El informe CIDH: la verdad en la matanza de abril

El informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la matanza de abril es contundente en sus hallazgos sobre la dimensión del horror que padecieron las víctimas de la represión, y demoledor en sus conclusiones sobre las responsabilidades del Estado en el uso excesivo de la violencia policial y paramilitar. Por la naturaleza del mandato de esta visita de solamente cuatro días, el informe no establece la verdad en cuanto a las responsabilidades individuales de los perpetradores de la violencia, y aún estamos muy lejos de que se haga justicia como demandan los familiares de las víctimas, pero representa un paso irreversible para desmantelar el muro de encubrimiento de los crímenes del régimen Ortega Murillo. El informe de la CIDH ha sentado las bases de la transparencia en la nueva Nicaragua, al grado que ni el propio canciller del régimen se atrevió a refutarlo y en nombre del Gobierno acogió sus quince recomendaciones en el diálogo nacional.

En la Nicaragua anterior a la rebelión de abril, en el reino de la opacidad y la impunidad, esto habría sido imposible, empezando porque la presencia de la CIDH estaba vetada en el país y el Estado se ausentaba a todas las audiencias de la Comisión. Después del 18 de abril, Ortega objetó en tres ocasiones la visita de la CIDH alegando que primero debían esperarse los resultados del trabajo de investigación de los órganos internos, su Fiscalía, su Policía, y la “Comisión de la Verdad”, nombrada por su Parlamento. Y solamente fue por la presión popular, por la lucha de los estudiantes universitarios, y por el respaldo de la Conferencia Episcopal y de todos los sectores del país, que el dictador, como Somoza después del genocidio en septiembre de 1978, se vio obligado a aceptar la visita de la CIDH.

Este informe contra la impunidad ha sido posible, por lo tanto, a contrapelo del régimen, y como resultado de la resistencia cívica nacional, y del coraje y el dolor de los familiares de las víctimas que se desbordaron para presentar sus testimonios y denuncias ante la CIDH en Managua, Masaya, León y Matagalpa. Ellos, los ofendidos y vilipendiados por el régimen, han logrado una victoria, por ahora moral y política, que requiere de nuevas acciones para identificar a los victimarios y establecer sus ulteriores responsabilidades de tipo penal. Mientras al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y a los Gobiernos del continente, les corresponderá convocar a los órganos políticos de la OEA para debatir sobre la responsabilidad de los gobernantes, en una de las peores masacres ocurridas en América Latina en tiempos de paz.

Entre los hallazgos y recomendaciones del informe de la CIDH, menciono tres que requieren acciones inmediatas por parte del Estado de Nicaragua, y que solo podrán conseguirse si se mantiene movilizada la presión cívica nacional:

Primero, el Estado debe hacer público el reconocimiento de la identidad de todas las víctimas fatales de la masacre y los heridos graves, y entregar a sus familiares el expediente de cada caso. Hasta hace una semana, el régimen únicamente reconocía de forma extraoficial la existencia de 12 muertos. Sin embargo, a última hora el domingo en la noche cancillería entregó a la CIDH una lista de 76 muertos, una cifra incluso mayor que la estimada por organizaciones de derechos humanos, como Cenidh y CPDH y medios de comunicación como Confidencial que han corroborado de forma independiente sus identidades. Ahora el Estado está obligado a publicar esta lista y hacer un reconocimiento público de las víctimas de la matanza.

Segundo, el Estado debe “desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil”, como demanda el informe de la CIDH. La supresión de las fuerzas paramilitares y grupos de choque adeptos al Gobierno, ha sido demandada por la Conferencia Episcopal, y el Gobierno sigue incumpliendo con este requisito del diálogo nacional. Hasta ahora ningún paramilitar ha sido detenido o se encuentra bajo proceso de investigación. El desarme de estos grupos y el sometimiento ante la justicia de sus miembros, líderes y auspiciadores, es condición sine qua non, para emprender mañana una reforma policial, con la garantía de que la estabilidad y la seguridad ciudadana no será socavada por la existencia de pandillas armadas.

Tercero, se necesita crear “un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos, con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables”. Al aceptar formalmente esta recomendación de la CIDH, el régimen Ortega-Murillo se ha comprometido a facilitar uno de los requisitos de la transición democrática, para restablecer las bases de la justicia. Pero al mismo tiempo, Ortega y Murillo se mantienen aferrados al poder, y se niegan a negociar los términos de su salida pacífica.

Esa es la encrucijada en que se encuentra hoy Nicaragua. Mientras el pueblo está demandando verdad, justicia, y que se vayan del poder, tres pasos inseparables, los gobernantes amenazan con imponerle al país una nueva escalada de violencia. Por ello, es imperativo que regrese a Nicaragua la CIDH y se mantenga su presencia, aquí donde fue abolido el Estado de Derecho bajo una dictadura en la que no se respeta el derecho a la vida ni a la protesta pacífica, necesitamos que al menos prevalezca el derecho a la verdad, si no podemos detener la próxima masacre.

Autor: Carlos F. Chamorro.
Este texto fue publicado originalmente en ElConfidencial.com.ni.