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Nacional

25 de Septiembre de 2018

Declaran admisible querella de ciudadanos de Quintero por contaminación en la zona

Esta tarde el tribunal de Garantía de Quintero, declaró como admisible una querella presentada por los vecinos de Quintero debido a los incesantes episodios de contaminación en la zona. Según informa el Diario Financiero, la querella fue interpuesta el 14 de septiembre a nombre de 92 vecinos de Quintero por el estudio de Abogados Rememberto […]

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Esta tarde el tribunal de Garantía de Quintero, declaró como admisible una querella presentada por los vecinos de Quintero debido a los incesantes episodios de contaminación en la zona.

Según informa el Diario Financiero, la querella fue interpuesta el 14 de septiembre a nombre de 92 vecinos de Quintero por el estudio de Abogados Rememberto Valdés.

El abogado aseguró al medio económico que se trata de “un paso muy importante para el descubrimiento de la verdad y la determinación de la responsabilidad penal de Las personas involucradas”.

Hay que recordar que hasta el día de hoy siguen llegando estudiantes y habitantes de la zona al Hospital de Quintero con síntomas de intoxicación adjudicados a la contaminación industrial de la zona.

Debido a lo anterior la Superintendencia del Medio Ambiente formuló cargos en contra de Enap y Gasmar por la presunta responsabilidad en este caso.

La diputada Marisela Santibañez informó que hoy “Contaminación en Quintero solo hoy dejó 49 diagnosticados. Si firmamos el acuerdo de París debemos descarbonizar, cerrar las plantas y Mina Invierno no debería extraer más. La contaminación es un tema nacional, Chile no puede seguir esperando soluciones. #ZonaDeSacrificio”.

Organizaciones ambientales se suman a arremetida judicial

Codeff y otras siete organizaciones ambientales entre las que se cuenta la ONG FIMA, interpusieron un recurso de protección en favor de los habitantes de Quintero “debido a que la inacción gubernamental vulnera los derechos constitucionales sobre la conservación del Medio Ambiente, la Igualdad ante la ley de los residentes en el lugar y la apropiación de un bien nacional de uso público como el aire por parte de las empresas contaminantes que se encuentran establecidas en el sector”.

La acción, señala un comunicado, está dirigida contra el Presidente Sebastián Piñera y la Institucionalidad Ambiental y se basa en la omisión en que han incurrido respecto a su deber de resguardar el derecho constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, como se manifiesta en los recientes hechos de contaminación ocurridos en esta zona de sacrificio.

En el escrito judicial presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, se realiza un detallado recuento de la serie de eventos e irregularidades que se han sucedido en la zona producto de la “inacción” del Presidente de la República, el ministerio de Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental, al omitir la dictación de planes y normas que previnieran estos hechos y la no realización de fiscalizaciones adecuadas respecto de la zona de las comunas de Puchuncaví y Quintero.

Para Ximena Salinas, Presidenta de CODEFF, la situación medio ambiental en la zona de Quintero y Puchuncaví ha llegado a un nivel insostenible para la salud humana y se hace necesario que sean los otros poderes del Estado quienes mandaten al Ejecutivo, a que actúe con todas las herramientas que tenga a su disposición para resguardar la vida de los habitantes de estas comunas en un primer término, y a su vez se consideren medidas reparatorias a los graves impactos que hace más de 50 años se suscitan en la biodiversidad marina y terrestre de la zona.

Técnicamente el escrito se basa en que las vulneraciones por el daño al medio ambiente y salud de las personas se mantiene en el tiempo, más allá de los eventos que han significado las crisis del último mes, haciendo énfasis en que el deber del Estado es velar por que el artículo 19 Nº8 de la Constitución, que hace referencia a que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Asimismo, las organizaciones señalan que se ha vulnerado la igualdad ante la ley y la prohibición constitucional de otorgar propiedad sobre bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas, donde el uso abusivo del aire por parte de las industrias de la zona es una consecuencia directa de la omisión del Estado en cumplir con sus obligaciones legales.

En este sentido, en el recurso se indican múltiples ilegalidades que habrían sido cometidas por el Ministerio de Medio Ambiente, entre las que destaca la excesiva dilación del Plan de Prevención y Descontaminación de la zona, el cual comenzó su revisión el año 2011 a consecuencia de la intoxicación sufrida por alumnos de la Escuela La Greda y fue presentado a Contraloría recién el 2017. Además, señalan que dicho plan es insuficiente frente a contaminantes altamente perniciosos.

Otro punto que abarca el escrito, señala el comunicado, es la omisión por parte del sistema de evaluación ambiental (SEA) en su labor de actualizar las Resoluciones de Calificación Ambiental de los proyectos ubicados en la zona ni el cumplimiento de normas de emisión y calidad, como tampoco la elaboración de éstas, de manera de prevenir las consecuencias que trae la falta de estas labores en la población y en el medio ambiente.

Este recurso se suma a los interpuestos por las comunidades de la zona y organismos de derechos humanos, abordando los puntos desde otra perspectiva para dar soluciones de mediano y largo plazo a la crisis.

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