La infancia como deuda histórica y desafío presente

Hace algunos días leí con atención una columna que recordaba lo que fue el cierre del Sename y la deuda histórica de nuestro país con la infancia. Sus palabras, llenas de verdad y sensibilidad, resuenan profundamente en quienes hoy integramos la Comisión Verdad y Niñez, una instancia creada por el Estado para escuchar a las víctimas de violaciones a sus derechos humanos y contribuir a la construcción de un “nunca más” para los niños y niñas de Chile.

Quisiera, a partir de esa reflexión, ampliar el llamado no solo al Gobierno de turno, sino a los tres poderes del Estado y a la sociedad en su conjunto. Porque lo ocurrido en los centros del Sename y en los sistemas de cuidado alternativo privado no fue casualidad, ni responsabilidad exclusiva de una administración. Fue —y sigue siendo— la expresión más cruda de la invisibilidad estructural de la niñez pobre en nuestro país.

Siempre se quedaron atrás los niños y niñas del Sename. Ellos no tuvieron tribuna, ni espacios en los medios, ni presupuesto suficiente. ¿Por qué en Chile solo había niños y niñas pobres en el Sename? La respuesta es dolorosa: porque históricamente hemos relegado a la infancia más vulnerable a los márgenes, sin políticas sostenidas que les aseguren el derecho a crecer en familia, en comunidad, con protección y dignidad.

El problema es estructural. No se trata de un gobierno en particular, sino de una falta de decisión política real para poner a la infancia en el centro de las prioridades sociales y económicas. ¿Cuántos jueces resolvieron causas sin trabajar con las familias, sin escuchar a los niños y niñas? ¿Cuántos presupuestos nacionales fueron aprobados sin que la infancia representara más que una fracción mínima del erario? ¿Cuántos años tendrán que pasar para que exista un protocolo que impida que un niño o niña quede abandonada en un hospital?

El Estado ha fallado sistemáticamente en su deber de proteger. Y debemos asumirlo con responsabilidad: el Poder Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial, los gobiernos locales y también nosotros como sociedad. La violación de derechos a niños y niñas bajo custodia estatal no es un episodio aislado, sino una deuda transversal que interpela a toda la institucionalidad y a cada ciudadano y ciudadana.

El desafío que tenemos por delante es comprender que los derechos humanos de la niñez no son negociables ni sectoriales: son transversales. Forman parte de la ética mínima de cualquier democracia. Reconocerlos exige profesionales competentes, políticas sólidas, presupuestos dignos y un cambio cultural profundo que incorpore la Convención sobre los Derechos del Niño en la formación de jueces, educadores, trabajadores sociales, médicos y periodistas.

No podemos seguir naturalizando la violencia. Estudios muestran que más del 95% de la población penal sufrió abandono o violencia en su niñez. ¿Qué nos dice ese dato? Que las raíces de la seguridad y de la delincuencia no se resuelven con más cárceles, sino con más políticas de cuidado, de acompañamiento y de reparación en la infancia.

Como comisionada de la Comisión Verdad y Niñez, creo firmemente que este proceso que hemos abierto —de escucha, reconocimiento y construcción de un informe de verdad histórica— es una oportunidad única para saldar parte de esta deuda. Pero su éxito no depende solo de la Comisión: depende de la capacidad del Estado y de la sociedad de movilizarse en defensa de los derechos de los niños y niñas.

Cada uno de nosotros es co-garante de los derechos de la niñez. No es un tema ajeno. ¿Qué hacemos cuando vemos a un niño o niña en la calle siendo maltratado? ¿Qué hacemos cuando sabemos que una adolescente está siendo invisibilizada en nuestra propia comunidad?

La gran tarea es que la infancia deje de ser un tema relegado a la truculencia mediática o a las notas de última hora. Los niños y niñas deben ser una prioridad política, social, económica y cultural. Porque allí se juega el presente y el futuro de Chile.

Hoy tenemos la posibilidad histórica de construir memoria, justicia y no repetición. Pero no podemos hacerlo sin reconocer que hemos fallado, y que es hora de actuar con la convicción de que la infancia no puede esperar más.