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Opinión

30 de Enero de 2018

Los riesgos de la autonomía policial

En el plano investigativo hay que ser enfáticos: el problema no son las facultades, sino la colaboración del proceso y sus resultados. Es un imperativo contar con una política de trabajo conjunto entre ambas policías que hoy duplican labores, laboratorios, sistemas, y un largo etcétera. Compenetración que también debe existir entre policías y Ministerio Público, encargado de la dirección de las investigaciones, con transparencia de sus resultados y de las consecuencias de errores investigativos, generalmente impunes.

Lucía Dammert y Paula Vial
Lucía Dammert y Paula Vial
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Las democracias sólidas cuentan con policías profesionales y eficientes, que actúan bajo el respeto de los derechos humanos. Y este es el caso de Chile. O era. ¿Qué pasó? Múltiples son los factores pero se vinculan con un problema central: la autonomía policial.

Con el regreso de la democracia, en Carabineros ni los cambios fueron tan profundos, ni las respuestas suficientemente contundentes, ante las múltiples señales de preocupación, y sin embargo se consolidaron diversas áreas de autonomía. Aun cuando existe normativa de control externo, prima la confianza, permitiendo que el control se realice principalmente por funcionarios policiales y limitando el desarrollo de capacidades civiles para entender y enfrentar los problemas policiales.

El mínimo debate presupuestario es un ejemplo donde los 1.3 billones de pesos que recibe la institución entran en una caja propia, intocable, que incluye enormes espacios de ineficiencia y baja transparencia.

La autonomía no solo se vincula a la gestión sino también a la investigación criminal. Carabineros ha sido claro en afirmar que el recorte de facultades y atribuciones para investigar que generó la Reforma Procesal Penal motiva la impunidad. Discurso con poca evidencia amplificado por los medios y enfatizado en los debates políticos. Las atribuciones policiales han aumentado de “agenda corta” en “agenda corta” sin exigencia ni evidencia de resultados más eficientes. El control de identidad preventivo, por ejemplo, en los hechos no ha contribuido en la persecución criminal, pero sí ha restringido derechos y ha reinstalado la estigmatización.

Se requiere una reforma estructural del gobierno de la seguridad. Empezando por una modificación legal que permita conocer la distribución del personal policial, para uso estratégico de autoridades locales, junto al fortalecimiento de instancias efectivas de control presupuestario. También, avanzar con mayor transparencia en castigos y mecanismos de prevención de casos de corrupción y uso excesivo de fuerza. Un efectivo gobierno de la seguridad requiere fortalecer capacidades civiles para impedir que programas evaluados como ineficientes y caros, como el Plan Cuadrante, se mantengan prácticamente sin cambios. Así como analizar la posibilidad de contar con un escalafón único, que permita desburocratizar, agilizar y potenciar la organización.

En el plano investigativo hay que ser enfáticos: el problema no son las facultades, sino la colaboración del proceso y sus resultados. Es un imperativo contar con una política de trabajo conjunto entre ambas policías que hoy duplican labores, laboratorios, sistemas, y un largo etcétera. Compenetración que también debe existir entre policías y Ministerio Público, encargado de la dirección de las investigaciones, con transparencia de sus resultados y de las consecuencias de errores investigativos, generalmente impunes.

En este punto queremos ser claras, no estamos buscando la destrucción de la institución ni su fragilidad. Tampoco creemos que los problemas se solucionen con un cambio de dirección, únicamente. Por el contrario, la única forma de consolidar una policía democrática y efectiva, es fortaleciendo sus capacidades, aumentando su profesionalización, vinculándola con los mejores conocimientos en la temática pero también estableciendo con claridad la necesidad de transparencia y control civil.

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