Presencia de sacerdote Larraín Pérez-Cotapos preocupa a profesoras de colegio salesiano

Este año, la comunidad del Colegio Técnico Industrial Don Bosco de Antofagasta recibió a un nuevo miembro: el sacerdote salesiano Carlos Antonio Larraín Pérez-Cotapos.

Aunque no especificó qué cargo ocupa, la congregación aseguró que el sacerdote se encuentra “colaborando” con la obra salesiana en Antofagasta, y actualmente reside en el colegio.

A condición de anonimato, una de las docentes del establecimiento relató que, al llegar, Larraín se reunió con el cuerpo docente del colegio y les advirtió que no podían hacer comentarios públicos sobre las denuncias que lo afectaron en Porvenir, en 2001, porque el caso está cerrado.

—Nos dio a entender que divulgar o cuestionar su llegada, debido a sus incidentes previos con la justicia, podía ser considerado desacato a la justicia, porque él había sido absuelto—, relató una de las educadoras.

Carlos Antonio Larraín Pérez-Cotapos tiene 79 años. Ordenado el 22 de octubre de 1966, poco se conoce de sus primeros años como sacerdote. Según consta en la causa que abrió la justicia en Punta Arenas, a comienzos de este milenio, Larraín fue director de la Escuela Monseñor Fagnano, en Puerto Natales, entre 1986 y 1992.  Luego ejerció como párroco en una iglesia de Santiago para, en 1996, asumir la dirección del colegio María Auxiliadora de Porvenir.

Escándalo en Porvenir

En 2001, la pequeña y fría ciudad de Porvenir, ubicada en el lado sur del estrecho de Magallanes, vivió uno de los primeros escándalos por acusaciones de abuso sexual en contra de un sacerdote católico en Chile.

En concreto, fue un grupo de madres y apoderados quienes acusaron al director del único colegio católico del pueblo, Antonio Larraín, de haber realizado “tocaciones” en los genitales a sus hijos, menores de edad.

Las apoderada Carmen Castro declaró a la prensa que su hija, entonces de 9 años, “llegó a la casa con los ojitos llorosos y con las manos como tapándose la vaginita” y que, tras muchas insistencias, le habría dicho “el padre me toca, me hace doler”.

El caso dividió al pueblo y pronto adquirió connotación nacional, en parte gracias a que la querella presentada en contra del sacerdote salesiano fue la primera en ser respaldada por una institución estatal: el Sename. No solo eso. El párroco del pueblo, otro sacerdote salesiano, también apoyó a las familias. Era un momento en que la Iglesia Católica, en general, cerraba filas en defensa de sus sacerdotes y aún no se estallaba siquiera el escándalo de la Iglesia de Boston, en Estados Unidos.

Las dos madres que se hicieron parte de la querella pagaron un alto costo por hacer las denuncias.  A Carmen Castro la tildaron de “prostituta, ladrona y mentirosa”. Leontina Maureira, una de las testigos y madre de otro niño que acusó ser abusado por Larraín, declaró haber recibido cuestionamientos por parte del propio sacerdote: “Puede haber sido el conviviente suyo, su tío o su papá… No olvide usted que tiene conviviente”, le dijo al ser confrontado por ella.

El párroco de Porvenir Héctor Berenguele, fue uno de los pocos que creyó en los niños. Tras escuchar los testimonios de seis familias de Porvenir, se formó la convicción de que su hermano de congregación, el padre Larraín, era culpable, y llevó los antecedentes que tenía a la justicia. Sin embargo, de ese grupo, solo dos se atrevieron a continuar con a acción penal. La Congregación salesiana, a la que también pertenecía el obispo de Punta Arenas, Tomás González, decidió trasladar a Berenguele a Santiago, donde finalmente colgó los hábitos.

— Me cansé de tanto engaño y mentira— declararía a la prensa, años después.

Investigaciones en Punta Arenas

Tras cuatro años de investigación, el Juzgado de Crimen de Tierra del Fuego absolvió de los cargos a Larraín Pérez-Cotapos. El juez Julio Álvarez argumentó que no era posible acreditar los abusos en contra de la hija de Carmen.

La parte querellante llevó el caso hasta la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, tribunal que al año siguiente revocó el fallo de primera instancia, y condenó –por tres votos contra uno- al sacerdote a cumplir una pena 300 días de presidio, como autor de abusos deshonestos.

