11:00 am, Plaza de la Constitución. Un grupo de turistas brasileñas se ríe y toma fotos al grupo de casi mil manifestantes que, armados con banderas y carteles naranjos, capean el frío a la espera del “Bus de la Libertad”, iniciativa de la ONG española Hazte Oír, y que este lunes tuvo su primer y accidentado recorrido por la capital.

— ¡Menos Estado, más familia!-—, grita una mujer desde un megáfono.
— ¡Menos Estado, más familia! — responden todos, incluidas las turistas brasileñas.

La espera se hace tensa. Hace treinta minutos que el bus debería haber llegado a La Moneda. Entonces, Marcela Aranda, la mujer que durante el fin de semana copó los canales de televisión, radio y prensa como la dirigente del hasta entonces desconocido Observatorio Legislativo Cristiano (OLC), toma el megáfono.

— ¡Decirle a un niño a través de un manual, que el ano es un órgano sexual, es una mentira científica! —, dice. El resto de los manifestantes aprueban y aplauden rabiosamente.
— ¡Con los niños de Chile, no se juega! —, agrega Aranda.

Su discurso comienza a tomar fuerza. Tras cada frase, los oyentes comienzan a gritar “¡Amén!”.

— Decirle a un niño de 9 años, que el semen se tiene que tragar, porque tiene proteínas, es una inmoralidad. ¡Es una usurpación de nuestro derecho preferente! —, dice.
— ¡Amén! —, responden a grito todos, incluidas las turistas brasileñas.

Antes de su abrupto salto a la fama, Marcela Aranda ya era conocida en los pasillos del Congreso Nacional. Dirigentes de organizaciones pro diversidad de género y despenalización del aborto, como Iguales, Miles y OTD, la recuerdan por su labor como asesora de parlamentarios de Chile Vamos, y como lobbysta de una agenda ultra conservadora.

“Básicamente”, resume Luis Larraín, exdirigente de Iguales, “todos los que hacemos disidencia legislativa nos conocemos. Incluidos a quienes se oponen en el Congreso. A ella la recuerdo hablando con voz fuerte, asesorando en comisiones a parlamentarios conservadores, siempre oponiéndose a los avances que nosotros buscábamos”.

Claudia Dides, directora de MILES Chile, recuerda un incidente con Aranda a la salida de una comisión. “En algunas comisiones, Aranda y su grupo me grababan, y decían ‘ahí va la abortista’, o ‘asesina’. A la salida, mientras yo declaraba frente a la prensa, ella y dos personas empezaron a pegarme codazos por la espalda, a darme empujones. Me di vuelta y les rompí un papel. Realmente es gente muy violenta”, recuerda.

Desde hace algunos años, Aranda, junto a su segundo esposo, Christian Yungue, se presentan en los distintos foros que participan, como miembros del “Ministerio de Gobierno y Fe”, una agrupación político religiosa de corte evangélico, y de la cual se desprende el Observatorio Legislativo Cristiano (OLC). En diferentes entrevistas, Aranda ha acusado al dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, de querer “legalizar la pedofilia” en Chile.

“Yo trabajo hace 14 años en el Congreso de mi país como asesor parlamentario”, señaló Aranda sobre su carrera, en un video que se hizo viral a comienzos de esta semana. “Durante los primeros cuatro lo hice ad honorem, a pesar de que me ofrecieron muchas veces un sueldo, pero Dios me pidió que tuviera independencia”.

Pero Aranda, quien figura como asesora de congresistas de Chile Vamos y de Pedro Sabag, de la Nueva Mayoría, en diferentes proyectos de ley, también tuvo un breve y cuestionado paso por el gobierno de Sebastián Piñera, precisamente en el Gobierno Regional de Valparaíso.

LAS “CHAPAS”

Durante los últimos años, Aranda asistió en reiteradas ocasiones al Congreso como expositora. Según las actas de las comisiones en las que participó, lo hizo en calidad de directora o presidenta de al menos cuatro organizaciones diferentes, todas ligadas a la protección de la familia y contrarias a lo que llama la “ideología de género”.

Por ejemplo, en agosto de 2014, asistió a la comisión de Derechos Humanos como asesora de Francisco Chahuán, mientras se discutía la Ley de Identidad de Género. Dos meses después, regresó a exponer a la comisión pero en calidad de presidenta de la ONG de Desarrollo “Red de Mujeres Cristianas de Chile”.

