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Opinión

16 de Octubre de 2018

Columna de Patricio Olavarría: Cultura en Chile ¿un modelo con camisa de fuerza?

Los recortes presupuestarios para ciertos sectores del aparato cultural han causado malestar y preocupación en algunos ámbitos de la opinión pública y el gremio artístico. También la intranquilidad la hicieron notar a través de una carta a un periódico de circulación nacional otras instituciones como el Museo Precolombino, Balmaceda 1215, Matucana 100, Teatro a Mil […]

Patricio Olavarría
Patricio Olavarría
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Los recortes presupuestarios para ciertos sectores del aparato cultural han causado malestar y preocupación en algunos ámbitos de la opinión pública y el gremio artístico. También la intranquilidad la hicieron notar a través de una carta a un periódico de circulación nacional otras instituciones como el Museo Precolombino, Balmaceda 1215, Matucana 100, Teatro a Mil y el Teatro Regional del Bío Bío quienes concluyen que les cuesta entender que se disminuyan los recursos.

La merma que afecta especialmente a centros culturales y corporaciones que reciben aportes del estado sería de un 30% promedio de su presupuesto aproximadamente. Por ejemplo solo el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) recibiría 200 millones de pesos menos que el año pasado, situación que puede ser bastante crítica dado los problemas que enfrenta esta administración en cuanto a la postergación en la construcción de su segunda etapa.

Sin duda cualquier recorte de recursos para la actividad cultural no es una buena noticia. Sin embargo, las autoridades han dicho que se potenciarán otras áreas y también se habla de un aumento de un 30, 3% en “Gastos del personal” y 21,2% en “Bienes y Servicios de consumo”. Esto lo dijo el propio Marcelo Díaz quien es presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Todo esto en un marco de crecimiento general de un 4% equivalente a $ 188 mil millones de pesos.

Lo cierto es que un recorte de recursos para la cultura en un país en donde el neoliberalismo nos traga hasta los calcetines no tiene nada de novedoso. Como ciertamente no es nada estimulante. Por mucho que el presupuesto haya tenido un crecimiento sostenido en los últimos 4 años a excepción del 2017 en que baja un 3,2% respecto del 2016 hay instituciones que ya habían sido castigadas en otras ocasiones. Esto las obligó a buscar financiamiento a través de alianzas con el sector privado e incluso a postular a los propios fondos del actual ministerio.

Ahora paradojalmente lo más seguro es que sucederá lo mismo. Es decir, instituciones que reciben recursos del estado se ven en el contrasentido de tener que postular por ejemplo al Fondart o a la Ley de Donaciones Culturales con fines privados más conocida como Ley Valdés. Ejercicio que se vería justificado por la propia naturaleza con la que fueron creadas estas instituciones que no es otra más que la figura de corporaciones o fundaciones privadas sin fines de lucro con aportes del Estado.

El mensaje ha sido bastante claro y no es reciente. Lo que se está diciendo es que las instituciones que son colaboradoras del estado, pero que tiene una naturaleza privada, deben rascárselas por su propia cuenta y encontrar un modelo de financiamiento para operar. Es decir tendrán un aporte asignado por el ministerio del ramo pero deben mostrar resultados en un sistema que ya sabemos está condicionado en otras palabras por las reglas de la oferta y la demanda.

Si uno sigue este razonamiento el problema que subyace en nuestra institucionalidad cultural tiene que ver con su dinámica y su funcionamiento. Estamos hablando de un aparato estatal que desdibuja y debilita el carácter público de la propia política cultural. Dicho de otro modo, lo que se ensombrece, es la noción pública de la cultura por mucho que esté plasmada en un documento oficial como lo son las poco conocidas y difundidas “Políticas Culturales”. Hay que ser lo suficiente autocrítico y admitir que este conflicto no es reciente y tiene sus antecedentes en la conformación de la institucionalidad y en el seno de la transición que hoy está tan de moda.

