Columna: La peligrosa defensa ambiental de las zonas de sacrificio

(*) Por Daniela Manuschevich y Nick Meynen

Un día después de protestar contra la contaminación química masiva de su hábitat, el pescador Alejandro Castro fue encontrado muerto, colgando. El líder sindical de los pescadores artesanales acababa de ser parte de una movilización masiva contra la intoxicación química aguda existente en la zona de Puchuncavi-Quinteros.

La defensa de una comunidad contra los contaminadores es una actividad cada vez más peligrosa. Si hace una década el número de ecologistas asesinados era de uno a la semana, hoy es de cuatro a la semana, según Global Witness.org.

El gobierno chileno lo llama suicidio, pero la novia de Castro, Pollet Urrutia, dijo a los medios locales que el líder ecológico no estaba en un estado anímico como para cometer suicidio y que él tenía muchos planes de vida aún así como estaba dispuesto a mantener la lucha. Actualmente, la muerte de Alejandro está bajo investigación. La policía dice que recibió amenazas de muerte y el senador Juan Ignacio Latorre (RD) pidió la revisión de las cámaras ubicadas donde Alejandro fue encontrado muerto.

Su caso sigue el mismo derrotero del de Macarena Valdés, la activista en conflicto con la empresa austríaca RP Global en la localidad de Tranguil, comuna de Panguipulli que fue hallada muerta el 2016 y la líder mapuche Nicolasa Quitreman, quien se oponía a las represas del Alto Biobío y cuyo cuerpo apareció flotando en el lago Ralco en 2013. Mientras que el primero fue etiquetado como suicidio inicialmente, una investigación forense acreditaría más adelante que la muerte de Macarena no fue un suicidio.

Zonas de sacrificio

En este caso, el área del incidente es Puchuncaví-Quintero, pero la región es más conocida como una de las cuatro “zonas de sacrificio” de Chile. El nombre proviene del hecho que varias industrias han estado funcionando sin la supervisión pública desde 1964, vertiendo diversos tipos de productos químicos tóxicos en cantidades desconocidas. El término es utilizado por los movimientos socio-ecológicos en Chile para caracterizar áreas geográficas donde la industria y los desechos son tan pesados que toda la zona y las personas que viven en ella son consideradas sacrificadas en el altar del crecimiento económico.

Estos habitantes están cada vez más bien informados y se resisten activamente a tan escandalosas vulneraciones. Frente a las manifestaciones, las fuerzas especiales y la Armada han desplegado una cantidad inusual de fuerza y han recurrido a cañones de agua, balas de goma y gas lacrimógeno convirtiendo el lugar en una zona de batalla.

Hasta hoy, hay al menos 12 industrias de impacto que operan en la zona de Puchuncaví en un área de 8,5 km cuadrados. Espacio que incluye refinación de petróleo, procesamiento de productos químicos, industria termoeléctrica y una planta de procesamiento de cobre. Según la legislación chilena, un área puede ser llamada saturada debido a la concentración del contaminante. Pero la legislación medioambiental no prohíbe la instalación de nuevas plantas de éste tipo y un plan de limpieza puede tomar hasta nueve años antes de que se convierta en una realidad.

Las investigaciones de la zona de Puchuncaví han reportaron que desde finales de la década de 1980, estudios pioneros indicaron que los agentes tóxicos en el aire presentaron riesgos para la calidad de vida, lo que llevó, en 1993, a declarar Puchuncaví como zona saturada de partículas (PM) y dióxido de azufre (SO2). Una condición que continúa hasta el día de hoy.

El colegio médico solicitó al Gobierno que declare una emergencia sanitaria en la zona. Hoy en día hay más de mil personas intoxicadas por contaminantes, incluyendo dos peritos de la policía que estaban llevando a cabo investigaciones en la zona. El Presidente Sebastián Piñera anunció medidas cosméticas, sin embargo, hasta hoy, la intoxicación aguda continúa. Se pensó que, tal vez la muerte de Alejandro en un momento de tensión cambiará la ecuación. Fuerzas Especiales de Carabineros incautaron las oficinas de algunas compañías, incluyendo la empresa estatal de refinería de petróleo ENAP. Esto, a su vez, generó protestas por parte de los sindicatos de la zona.

Recientemente, la administración de Piñera abandonó el acuerdo de Escazú, que busca mejorar la gobernanza medioambiental a través del acceso a la información, la participación y la justicia ambiental. Este acuerdo fue propuesto inicialmente por Chile, entre otros países, y ahora es patrocinado por las Naciones Unidas, a través de la CEPAL, en consonancia con el décimo principio de la declaración de Río. El acuerdo de Escazú, entre otros, protege a los activistas medioambientales.

La muerte de Alejandro es otro triste recordatorio de la urgente necesidad de proteger a los defensores y ambientalistas. Hoy en día, cuatro personas que protegen el planeta mueren cada semana. Hace diez años la misma estadística era de una muerte por semana. Un sistema económico que sacrifique zonas enteras en el altar del crecimiento seguirá contaminando, desplazando y matando cada vez más gente, animales y plantas. Pero desde las minas a los vertederos y desde de los puertos a las granjas: a través del globo los pueblos están luchando para salvar a su comunidad.

(*) Daniela Manuschevich es Licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad Católica, Doctora en Políticas Ambientales (SUNY- ESF) State University of New York College of Environmental Science and Forestry. Docente de la carrera de geografía UAHC.

(*) Nick Meynen es periodista y agente ambiental y de justicia económica de European Environmental Bureau (EEB)