A esa altura, al caso de Antonio Larraín se sumó la investigación y condena en ausencia –ya que había sido trasladado fuera de Chile- del sacerdote Víctor Hugo Carrera, quien había servido como secretario del obispo, Tomás González.

González, quien fue obispo por más de cuatro décadas en la diócesis austral, ha sido cuestionado por su actuar en casos como el de Larraín, Carrera y del también salesiano Rimsky Rojas, exdirector del Liceo San José de Punta Arenas y quien cometió suicidio en 2011 luego de que la justicia lo sindicara como principal sospechoso de la desaparición de un alumno. González defendió públicamente a Larraín, sugiriendo incluso que los niños denunciantes podrían tener problemas genéticos.

—Imagínese que el mismo Obispo González se atrevió a decir que mi hermana había sido abusada por uno de los tantos amantes que tuvo mi mamá, y acá en el pueblo todos los creen—, afirmó en 2002, la hermana de la niña que acusó a Larraín, a revista Paula.

Dicho discurso fue replicado por los abogados defensores del sacerdote salesiano, quienes, en las declaraciones judiciales, pusieron en duda la veracidad de los testimonios, por el tiempo que las madres tardaron en llevarlos al tribunal, por su condición de mujeres separadas y, según afirma, unidas a “convivientes”.

El propio sacerdote reconoció en el juicio que practicaba ciertos “juegos” con los los niños del colegio, pero que él consideraba “reprimendas” o “recompensas” amorosas. Por ejemplo, los “90 grados” significaba que el niño o niña escogido debía agacharse para que el sacerdote le diera unas palmadas en las nalgas; “la inyección”, consistía en pellizcar las nalgas; en “la peinadora”, los muchachos debían encaramársele para despeinarlo y volver a peinarlo; el “bolsillo mágico” los invitaba a extraer caramelos del bolsillo de su pantalón.

La subdirectora del Colegio, María Cristina Lorenzo, declaró que dichos juegos no tenían mala intención.

—Eran cosas inocentes, sin mala intención. Uno ve las cosas según el lente que se ponga—, declaró la subdirectora en el caso.

La absolución de la Suprema

En 2007, la Corte Suprema en Santiago acogió un recurso de casación interpuesto por la defensa de Larraín, anuló la condena de la Corte de Punta Arenas y, en cambio, mantuvo la decisión del juez de primera instancia, absolviendo de cargos a Larraín. A juicio de la sala que vio el caso, el fallo de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas “incurrió en el vicio de incumplir los requisitos propios de la sentencia”, por lo que la invalidó “de oficio”. Esto, ya que según los ministros de la Suprema, el tribunal “revocó la absolución y condenó por un solo delito, omitiendo pronunciarse respecto del otro (que se señalaba en el caso), incumpliendo, a su turno, el mandato del artículo 501 del Código de Procedimiento Penal”. Es decir, por un razonamiento de forma y no de fondo.

Otro de los argumentos esgrimidos por la Suprema para confirmar la absolución, fue el que las apoderadas que oficiaron como testigos de los abusos de Larraín no hubiesen sacado a sus hijos del colegio.

“No puede escapar al análisis de este tribunal la circunstancia que dichas testigos, apoderadas del mismo establecimiento, hubiesen decidido mantener a sus hijos menores en él, del cual el imputado era su director, conociendo, durante años, como lo expresan, los hechos que dicen haber presenciado” reza el fallo del 2007, aprobado por la segunda sala con votos de Alberto Chaigneau, Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez., Rubén Ballesteros y Hugo Dolmestch.

Sin embargo, las profesoras que revelaron a The Clinic la presencia del sacerdote en su colegio dijeron estar preocupadas, pues lo que se desprende del caso, más allá de la sentencia absolutoria, “es que este sacerdote reconoce conductas inapropiadas con niños y la Congregación comete la imprudencia de permitirle vivir en un colegio”.

Requerida por The Clinic, la congregación informó que “tras el dictamen de su inocencia por parte de la máxima instancia judicial del país, retomó el ejercicio del ministerio a partir de 2008. Este año 2018 está colaborando en la obra salesiana de Antofagasta, comunidad educativa que conoció de su situación durante el primer semestre, cuando las autoridades del colegio pusieron al tanto a educadores, padres y apoderados”.