defensoría de la Infancia”, pues se dedica a la representación jurídica de menores víctimas de abuso, tomando sus causas penales y realizando seguimientos a sus familias. El impacto de la denuncia fue tan grande, que la Directora Regional del Sename, Verónica Zárate, denunció los hechos al Ministerio Público ante eventual delito tributario y desviación de caudales públicos. Paralelamente, una funcionaria del programa denunció los hechos a la Contraloría General de la República, el pasado 22 de marzo. El raspado de olla que el Serpaj habría realizado con fondos del Sename comenzó a ser investigado.

Serpaj, a través del Director Regional implicado, Carlos Martínez, niega tajantemente la acusación que hoy investigan el Sename y la Fiscalía Local de La Serena: “la directora siempre supo que el cargo existió (…) es claro que la intención real es perjudicar nuestra Corporación por fines personales”.

Hasta ahora, versiones contradictorias. Pero también la posibilidad de que se compruebe la existencia de una real maquinaria para defraudar de uno de las tantas organizaciones que colaboran con el Sename. Organismos que cada año se adjudican, al menos, el 65% del presupuesto de la entidad, repartidos en alrededor de 1.561 programas de atención que imparten. Sólo en el año 2015 las Ocas recibieron más de 145 mil millones de pesos.

EL PASADO, PISADO

La destacada trayectoria que el Servicio Paz y Justicia tiene en nuestro país, es una de las razones por la que esta denuncia llama particularmente la atención. Fundado en 1974 en Argentina por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, Serpaj nace como un movimiento latinoamericanista no violento, conformado por laicos y cristianos opositores a las dictaduras militares de los años 70.

Bajo el alero del Cardenal Silva Henríquez, Serpaj llega a Chile en 1977 y es fundado en su mayoría por militantes de la Izquierda Cristiana. Su trabajo se enfocó en la educación para la paz y sensibilización ante la vulneración de derechos humanos. Trabajaron mano a mano con el movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo y también impartieron talleres y crearon sala cunas comunitarias en poblaciones vulnerables del país.

Con la llegada de la democracia, Serpaj perdió el financiamiento que recibía a través de organismos internacionales y por eso, decidieron transformarse en una corporación sin fines de lucro, con el fin de postular a recursos estatales. Las primeras alianzas las hicieron con la Junji como administradores privados de jardines infantiles. Con el tiempo empezaron a desarrollar programas para el Senda y el Sename. Actualmente, el Servicio Paz y Justicia tiene presencia en 10 regiones del país y ejecuta cerca de un centenar de programas para el Estado, recibiendo cientos de millones en recursos cada año.

-No sé qué les pasó en el camino. Antes tenían una reputación intachable, pero hoy, son vistos como una de las Ocas más cuestionadas y turbias de las que depende el Sename-, afirman al interior del programa.

Hoy, al igual que el resto de los organismos colaboradores del Sename, como la Corporación “Opción” y las fundaciones “Ciudad del niño” o “Mi Casa”, Servicio Paz y Justicia implementa programas que forman parte del sistema de atención a la niñez y adolescencia, bajo el marco de la ley 20.032, que rige al Sename y los Ocas.

– La ley es demasiado laxa con los Ocas. El Sename tiene insuficientes facultades de fiscalización y en realidad, ellos tienen el sartén por el mango. Por eso cuesta mantener un control sobre cómo están funcionando- aseguran fuentes ligadas a la investigación.

Las OCAs administran más del 90% de todas las atenciones para menores del país y gestionan los programas de protección y justicia juvenil. Cada uno de estos programas se adjudican por licitación y según sus características, reciben una subvención mensual que es administrada por Serpaj. En el caso del programa “Ana Frank”, el financiamiento que recibía por parte del Sename, bordeaba los nueve millones de pesos mensuales.

Por ley, cada organismo colaborador puede acceder hasta al 10% del total del financiamiento de un programa para gastos administrativos. “En el caso de nuestro programa, Serpaj nos quitaba 900 mil pesos todos los meses a pesar de que somos uno de los más chicos y colapsados de la región. Por eso cuando encontramos la boleta pusimos el grito en el cielo. Nos pasaron gato por liebre casi seis meses. Eso es robar descaradamente a los niños”, aseguran al interior del programa.