Sin embargo, también hay que decir que el espacio cultural y creativo es más amplio y se deben considerar otros ámbitos que se encuentran bastante al margen. Es justamente en este punto, en el que la política cultural debe buscar centrar sus objetivos y debe reforzar áreas que no están integradas necesariamente a las lógicas del “consumo cultural” y que tienen otros canales de expresión, circulación y promoción como expresiones de la cultura comunitaria que han sido descuidadas por décadas.

Actualmente como en muchas otras áreas del estado, la cultura tiene un vínculo de dependencia anómalo con el mercado y no ha logrado liberarse de las lógicas de la privatización midiéndose forzosamente por sus reglas y estructurándose en función de las mismas. Que la economía creativa aporte un 2,2% al PIB es sin duda un avance sustantivo pero todo esto debe verse reflejado en un acceso equitativo de la ciudadanía al goce del arte y el patrimonio. Este no es solo un asunto de compradores y vendedores o de bienes y servicios. La producción y la industria deben estar al servicio de la ciudadanía aunque tengan un margen económico favorable y legítimo por cierto. El problema en este punto no es la forma sino el fondo.

Esto no quiere decir que debamos volcarnos a una política estatista. Simplemente nos advierte sobre una debilidad que ha mermado de alguna forma no solo a la institucionalidad pública en cultura, sino además a una parte importante de la población en cuanto a sus posibilidades reales de participación. Más aún si en la propia Constitución política se indica con claridad que “corresponderá al estado fomentar la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación”. El problema ha sido el cómo.

Ahora bien, rayada la cancha (hace mucho tiempo vuelvo a repetir), vamos viendo como cada vez la cultura y las artes se han ido privatizando desde el propio estado en el país. Obviamente este fenómeno ha sido mucho más visibles en áreas como la educación y la salud que están en un permanente conflicto. Tenemos de esta forma un relato político que promete mayor cultura, más acceso, mejor participación y a su vez, nos encontramos con un artefacto burocrático que ha sido incapaz de luchar en contra de esta falacia y se ha dedicado a administrar un modelo que a la larga tropieza con sus propias contradicciones.

Lo que sí parece bastante prioritario, al igual que en otras áreas del mundo público sería desarrollar una institucionalidad cultural que en su lógica mixta (pública- privada), nos guste o no, porque para ser sinceros se ve difícil que sea de otro modo, pueda fomentar un desarrollo más equitativo especialmente para las poblaciones más vulnerables. Por ejemplo los centros culturales en regiones requieren no solo de personal adecuado y capacitado, sino además, de políticas reales de inserción social desde las artes y el patrimonio. La inyección del estado es fundamental y debe centrarse en quienes no logran aún disfrutar del trabajo de los creadores y de quienes trabajan en la auténtica promoción de la cultura.

El problema de la cultura y la desigualdad es una realidad que se debe abordar con urgencia y hay que tener la suficiente claridad para comprender que no se resolverá a través de un modelo que tienda solo a la privatización de las instituciones colaboradoras del estado. En las últimas tres décadas los resultados no son alentadores. Solo se ha abultado la brecha entre quienes tienen más y quienes tienen menos recursos económicos para tener un encuentro genuino (no mediatizado por el consumo y los medios) con el mundo cultural. Hay demasiada exclusión y las estadísticas lo refrendan por mucho que nos quieran decir lo contrario.

Dar por sentado que el modelo de desarrollo para la cultura en Chile está resuelto es un error que no nos podemos permitir. Todo debate abierto sobre las formas de subvención del estado y el financiamiento a la actividad productiva en cultura y la creación artística siempre será necesario. De lo contrario no salir de la camisa de fuerza que nos ha impuesto el paradigma de un modelo económico desigual y excluyente solo nos llevará a construir un feudo a cambio de un verdadero ministerio de las culturas para todos los chilenos.

Patricio Olavarría R. Docente – Periodista y Magister en Comunicación Política

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