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Opinión

26 de Noviembre de 2018

Columna de Eduardo Vergara B. | Narcoaraucanía: Un respirador artificial para el Comando Jungla

"Perseguir las drogas es un mecanismo eficiente para aumentar las detenciones, mostrar acción y conseguir recursos para el control. Apelar al miedo es un mecanismo político para subyugar a la población mientras se alimenta la base electoral que clama orden y fuego en la plaza pública" señala el autor.

Eduardo Vergara
Eduardo Vergara
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*Eduardo Vergara B. es director de LabSeguridad.org

No ha existido otra consigna más eficiente para justificar la represión, la mano dura, los homicidios y la militarización, que la guerra contra las drogas. La personificación de las drogas como enemigo público numero uno le ha generado una serie de éxitos electorales y políticos a diversos líderes por todo el planeta. No olvidemos que fue en el año 2012, cuando el Gobierno del presidente Piñera llegó a la histórica suma de 233 detenciones al día por ley de drogas, principalmente por porte, consumo y tráfico en menores cantidades, siendo el objetivo mujeres, quienes menos tienen y en particular jóvenes entre 18 y 29 años, que representaron el 56% de todas las detenciones.

Sus electores le aplaudieron la eficiencia en el alza de control y cifras. Hoy, el 49% de la población penal femenina en Chile está ahí por ley de drogas. Sin embargo, la obsesión por el prohibicionismo y la persecución de los eslabones desechables en el fenómeno de las drogas ha sido transversal a todos los sectores políticos. Mientras la prohibición le ha entregado en bandeja el mercado de las drogas al crimen, permitiéndole generar tantos recursos que pueden trabajar con impunidad, las élites políticas gozan persiguiéndoles. Las políticas de drogas han generado más daño que las drogas mismas.

Solo días después del encubrimiento de evidencia por parte de Carabineros tras la muerte de Camilo Catrillanca en manos del Estado, la máxima autoridad policial logró instalar que en La Araucanía el narcotráfico se transformó en una forma de financiar la violencia. Durante su intervención en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, el General Director relacionó el financiamiento de “grupos violentistas” con la venta de marihuana. Declarando incluso que: “Se ha visto bastante crecimiento en el tema de la marihuana y algunos otros elementos relacionados con drogas”.

Perseguir las drogas es un mecanismo eficiente para aumentar las detenciones, mostrar acción y conseguir recursos para el control. Apelar al miedo es un mecanismo político para subyugar a la población mientras se alimenta la base electoral que clama orden y fuego en la plaza pública. En estos escenarios, es el mismo gobierno, que, por medio de una decisión política, transforma a las policías en un instrumento de control de frontera social y de gestión de la población. Todo a costa de dejar de lado la persecución de delitos de mayor impacto. Esta lógica, termina por empoderar aún más a los grandes traficantes y se inicia un sistema donde el estado reprime y castiga a los más vulnerables transformándoles en eslabones desechables que terminan trabajando al servicio del narco.

Instalar que en La Araucanía el narcotráfico sustenta la violencia es una estrategia particularmente conveniente en el contexto del cuestionamiento al actuar de la fuerza pública. En el caso particular del cuestionado Comando Jungla, que hoy sus inventores niegan, se transforma en un respirador artificial para mantener con vida la militarización de la labor policial en el territorio. Una vez instalada la idea, el apoyo popular crecerá para dar nacimiento a una guerra de la cual, ya hemos visto por todo el continente, es prácticamente imposible salir.

De acuerdo a las cifras oficiales más recientes sobre La Araucanía, los decomisos de marihuana procesada han mostrado en el tercer trimestre del 2018 una reducción del -52,5% y las incautaciones de plantas un -8,8%, mientras que los procedimientos policiales por ley de drogas muestran un aumento del 13,7%. Si bien los decomisos no son el único parámetro para determinar la magnitud de un fenómeno, sí permiten entender los grados de acción policial sobre el mismo. En otras palabras, si el mencionado crecimiento de la venta de marihuana es una preocupación para la policía en base a la inteligencia que maneja, esta no se ve reflejada en los operativos de incautación. Da la impresión de que saben que hay marihuana, pero no dónde está o saben que hay, pero no la incautan.

La presencia de cultivos de marihuana en la región es real, e incluso dentro de territorios que pertenecen a comunidades. Sin embargo, no es solo apresurado, sino irresponsable, instalar la idea de una Narcoaraucanía en el contexto actual. No hay evidencia suficiente para sustentar que este es un fenómeno determinante en el financiamiento de los “grupos violentistas”, ni por su magnitud, ni por su impacto. Tampoco que se ha visto “bastante aumento”, teniendo en cuenta que en el país sí hay regiones, como Coquimbo, donde los aumentos de casos policiales por drogas bordean el 40% y el aumento en las incautaciones es de 660%, sí, seiscientos sesenta por ciento. En regiones como Coquimbo, Arica, la Metropolitana y en todo Chile, hace ya décadas que sabemos que la venta de droga financia al crimen, pero claro, decirlo sin un contexto de guerra, pasa a ser políticamente irrelevante. Por supuesto que esto no quita que se debe abordar el problema en la región, e imaginamos que la información que sustenta la instalación de este argumento por parte de Carabineros será presentada a la autoridad para que inicie las acciones pertinentes y proporcionales el fenómeno en su magnitud real.

El problema de fondo radica en la forma y en los tiempos que esta información se comparte, ya que se hizo el intento por instalarla en el contexto de la más profunda crisis por la que ha pasado la institución. Si hay algo que necesita el país cuando se trata de seguridad, es que nuestros liderazgos ya sean democráticamente electos o designados, se hagan parte del debate público con responsabilidad y sensatez. La pérdida de confianza en las instituciones nos hace mal a todos y, por sobre todo, cuando de forma conveniente se instalan discursos de miedo en contextos donde ya el Estado está demostrando fracasar. La unidad nacional, en sociedades democráticas, abiertas y modernas, no se consigue anunciando guerras, menos contra un pueblo que clama por más justicia. Ya el Gobierno importó de Colombia la política que fracasó 50 años en conseguir la paz bautizándola como Comando Jungla. No importemos ahora una guerra que no nos corresponde y menos, en el corazón de la tierra que refleja lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos.

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