Caso de abusos sexuales contra cien escolares de entre seis y ocho años abre viejas heridas en Ecuador

El reciente caso de abusos sexuales cometidos contra al menos cien escolares ha abierto una vieja herida en el sistema educativo de Ecuador, lastrado por lamentables precedentes pese a los que han fallado los protocolos de actuación.

Tal es la magnitud del fenómeno en los centros educativos que el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, ha incluido en la consulta popular que planea convocar a principios de 2018 una pregunta para enmendar la Constitución de manera que los delitos sexuales a menores no prescriban.

El Ministerio del Interior ha ofrecido una recompensa de 10.000 dólares por información que permita dar con el paradero de un sospechoso que logró escapar del allanamiento al centro educativo Réplica Aguirre Abad de Guayaquil, donde se produjeron los hechos.

Allí fueron agredidos al menos un centenar de menores, de acuerdo con la fiscal Patricia Morejón, con edades comprendidas entre los 6 y 8 años, según los progenitores denunciantes.

Los exámenes médicos y psicológicos determinaron que al menos cuatro de ellos habían sido violados.

De momento, hay dos sospechosos detenidos en prisión preventiva por el presunto delito de violación de menores, y un tercero fugado, que habrían cometido los actos en los baños del colegio en horas de recreo.

Los sospechosos habrían amenazado y entregado a sus víctimas sedantes para cometer los actos y medicamentos para paliar las consecuencias, de acuerdo con las denuncias.

Se presume que las agresiones podrían remontarse a cursos anteriores, de ahí el elevado número de víctimas.

Más allá de la conmoción y alarma inicial al destaparse la semana pasada este nuevo caso, la indignación de los padres y toda una sociedad no deja de crecer porque la institución educativa sabía del fenómeno al menos desde mayo.

Así lo revela uno de los informes -otro fue emitido un mes después-, que fue remitido a las autoridades educativas del distrito en lugar de judicializarlo, como dicta el protocolo.

A esto se suma el hecho de que, al igual que en otros alarmantes casos ocurridos en escuelas ecuatorianas ante “hechos bochornosos y terribles”, como los describió la fiscal, las autoridades del centro incluso impidieron el acceso de la Policía especializada en niños (Dinapen), que tuvo que escalar uno de los accesos para poder efectuar los registros y detener a los supuestos implicados.

Una circunstancia que habría dado tiempo al tercer sospechoso a escapar.

El ministro de Educación, Fander Falconí, repudió en un comunicado “la violencia contra la niñez y la adolescencia” y se comprometió a “sancionar los actos”.

Aseveró que en este caso se evidenciaron “omisiones negligentes e irresponsables” por parte de autoridades del plantel y del distrito, por lo que fueron retiradas de sus funciones, entre otras medidas adoptadas.

“La pregunta que nos hacemos todos es la de cómo es posible que no se dieran cuenta después de todo el tiempo que estuvo pasando”, se cuestiona Rosanna Viteri, directora de Plan Internacional en Ecuador.

La responsable de esta organización, que trabaja en 70 países en defensa de la infancia, sostiene en declaraciones a Efe que una de las posibles razones es que en el país hay “un gravísimo problema estructural de normalización de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes”, que “está naturalizada en patrones culturales”.

Ante una situación como la registrada en la escuela de Guayaquil, donde debían haber saltado las alarmas, Viteri hecha la culpa tanto a la ausencia de leyes específicas, como a la “incivilización”.

Ecuador cuenta con recientes y sonados casos como de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari (Ampetra) de Quito, en la que 41 niños de entre 10 y 11 años sufrieron abusos por parte de un profesor que estuvo dos años prófugo y hoy cumple 16 años de prisión por esas agresiones, entre las que se cuenta una violación.

La capital ecuatoriana también fue escenario de uno de los casos que más impactó a la ciudadanía, el del colegio La Condamine, donde un profesor de natación violó a un menor de 7 -en el momento en que se conoció-, por lo que fue sentenciado a 22 años de cárcel, aunque ha apelado y fue apoyado por el profesorado del centro.

Entre 2014 y 2017, el Ministerio de Educación han contabilizado 882 casos de abusos contra estudiantes en Ecuador, de los cuales 561 ocurrieron en centros escolares.

Silvia Martínez, directora del grupo “Rescate Escolar” subraya: “Si estamos hablando de cientos de niños no puede haber tranquilidad. No podemos dormir en paz como sociedad”.