Soser se querella contra el director de Junaeb por “denuncia calumniosa” y “prevaricación administrativa” tras caso de raciones de comida

La Sociedad de Servicios de Alimentación interpuso este martes una querella criminal en contra del director nacional de Junaeb, Fernando Peña, por presentar “maliciosamente una denuncia contra la empresa, a sabiendas que estos hechos idénticos ya fueron sometidos a una investigación por parte del Ministerio Público”.

Agregaron además que el procedimiento terminó con el dictamen del sobreseimiento definitivo del caso por “no existir hechos constitutivos de delito”.

El caso se origina en la denuncia que Peña hizo a fines de mayo ante la Fiscalía, en el que acusó supuestas irregularidades que habrían derivado en el pago de $14 mil millones a Soser por raciones alimenticias no entregadas.

“Resulta paradójico y profundamente preocupante que, quien encabeza el organismo público encargado de velar por la alimentación de estudiantes que necesitan del apoyo del Estado, no esté orientando sus esfuerzos a garantizar la continuidad y calidad del servicio”, dicen desde la empresa.

“(Peña) ha privilegiado la persecución reputacional de una sociedad que ha demostrado históricamente su compromiso con el servicio público”, agregan.

Soser es uno de los principales proveedores de raciones alimenticias del país. Producen al día 783.000 raciones alimenticias y más de 130 millones en un año, las cuales son distribuidas en más de mil establecimientos educacionales adheridos a la Junaeb, lo que equivale a 18% del Programa de Alimentación Escolar (PAE) a nivel nacional.

Según la empresa, en 2022, Junaeb hizo una revisión caso a caso de todos los proveedores, modificó el número total de raciones de desayunos, almuerzos, onces y colaciones. En ese momento, la estatal buscaba evitar un mayor impacto económico en las adjudicatarias, restablecer el equilibrio económico contractual de aquellas y fortalecer la continuidad al Programa de Alimentación Escolar (PAE), dado que el valor final a pagar a las empresas no debía ser un 10% menos del umbral referencial fijado.

Esto significó un incremento porcentual específico para cada una de las empresas involucradas en la licitación. Es decir, para todas las operadoras con contratos vigentes, no para una en particular, como se ha sostenido. Según la empresa, esto quedó claro en la investigación realizada por la Fiscalía en 2023, en la cuál se determinó la inexistencia de ilícitos y se dispuso el sobreseimiento definitivo de la causa porque los hechos no revestían carácter de delito.