En noviembre de 2014, bajo la Red Pro Vida y Pro Familia, Aranda asistió a la Comisión de Gobierno mientras se discutía la creación del actual Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. En la ocasión, argumentó no estar de acuerdo con que la nueva cartera llevase el apellido “equidad de género”, ya que según dijo, “la ideología que existe detrás, que es la de género (…) atenta en contra de la familia, de la maternidad”. Además, manifestó su preocupación ante la “Desmaternalización de la Mujer”, asegurando que “si bien las mujeres pueden ejercer diversas funciones, el único que la distingue del resto de los seres humanos es la facultad de ser madre”.

En diciembre de 2014, y esta vez representando a la organización CONFÍA, Aranda expuso ante la comisión de Constitución por el proyecto de Acuerdo de Vida en Pareja.

“¿Por qué la homoparentalidad es altamente cuestionable y no debiera legitimarse, respaldarse ni ampararse por el Estado y la ley chilena?” se preguntó ante los presentes, “Porque las parejas con AMS –atracción hacia el mismo sexo- son propensas a la disolución, tienen una grandísima sucesión de parejas y no logran fidelidad ni exclusividad sexual (…) Y porque tienen mayor violencia en su interacción a raíz de sus excesos”, declaró en la ocasión.

En el año 2015, Aranda volvió a aparecer en los registros de las comisiones como asesora del senador Francisco Chahuán, en al menos tres ocasiones.

Por último, en abril de este año, Aranda retornó a la comisión de Derechos Humanos del Senado, pero esta vez como asesora parlamentaria del senador y entonces precandidato presidencial, Manuel José Ossandón. Además, y entre 2016 y 2017, asistió a las comisiones de Educación y -nuevamente- Derechos Humanos como la asesora del diputado DC, Pedro Sabag.

Consultado por The Clinic, el senador Francisco Chahuán aseguró no mantener vínculo alguno con Aranda. “Ella no es asesora contratada por mí. Jamás le he cancelado por algún servicio profesional, y eso puede ser corroborado en los gastos de asesorías disponibles por Transparencia”, dijo.

— Pero no deja de llamar la atención de que ella aparezca como su asesora en al menos seis comisiones, ¿usted la conoce?
— A ver. Existen múltiples formas de acceder a una comisión en el Congreso. Ella también figura como asesora de diferentes senadores y diputados. Pero no mantiene ningún tipo de vínculo contractual conmigo.

Claudia Dides, pone en duda la versión de Chahuán. “Tú no puedes convencer a alguien afuera, ya que tienes que hacer un ingreso al Congreso, entras como visita de tal o cual diputado. Al menos nosotros, siempre que vamos al Congreso, tenemos que tener la autorización de un diputado o senador. Nadie entra porque sí”, asegura.

Asimismo, el diputado DC Pedro Sabag también negó mantener vínculos contractuales con Aranda, quien “seguramente se ha reunido conmigo en algunas instancias por el tema de las agrupaciones evangélicas, pero nada más”.

Sobre las distintas organizaciones con las que Aranda se ha presentado en el Congreso, Dides dice que “habría que revisar si estas agrupaciones efectivamente cuentan con personalidad jurídica o alguna especie de adherencia para tomarlas en serio. Ella clama tener miles de seguidores, pero en su página de Facebook tiene apenas dos mil seguidores”.

“CONTRATO FANTASMA”

El 24 de marzo del año 2010, trece días luego de que Sebastián Piñera asumiera la presidencia, Marcela Aranda inició sus actividades a honorarios en la Gobernación de Valparaíso como “Asesora del gobernador (en ese entonces Raúl Celis) en materias de proyectos de inversión y coordinación de servicios públicos”. Según un documento del portal de Transparencia, la calificación profesional de Aranda era la de “licenciada de enseñanza media”, y su sueldo bruto superaba el millón de pesos.

Una vez finalizado su período de contrata en diciembre de 2010, fue nombrada como “asesora” del seremi de Salud de la V Región, Jaime Jamett. A las semanas, algunos funcionarios notaron que Aranda, no tenía un trato igual que el resto de los trabajadores.

“A esa persona nunca se le vio trabajando acá. No estaba en el lugar físico, y además, cuando salió, demoró más de cuatro meses en devolver un teléfono que el departamento de informática le dio para su libre disposición, y que tenía minutos libres. Lo tuvieron que ir a buscar a su casa”, asegura hoy Darma López, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Seremi de Salud Valparaíso, Afussav.

