Condenan a exagentes del Ejército y la DINA por secuestro y homicidios de ex colaboradores de Salvador Allende y el MIR

La Corte Suprema condenó hoy en dos fallos a cinco antiguos agentes de Augusto Pinochet por dos homicidios y dos secuestros calificados (desapariciones) de opositores durante la dictadura.

En el primer fallo, la II Sala del máximo tribunal condenó a cinco años y un día de presidio al exoficial del Ejercito Carlos Massouh Mehech por el secuestro y homicidio de Wagner Salinas Muñoz y Francisco Lara Ruiz, cometidos el 11 de septiembre y el 5 de octubre de 1973, respectivamente.

Las víctimas eran parte del equipo de seguridad del presidente Salvador Allende y se les detuvo en Curicó, cuando viajaban hacia la capital tras enterarse del golpe militar que ese día derrocó al gobierno del mandatario socialista.

Ambos fueron trasladados a Santiago y fusilados el 5 de octubre en un campo militar de San Bernardo. Salinas era además un conocido boxeador, campeón aficionado de Chile y Sudamericano.

En la parte civil, el tribunal condenó al Estado a pagar una indemnización por un total de 500 millones de pesos a las familias de las víctimas.

En el segundo fallo, la Corte Suprema condenó a diez años y un día a los brigadieres Miguel Krassnoff y Pedro Espinoza, y al exsuboficial Basclay Zapata, y a cinco años y un día al coronel Rolf Wenderoth por la desaparición de dos opositores en el marco de la llamada Operación Colombo.

Las víctimas fueron los estudiantes Rafael Araneda Yévenes y Carlos Terán de la Jara, detenidos en diciembre de 1974 y hechos desaparecer por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la policía secreta de Pinochet, en el marco de la “Operación Colombo”.

Ambos, miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), agrupación que combatió con las armas contra la dictadura y desaparecidos tras ser vistos el centros de tortura, según testimonios de prisioneros supervivientes.

La Operación Colombo fue una operación de la DINA en colaboración con organismos represivos de Argentina y Brasil en 1975, para encubrir la desaparición de 119 presos políticos, con el argumento de que se trataba de “extremistas” muertos en purgas internas del MIR ocurridas en el extranjero.

Par dar mas veracidad al caso, publicaron en Argentina y Brasil ediciones únicas de periódicos en los que aparecía la versión de las purgas, de lo que se hicieron eco los medios chilenos controlados por la dictadura, bajo titulares como “Exterminados como ratas”.

En la parte civil el tribunal condenó al Estado chileno a pagar una indemnización de 200 millones de pesos (unos 300 mil dólares) a los familiares de las víctimas.