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Mundo

19 de Febrero de 2018

Incautan bienes por 230 millones de dólares a presuntos testaferros de FARC

Las autoridades colombianas capturaron a tres presuntos testaferros de la desmovilizada guerrilla de las FARC e incautaron bienes valuados en 650.000 millones de pesos (unos 230 millones de dólares), entre ellos 60 supermercados, informaron hoy fuentes oficiales. “La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre bienes cuyo […]

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Las autoridades colombianas capturaron a tres presuntos testaferros de la desmovilizada guerrilla de las FARC e incautaron bienes valuados en 650.000 millones de pesos (unos 230 millones de dólares), entre ellos 60 supermercados, informaron hoy fuentes oficiales.

“La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre bienes cuyo valor es cercano a los 650.000 millones de pesos, entre los que se cuentan una cadena de supermercados populares y casas de recreo”, indicó el ente investigador en un comunicado.

Entre los bienes incautados figuran también reses y sociedades comerciales en 23 municipios, entre ellos Bogotá, de seis departamentos colombianos, agregó la información.

Según la Fiscalía, luego de varios meses de investigación se pudo identificar una red de testaferros de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que operaba en la antigua zona de distensión de El Caguán, que en 1999 creó el entonces presidente Andrés Pastrana en el sur del país para entablar un proceso de paz con la guerrilla.

De este modo, hoy fueron capturados en Bogotá los hermanos Norberto, Uriel y Edna Mora Urrea, propietarios de la cadena de supermercados Supercundi, Merkandrea y Mercafusa, que suman 60 locales comerciales, y a quienes se les imputarán los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.

“Los hermanos se habrían prestado para fungir como dueños de estos supermercados que, en los años noventa, eran propiedad de un empresario que fue víctima de secuestro, además de aparecer como propietarios de otras sociedades que llamaron la atención por su rápido e inexplicable crecimiento económico”, indicó la Fiscalía.

Entre las pruebas recopiladas por las autoridades colombianas figura que el patrimonio de la familia pasó entre 2006 y 2016 de 1.500 millones de pesos (unos 529.425 dólares) a cerca de 30.000 millones de pesos (unos 10,5 millones de dólares).

La Fiscalía agregó que los supermercados, que al parecer sirvieron “como red de abastecimiento” para la guerrilla, “al tiempo que servían como fachada para el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas”, se caracterizaban por vender productos con precios muy por debajo del valor comercial.

Según la directora de la Fiscalía Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, Andrea del Pilar Malagón, para el hallazgo de los testaferros y sus bienes fueron fundamentales “los testimonios de los desmovilizados de las FARC”.

En otro operativo, la Fiscalía pudo identificar bienes que pertenecieron al guerrillero Tomás Medina Caracas, alias “El Negro Acacio”, quien fue abatido por el Ejército colombiano en 2007.

De este modo, se estableció con fines de extinción de dominio que varias propiedades del ciudadano colombo-brasileño José Hugo Chaux Cuéllar; su esposa, Luz Stella González, y el hijo de ambos, José Hugo Chaux González, fueron obtenidos con dinero presuntamente entregado por el jefe guerrillero.

Entre los bienes se encuentran inmuebles ubicados en Bogotá y en los departamentos de Meta (centro) y Guaviare (sur), vehículos, establecimientos de comercio y varias cabezas de ganado bovino y equino, que suman 15.000 millones de pesos (unos 5,2 millones de dólares).

El pasado 15 de agosto, la Misión de la ONU en Colombia entregó al Gobierno 135 folios con el listado de bienes y activos que decían tener las FARC, un compromiso pactado en el acuerdo de paz que firmaron las partes en noviembre de 2016.

Un mes después, el Gobierno recibió de las FARC cerca de 5.000 millones de pesos (unos 1,7 millones de dólares) para el fondo para reparar a las víctimas del conflicto armado.

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