La elección presidencial ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión constituyente, tanto por la intención declarada por Carlos Ruiz y Fernando Atria de generar una convergencia política que posibilite una salida constitucional al proyecto neoliberal, como por el anuncio del candidato de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, de impulsar un plebiscito. Los resultados de la primera vuelta presidencial y de la elección parlamentaria evidencian que la ciudadanía desea, mayoritariamente, recuperar la soberanía sobre sus cuerpos, sus comunidades y sus territorios. Esto requiere terminar con las normas e instituciones que constituyen a nuestra sociedad de un modo neoliberal, donde las lógicas de la competencia y de la mercantilización condicionan prácticamente todos los planos de la vida social, transformando a los ciudadanos en consumidores.

La recuperación de la discusión constituyente debe poner el acento en el involucramiento participativo de toda la comunidad política. Un proceso constituyente que realmente permita dar paso a una nueva estructura de relaciones de poder en la sociedad no puede estar condicionado por el viejo ciclo político, marcado por la exclusión que generó el binominalismo y por la mercantilización de la vida y de la propia actividad política institucional. Creemos en un proceso constituyente que responda al nuevo ciclo político inaugurado con el surgimiento, desde la sociedad, de nuevas fuerzas políticas, las que han logrado consolidar su incorporación al aparato institucional del poder a través de una bancada parlamentaria. Es decir, un proceso constituyente que responda a las exigencias que la ciudadanía formula al sistema político: más aire fresco, más diversidad, más rendición de cuentas.

La participación acotada y no vinculante que ofrecieron los procesos constituyentes impulsados durante el gobierno de Michelle Bachelet, en sus variantes ciudadana e indígena, no están a la altura de las expectativas de esta ciudadanía empoderada, ni de los pueblos originarios históricamente invisibilizados. En consecuencia, es necesario un diálogo constitucional de cara al nuevo ciclo político que comenzará en marzo de 2018, que adopte el camino de la soberanía ciudadana en la determinación del proceso constituyente. Dado el nuevo escenario, superar la actual coyuntura significa generar las condiciones sociales y políticas que hagan posible reconducir la decisión constituyente hacia la soberanía popular. El diseño del Ejecutivo, propio de un ciclo político cupular y marcado por el binominalismo, apunta a consolidar el gobierno de la casta política: consultar a la ciudadanía, pero sin ceder poder.

A nuestro juicio, esto supone incorporar el plebiscito y la asamblea constituyente como vehículos de participación ciudadana, habilitando los canales necesarios para una participación constituyente directa, sean estos creados, o bien, reconociendo los ya existentes a nivel local. La comunidad política debe tener la posibilidad real de proponer los contenidos de un nuevo arreglo constitucional. Sin embargo, la propuesta del actual Gobierno no avanza en esa dirección; por el contrario, asume como propias las mismas reglas de la actual Constitución que impiden una libre manifestación de la voluntad popular.  En efecto, en el proyecto de reforma al Capítulo XV de la Constitución (que busca incorporar la convención constitucional como mecanismo para cambiar íntegramente el texto y que se tramita con “suma urgencia” durante estas semanas), persiste en la desconfianza hacia la democracia que caracteriza a la Constitución vigente, pues insiste en recurrir a los mismos mecanismos que neutralizan el poder político del
pueblo.

Sin que hubiera norma expresa que le obligue, el Gobierno asumió el quórum más alto para la aprobación de este proyecto de reforma constitucional en el Congreso Nacional: dos tercios, lo que hace completamente ilusorio el éxito del proyecto. Como si eso fuera poco, el proyecto traspasó estos mismos quórum tanto al funcionamiento de la convención constitucional (dos tercios o tres quintos, según las materias) como a la ley orgánica que regule su funcionamiento (la cual, distorsionando la arquitectura constitucional, sube de cuatro séptimos a tres quintos).

Al establecer los pisos de aprobación en 3/5 y 2/3 para la reforma constitucional, el proyecto se deja colonizar por la misma desconfianza hacia la democracia que denuncia en la Constitución vigente, mirando el fenómeno constituyente sólo desde la institucionalidad del Estado y no desde la comunidad política.

Habiendo mecanismos actualmente en discusión para destrabar la cuestión constitucional desde la ciudadanía (el proyecto de ley que habilita a la Presidenta para convocar a plebiscito duerme en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados desde 2015), el Gobierno envió un proyecto de ley que refleja los paradigmas de la actual Constitución: sustracción de poder al pueblo de Chile y desprecio por la democracia.

En ese sentido, las coaliciones políticas que aspiran a representar desde el Congreso Nacional a la mayoría de los chilenos que desean poner fin al neoliberalismo que mercantiliza sus vidas, deberán asumir un compromiso político claro para impulsar aquellos contenidos constitucionales que logren dicho objetivo. La ciudadanía tiene derecho a exigir claridad respecto de los ideales y proyectos constitucionales que proponen las fuerzas políticas de cara a la segunda vuelta presidencial y, en particular, al nuevo Congreso que se instalará en marzo próximo.

El reordenamiento de la representación parlamentaria representa un hito que exige un juicio político sobre el sentido del proceso constituyente (ciudadano e indígena) de la presidenta Michelle Bachelet, así como una rectificación políticamente honesta del mismo. En el marco del nuevo ciclo que se iniciará en marzo de 2018, parece evidente que la solución a nuestro problema constitucional no pasa por reformas que consoliden el poder de la élite gobernante.

No habrá nueva Constitución sin una decisión del pueblo soberano, tanto respecto de sus contenidos como de las relaciones de poder que configuran nuestra vida en común. En ese sentido, tal como lo hemos sostenido desde la elección presidencial de 2013, lo mínimo es convocar a un plebiscito para que la ciudadanía se pronuncie sobre la cuestión constitucional, pues circunscribir la discusión a la élite política garantiza la protección del actual estado de la sociedad, con los privilegios y abusos propios de un modelo constitucional neoliberal.

Amaya Álvez Marín, profesora de Derecho Constitucional, U. de Concepción
Jaime Bassa, profesor de Derecho Constitucional, U. de Valparaíso
John Charney, profesor de Derecho Constitucional, P. U. Católica de Valparaíso
Alberto Coddou, profesor de Derecho Constitucional, UDP
Jorge Contesse, profesor de Derecho Constitucional, UDP y Rutgers University
Domingo Lovera, profesor de Derecho Constitucional, UDP
Pablo Marshall, profesor de Derecho Constitucional, U. Austral de Chile
Daniela Marzi, profesora de Derecho del Trabajo, U. de Valparaíso
Fernando Muñoz, profesor de Derecho del Trabajo, U. Austral de Chile
Nicole Selamé, profesora de Teoría del Derecho, U. de Valparaíso
José Luis Ugarte, profesor de Derecho del Trabajo, UDP
Christian Viera, profesor de Derecho Constitucional, U. de Valparaíso