El Director Regional del Serpaj, Carlos Martínez, asegura que si bien no tiene antecedentes sobre la denuncia que hoy está en Fiscalía, niega completamente que se trate de un fraude: “la directora firmó por meses las respectivas rendiciones mensuales donde jamás objetó la existencia del cargo como apoyo administrativo”. Desde el programa involucrado, aseguran todo lo contrario: “Nunca estuvimos en conocimiento de Marisol Tapia. A la directora no le dejaban revisar las rendiciones ni acceder a su dinero disponible, a pesar de lo que exige la ley”. Y agregan: “Hubo un solo mes en el que la directora al estar presionada por la contable firmó sin notar una boleta a Tapia por casi 200 mil pesos. El resto de los seis meses que emitió boletas, iban firmadas por funcionarios de la Dirección Regional de Serpaj, no por nosotros”.

LOS COLETAZOS

Un antecedente clave en la investigación por presuntas boletas falsas, es la relación afectiva que existe entre Marisol Tapia y Carlos Martínez. Según comprobó The Clinic, ambos tienen dos hijos en común. Para el Director Regional del Serpaj, la relación entre él y Tapia no tiene mayor importancia: “Nosotros no tenemos una relación jerárquica directa. Lo otro es un intento de desvirtuar el contexto, ya que la funcionaria cuenta con toda su documentación al día”, asegura Martínez.

En el contrato de trabajo de Marisol Tapia en Serpaj, Carlos Martínez es quien firma como Director Regional, lo que inevitablemente implica una relación jerárquica entre ellos. Además, Patricio Labra, secretario ejecutivo de Serpaj a nivel nacional, afirma que si bien no hay un protocolo, es importante que no exista ningún tipo de lazos personales al interior de la institución que puedan comprometer, de alguna forma, el trabajo de Serpaj como Ocas.

– No me puedo referir a la denuncia porque aún no tenemos los antecedentes, sin embargo, es importante que no exista ningún vínculo entre trabajadores, para evitar malos entendidos. Esperamos que todo esto se aclare a nuestro favor, tenemos una trayectoria en derechos humanos que nos valida- asegura Labra.

Verónica Zárate, Directora Regional del Sename, afirmó que si bien es la primera denuncia que recibe de esta naturaleza, tuvo razones suficientes para acusar a Serpaj al Ministerio Público: “tenemos un imperativo legal de denunciar cualquier hecho que tengamos conocimiento y revista carácter de un eventual delito. Asimismo, en este caso se ordenó efectuar una supervisión técnico-financiera extraordinaria a este proyecto y también a todos los demás proyectos de este organismo colaborador”.

Según fuentes ligadas a la investigación, la Fiscalía local de La Serena incautó los computadores y los libros contables del Serpaj el pasado viernes 5 de mayo, en el marco de reunir antecedentes por presunto fraude al fisco.

Si bien el Sename continúa su proceso de investigación interna, el pasado lunes 8 de mayo determinó el cierre unilateral y definitivo del programa “Ana Frank”. El documento al que accedió en exclusiva The Clinic, argumenta que el convenio con Serpaj La Serena tenía como objetivo facilitar el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes, “pero que a raíz de una carta presentada el pasado 8 de marzo de 2017, se tomó conocimiento de irregularidades financieras que dicen relación con boletas emitidas por doña Marisol Alejandra Tapia (…) las cuales se rindieron a Sename como parte de gastos efectuados bajo el ítem de recursos humanos en la rendición de cuentas”.

En el documento se especifica un desglose de la supervisión técnica y financiera que el Sename hizo a raíz de la denuncia durante marzo y abril de 2017, concluyendo que efectivamente, Marisol Tapia Sepúlveda no prestó servicios al programa “Ana Frank”.

-Serpaj tuvo que restituir los fondos del programa afectado, lo que implica una manifestación del organismo colaborador de acoger lo observado y constituye una falta grave a las obligaciones que emanan del convenio suscrito con el Sename el cual se basa en pilares del derecho y buena fe- sentencia el documento.

El cierre de este programa significa un duro golpe para el Servicio Paz y Justicia, ya que complica las posibilidades de adjudicarse proyectos del Sename por todo el 2017. Además, en el caso que se comprueben los cargos por fraude al fisco, podría cuestionarse la permanencia del Serpaj como organismo colaborador del Servicio Nacional de Menores.