Diego Ibáñez (MA) y solicitud ante el CIDH: “Tenemos que frenar la violación de derechos humanos de parte del Estado”

Desde esta semana el diputado Diego Ibáñez preside la comisión que investiga la crisis medioambiental que afecta a Quintero y Puchuncaví. En la primera sesión se presentarán las comunidades ante los parlamentarios.

¿Cuáles son los alcances reales de esta comisión?
-Aquí se unen antiguas comisiones, una que se propuso investigar las zonas de sacrificio, específicamente Quintero con Puchuncaví; y la comisión que pretende esclarecer responsabilidades políticas respecto del daño en contaminación del 2017, que representó a la contraloría, por haber tenido inflados los estándares de emisión de contaminantes.

Desde ahí que uno de los objetivos que planteamos con esta comisión, es esclarecer las responsabilidades detrás de los protocolos coordinados para emergencia en esta situación particular de Puchuncaví. La irresponsabilidad del Estado por las desreguladas zonas de sacrificio y proponer alternativas legislativas al ejecutivo. Tenemos que frenar la violación de derechos humanos de parte del Estado y avanzar hacia una matriz productiva que nos permita, al menos en la dimensión de la institucional medioambiental, cumplir con los estándares de la Organización Mundial de la Salud.

¿El objetivo de la comisión entonces es normar este tipo de situaciones? 
-Exacto, normar delitos medioambientales con cárcel, homologar la norma nacional al estándar internacional. Fortalecer la institucionalidad medioambiental, por ejemplo, hoy día la superintendencia tiene solamente 3 funcionarios técnicos supervisores para una región que es de más de 2 millones de habitantes, como es la Quinta Región. La institucionalidad medioambiental no tiene mecanismos para participar con las comunidades de forma activa y finalmente se imponen proyectos de inversiones en territorios particularmente rurales o semi-rurales. Hay varios elementos que queremos discutir con los parlamentarios, que yo creo que vamos a llegar a consenso. Con la mayoría de los que he conversado, incluso del oficialismo, hay un diagnóstico muy similar de lo que pasa.

La semana pasada el diputado Ibáñez, apoyó el ingreso de modificaciones a la ley 19.300, que elevó el diputado Rodrigo González (PPD) para tipificar los delitos medioambientales, de tal manera que el daño al medio ambiente, sea penado con cárcel y con multas más elevadas de las que actualmente existen. Los diputados llamaron al presidente a dar urgencia al proyecto para que se pueda discutir en la Comisión de Medioambiente.

Además, presidirá la comisión investigadora, el diputado del Movimiento Autonomista, junto al senador Juan Ignacio Latorre, elevarán una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “para que se pronuncie respecto de la violación a los derechos humanos producto de la negligencia del Estado en materia sanitaria y medioambiental, particularmente en Quintero y Puchuncaví. Y esa solicitud esperamos que hoy día pueda producir una presión internacional para que se adopten las formas internacionales de calidad de suelo, aire y agua, y nos permita elevar nuestras normas. Necesitamos regular a las empresas, que particularmente en nuestra economía que es abierta, hacen que el desarrollo tenga dos caras: pobreza y sacrificio de comunidades; y por otro lado una concentración de riquezas brutal”.

Particularmente en temas de zonas de sacrificio, nunca se ha llevado a Chile hasta esta instancia.

La ministra Carolina Schmidt, anunció el traspaso de 9 estaciones de monitoreo de calidad del aire al Estado. Esto dentro del plan de acciones de descontaminación anunciado por el gobierno la semana pasada. ¿Qué te pareció la medida adoptada?
-El año 2011 cuando se levantó la primera comisión investigadora por las intoxicaciones en la Greda, el gobierno de Piñera ya había propuesto un sistema de monitoreo público que fuera transparente y confiable. Hoy día, después de 8 años, el gobierno toma esta iniciativa que fue propuesta en su primer gobierno. Por tanto, es bastante tarde la medida, aunque más vale tarde que nunca.

¿Y sobre el plan de descontaminación?
-Hace tres meses la ministra Cubillos propuso un plan de descontaminación en la comisión de medioambiente. Pero la norma sobre la cual se basa la ley de contaminación es muy permisiva con la industria. Además, la ministra Carolina Schmidt no propone normas para la calidad del suelo y el agua, sino sólo medidas para recuperar lo contaminado. Esta falta de normalización le evita a las empresas privadas desembolsar dinero para regirse a las normas internacionales.

¿Es compatible comenzar un proceso de limpieza medioambiental, sin cerrar las industrias? 
-No creo que haya que cerrar todas las industrias. Sí creo que al menos hay que cerrar dos termoeléctricas, que son Ventana 1 y Ventana 2, que tienen más de 40 años y están funcionando con carbón. Y muchas de estas termoeléctricas son responsables de varamientos en la playa y de material particulado que hoy está a más del doble de lo que propone la OMS. Entonces hay empresas que, a mi juicio, el Estado tiene que cerrar. Pero el resto de las empresas que generan empleo tienen que funcionar de manera sustentable. No creo que haya una dicotomía entre producción de empleo y sustentabilidad. Pero sí creo que es una dicotomía en la medida en que creamos que solamente reduciendo los costos de las empresas vamos a producir más empleo. Y eso es una ficción y una mentira que cualquier país de la OCDE podría enrostrarle a Chile, que la forma de crecer hoy día puede ser compatible con el medio ambiente y con la salud.

¿Incluso en lugares como Quintero en donde la situación es extrema?
-Por supuesto, la gente no se va a ir de Quintero. Hay gente que lleva generación, tras generación, viviendo en la zona. Entonces son personas que tienen una identidad local. Pretender que el problema se va a solucionar haciendo que la gente se vaya, es una irresponsabilidad. Yo no sé si van a detener las industrias o van parar temporalmente las faenas cuando muera un niño o no, no sé qué estarán esperando, pero este es un problema que resolver urgente y necesita de una solución estructural.

¿La solución inmediata es reducir los niveles de contaminación a los niveles que propone la OMS?
-Son varias, al menos 4. Una es crear un decreto de emergencia sanitaria y ambiental que transmita paralizar temporalmente las faenas mientras que construyen la nueva norma sobre la cual estas empresas vienen funcionando. Esta nueva norma, debe igualarse a los estándares de la organización mundial de la salud. Lo segundo es fortalecer la regulación y la institucionalidad medioambiental. Necesitas una evaluación de impacto medioambiental que dialogue con las comunidades de manera vinculante y que la superintendencia del medio ambiente de cuenta de la realidad que garantice calidad en las mediciones. Si hay sólo 3 fiscalizadores es imposible que puedan ir a sacarle una multa a una empresa, porque además tienen un presupuesto muy reducido. Hay que darles prioridad a los delitos medioambientales. Crear espacios de participación ciudadana que permitan definir de manera vinculante cómo se va a distribuir hoy día la ciudad. Hoy día las soluciones pasan por impartir políticas de justicia social y de justicia ambiental.

La Superintendencia del Medioambiente formuló cargos contra Gasmar. ¿Qué te parece el tiempo que demora la investigación que se ha llevado adelante?
-Hoy día hay una burocracia gigante que es funcional a un Estado subsidiario que le entregó la matriz productiva a grandes capitales extranjeros y grandes capitales nacionales, en desmedro de la pequeña empresa. Hoy la ley está capturada por el empresariado.