Acusación contra ministro Ávila: efecto Aranda, indecisos y ausencias podrían definir destino del titular de Educación

Este miércoles se votará la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, en la sala de la Cámara. Una instancia que ha tenido una polémica previa, luego de la intervención de Marcela Aranda, del Observatorio Legislativo Cristiano, en la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional, quien planteó que el secretario de Estado “es un lobbista LGBTIQ+ y/o un ministro de Educación de la República de Chile” y que “debe dar explicaciones si es que su condición, cualquiera sea, impide o afecta de alguna manera la ejecución de su cargo y vulnera los derechos de otros, o incumple las leyes o la Constitución”. Dichos que fueron clasificados como homofóbicos por parte del Gobierno y representantes de la Cámara.

El Gobierno se manifestó tachando que “es una acusación que se ha inspirado en la homofobia y la discriminación“. El Presidente Boric también expresó su opinión sobre el caso. “Las acusaciones constitucionales son legítimas herramientas de fiscalización de los diputados. Desgraciadamente la acusación al ministro Ávila está marcada por la homofobia, que aquí queda claramente en evidencia. Y esto no debería ser aceptable en nuestra sociedad”, sostuvo. 

Una intervención que ya empieza a mostrar su impacto, ya que el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) aseguró que las declaraciones de Marcela Aranda “no ayudan”. También puso en duda el respaldo a la acusación constitucional contra el ministro Ávila y aseguró que está “en reflexión”, en conversación con radio ADN.

“Aquí se están confundiendo muchas cosas y lamentablemente eso puede hacer que no sea tan transparente esta acusación constitucional. Yo, en lo personal, estoy en reflexión. A mí no me ayuda en nada los argumentos presentados en la comisión, como tampoco me ayudan las defensas del Pdte. Boric”, sostuvo el diputado Undurraga. “Su condición no es lo relevante”, afirmó.

Otros diputados también han hecho referencia a las razones de la acusación al ministro. “Yo, personalmente, aún no logro descubrir la falta constitucional del ministro en cuestión”, dijo el diputado del CDU Miguel Ángel Calisto (exmilitante DC), quien conforma un grupo con Joanna Pérez, Jorge Saffirio y Érika Olivera.

El diputado y presidente de Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, sostuvo en entrevista a Radio Universidad de Chile, que, a título personal, “en el caso de la acusación que se está haciendo contra el ministro Ávila no se configura ninguna infracción a la Constitución de la República, por lo tanto, no tiene mérito la acusación constitucional”.

Comisión Revisora rechaza Acusación Constitucional contra Ávila

Este martes, la Comisión Revisora de la Cámara de Diputados rechazó la acusación por tres votos contra dos. En esta instancia votaron a favor de la acusación los diputados de oposición Gloria Naveillán y Miguel Ángel Becker (RN).

Los diputados Tomás Hirsch (Acción Humanista), Juan Santana (PS) y Héctor Ulloa (Independiente-PPD) votaron en contra de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

Estos resultados no son vinculantes con la votación en la sala de la Cámara, pero son recomendaciones para el hemiciclo.

Ausencias que complican los votos

Pero la intervención de Marcela Aranda no es lo único que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar el futuro del ministro de Educación. También hay ausencias que puede ser clave durante la acusación que fue impulsada por el Partido Social Cristiano y que tiene el respaldo del Partido Republicano y Chile Vamos.

La presencia de la diputada Catalina Pérez está en duda por el caso Convenios. La diputada presentó licencia médica hasta el 23 de julio, pero igual podría ir a votar este miércoles.

Las diputadas Danisa Astudillo (PS) y Gael Yeomans (Convergencia Social) se encuentran fuera del país, por lo que no estarán el día de la votación. Sus ausencias serán compensadas mediante “pareos” por la ausencia del diputado Gonzalo de la Carrera quien está hospitalizado, y por el viaje de Agustín Romero, diputado republicano.

El independiente Carlos Bianchi, quien está asociado a la bancada del PPD, no estará presente producto de una cirugía. La diputada PC, Carmen Hertz, tampoco se presentaría y ya no ha asistido por problemas de salud. Hasta este lunes, ninguno ha conseguido pareos para compensar sus ausencias.

Tomando en consideración lo anterior, el oficialismo tendría 63 votos para defender a Ávila (sin considerar a Pérez, a Astudillo, a Yeomans ni a Hertz, pero agregando el respaldo de, al menos, tres independientes asociados a sus bancadas: Camila Musante, Mónica Arce y Félix González).

Si los cuatro votos del grupo CDU y de los cinco DC (Undurraga, Eric Aedo, Ricardo Cifuentes, Héctor Barría y Felipe Camaño) se inclinan por rechazar o, incluso, abstenerse frente a la acusación, el ministro Ávila llegaría a una base de 72 votos.

El ministro Ávila necesitaría un empate en votos

A diferencia de los acusadores, que deben reunir una mayoría (50% más uno de los diputados presentes), al ministro le basta un empate en votos. Es decir, con 74 o 75 votos (ya sea en contra o abstenciones), el titular del Mineduc zafaría del libelo.

Los indecisos son quienes mantienen el futuro de esta acusación sigue estando en manos de los indecisos. Hasta este lunes serían: René Alinco, Pamela Jiles, Enrique Lee y Viviana Delgado; los militantes del PDG, Rubén Oyarzo y Gaspar Rivas; y el miembro de Amarillos, Andrés Jouannet.

¿Qué plantea la acusación?

La acusación constitucional tiene como eje son los programas de formación sexual y afectiva que promueve el Mineduc.

Las críticas al ministro que se han llevado toda la atención de este juicio político, con un libelo acusatorio que contiene 7 capítulo, son dos: Por un lado, se cuestiona el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos luego de que el 17 de mayo se publicara una actualización al documento de “orientación de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en el sistema educativo chileno”.

El segundo punto es una denuncia que realiza la oposición a través del libelo acusatorio de irregularidades por $112 mil millones en entrega de alimentos por parte de Junaeb. Esta acusación ha sido cuestionada por la pertinencia que tendría el ministro y el Ministerio de Educación en estas irregularidades.

¿Qué pasa si se aprueba en la Cámara?

De aprobarse la acusación en la sala de la Cámara este miércoles, el ministro de Educación quedaría suspendido de su cargo, a la espera de la votación final de su destitución en el Senado, escenario que el oficialismo espera no tener que enfrentar.