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Opinión

9 de Marzo de 2018

Columna: ¿Cerrar Punta Peuco?

Punta Peuco

Es indignante que mientras los presos pobres tengan que subsistir en depósitos insalubres, los violadores de derechos humanos gocen de un encarcelamiento relativamente digno en Punta Peuco. Sin embargo, resulta inaceptable que este gobierno, en vez de preocuparse por mejorar las condiciones carcelarias comunes, prefiera bajar el estándar de vida de una cárcel digna.

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Cualquiera que conozca la operatividad del derecho penal sabrá que la igualdad ante la ley y el respeto por los derechos humanos son puro texto lindo y que en el mundo que deben sufrir los presos el lenguaje de las leyes no construye realidad.

La simple observación de cómo funciona el derecho penal revelará inmediatamente su selectividad clasista. Una división palpable entre nosotros y los otros que parece explicarse casi naturalmente. En un mundo lleno de miedos nuestra tranquilidad depende del control de los otros, y los políticos saben del rédito electoral que da el populismo punitivo y sin ningún problema de conciencia impulsan y votan constantemente leyes que criminalizan la pobreza y fomentan el hacinamiento carcelario. Total, esos depósitos humanos sucios e indignos son para los otros.

Es tan brutal esta diferenciación que más importa la condición social del condenado que el delito que cometió. Y, ante una expansión descontrolada del derecho penal (para nosotros y para los otros), el proceso penal funciona como filtro social garantizando el respeto de la dignidad de nosotros y no de los otros. Ladrones torpes y de poca monta, mecheras y pequeños y pequeñas traficantes son los clientes habituales de nuestras cárceles. Casi todos provenientes de los márgenes más pobres de nuestras ciudades o de países vecinos. Y, aunque los gobiernos de turno y Paz Ciudadana nos quieran convencer de que no es tan así, las cárceles, más que espacios de control del delito, gestionan la pobreza.

Hace pocos días leí un nuevo informe de la Corte Suprema sobre el estado de las cárceles actuales. Ninguna sorpresa. Sus conclusiones coinciden con un pionero estudio de 1777 en el que Howard describió la realidad carcelaria como un espacio sucio, violento, corrupto, promiscuo e insano. Y tras más de 200 años intentando mejorar lo inmejorable, no faltan los legos que siguen creyendo en las cárceles rehabilitadoras como si pudiéramos enseñarle a alguien a nadar en un submarino.

Y todo esto, aunque parezca, no es una fatalidad natural. Bachelet, por ejemplo, con sus Agendas Cortas Antidelincuencia, ha podido mejorar sus pobres porcentajes de aprobación fomentando para ello el encierro masivo de los pobres.

Por otro lado es indignante que mientras los presos pobres tengan que subsistir en depósitos insalubres, los violadores de derechos humanos gocen de un encarcelamiento relativamente digno en Punta Peuco. Sin embargo, resulta inaceptable que este gobierno, en vez de preocuparse por mejorar las condiciones carcelarias comunes, prefiera bajar el estándar de vida de una cárcel digna.

¿No sería mejor implementar una política criminal desencarceladora y respetar la dignidad de los presos comunes y dejar de incumplir con normas internacionales que exigen respetar los derechos humanos de los presos?, ¿será acaso el cierre de Punta Peuco la última señal de autoritarismo penal de uno de los gobiernos más punitivos de nuestra historia democrática?

Silvio Cuneo Nash, Director Centro de Investigaciones Criminológicas de la Justicia Penal. Facultad de Derecho Universidad Central de Chile.

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