Los funcionarios vieron con sospecha la cercanía de Aranda con senadores de Chile Vamos, como Francisco Chahuán, mientras supuestamente desempeñaba funciones en la seremi.

En septiembre 2014, un recurso que el exjefe de Administración y Finanzas de la seremi ingresó a la Corte de Apelaciones destapó la tercerización de servicios prestados por Aranda y Manuel Millones (UDI), actual Core regional, cuyos sueldos eran pagados por una empresa ligada al Partido Comunista, APG.

Según consta en las boletas a las que The Clinic tuvo acceso, tanto Aranda como Manuel Millones, recibían pagos vía boleta de honorarios por APG, empresa cuyo responsable en ese momento era el exdirigente regional del Partido Comunista de Valparaíso, Mario Rojas Puga. El sueldo bruto de ambos era de $1.300.000.

La situación indignó a los funcionarios. “Nosotros interpusimos una denuncia ante la Fiscalía, por uso fraudulento de recursos del Estado. Por cuanto la señora Marcela Aranda Arellano supuestamente trabajó cuatro años en la seremi de salud de Valparaíso, en los cuales habría recibido cerca de $60 millones sin un título profesional que la respaldara para ello”, dice López.

Mabel Zúñiga, presidenta de la ANEF Valparaíso, apunta al rol que la empresa APG, la cual prestaba servicios de aseo a la seremi, tuvo en la contratación de los asesores. “Esta empresa, en particular, siempre ganó las licitaciones del seremi de Salud. Y por ese tiempo, pagó una alta cantidad de dinero a dos personas que ni siquiera trabajaban en la seremi. Mucho menos por razones de aseo”, asegura.

“Ella es una operadora política, de la derecha más recalcitrante de este país”, afirma Darma López. “Nunca pudo acreditar un título profesional, y de todas formas el señor Jaime Jamett le extendía el contrato”, acusa.

Consultado por la denuncia de las trabajadoras, Mario Méndez, actual seremi subrogante de Salud de Valparaíso, apuntó que por el caso se realizaron auditorías, donde se encontraron irregularidades en el período 2010-2014. “Recuerdo al menos 12 auditorías que se realizaron respecto a contrataciones hechas en el gobierno anterior”, dijo a The Clinic.

— ¿Vinculadas a la empresa APG?
Sí, entre otras. Y sobre ciertos contratos de la empresa APG, por personas que nunca estuvieron trabajando, – algo como lo que pasaba con los “ñoquis” en Argentina-, habrían ocurrido durante el gobierno de Piñera. Nosotros también nos hicimos parte en estas denuncias, ya que sí existieron dichos casos.

Si bien el Ministerio de Salud y la propia Seremi anunciaron una auditoría interna por el caso, los resultados de estas no se han hecho públicos. El 2014, Aranda se limitó a responder a la prensa que “su contrato, a través de una empresa de servicios, estaba ajustado a la norma”.

Según Méndez, no es un problema per se que exista gente contratada bajo honorarios y de forma tercerizada en la administración pública. “Pero si esta persona no cuenta con título profesional, o no se presenta a su lugar de trabajo, obviamente, sería sujeto a una irregularidad”, acota.

Otra querella, presentada por el asesor jurídico Yuri Arancibia en 2016, buscaba esclarecer los delitos de cohecho y fraude al fisco cometidos presuntamente en la contratación a través de AGP de Manuel Millones, por “trabajos que no se habrían efectuado, generando con ello un daño patrimonial al Estado”. La causa, de la que el Consejo de Defensa del Estado es parte querellante, aún permanece en la Fiscalía Local de Valparaíso.

Lo que más indigna a Darma López, es que mientras Aranda cobraba como asesora de la Gobernación, también asistía regularmente al Congreso para llevar adelante una agenda en contra de lo que ella llama “ideología de género”. “Como dirigente muchas veces me tocó asistir al Congreso, y ahí estaba ella con el senador Chahuán. Una entiende que cuando cambia el gobierno, llegan nuevas personas, ¡pero tienen la decencia de venir a trabajar! Si usted cobra por algo y no viene, es un fraude”, concluye.

Ver a Aranda en televisión, hace a López reflexionar. “Yo trabajo en agrupaciones de familia en mi iglesia, pero nunca expondría a otras personas a un mensaje que incita al odio y a violencia de esta forma. Toda la gente tiene derecho a expresar lo que piensa, pero siempre que eso sea coherente con su trayectoria de vida. Ella, con su ‘supuesto trabajo’ acá, nos generó mucha violencia.”, sostiene.