El capítulo “Verdad, justicia y memoria” del informe de Derechos Humanos emitido esta semana por la UDP, fue elaborado por Cath Collins, destacada académica en “justicia transicional” y sostiene que Chile no ha sabido responder a las grandes exigencias y necesidades de justicia que los familiares de las víctimas o los sobrevivientes de las violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura en Chile, presente en todas las administraciones desde el año 1990 a la fecha.

El informe expone el fracaso de la democracia chilena en responder a estas demandas “considerando que para cualquier sociedad pos-autoritaria, recordar, reconocer, reparar y hacer justicia es una de las tareas más importantes si lo que se pretende es asegurar la prevención y garantizar el ‘nunca más’ a las futuras generaciones”.

Esta falencia, dice el informe, ha permitido el surgimiento del negacionismo, como lo ha señalado el ex Relator especial de la ONU en materia de derechos humanos, Pablo Greiff, quien, según dice el informe, realizó una síntesis de lo que ocurre en Chile al respecto y advierte de los peligros de no lograr las metas propuestas por ese organismo internacional y el no cumplimiento de los tratados internacionales que Chile ha firmado y corroborado. Para Greiff, en Chile se ha hecho presente -en la trayectoria de la justicia trasnacional- en los últimos años, “el afloramiento de un pinochetismo cultural y social con claros tintes fascistas”, además, de una deficiente interpretación de la tan aclamada “reconciliación” que, en el caso de Chile, “se asimila al abandono de la búsqueda de justicia, al abuso de resquicios legales con apropiación del vocabulario del humanitarismo por parte de los perpetradores”.

En efecto, señala el reporte, esta apreciación toma fuerza cuando se analizan los últimos acontecimientos y fuertes debates que se han dado en Argentina y Perú, por ejemplo, donde han discutido acerca de cómo los sistemas penales deben tratar a perpetradores de crímenes atroces. “En tanto, en Chile, esta interrogante surge en un entorno controvertido, donde se ha relativizado, desconocido o negado, de plano, los horrores del terrorismo de Estado, buscando revivir las prácticas de mentiras y engaños de los mismos propagandistas de los regímenes dictatoriales”.

“En la época de la postverdad”, dice el informe, “estas prácticas despiertan un fuerte interés en el círculo oficialista” y han tenido como consecuencia, tanto el Lugar de Memorias del Perú como el Museo de la Memoria y los Derchos Humanos de Chile, ataques esporádicos, pero fuertes y espurios.

“En Chile, se cristalizó esta situación con el nombramiento de Mauricio Rojas, como Ministro de Cultura, quien, anteriormente, se había referido al Museo de la Memoria como ‘un montaje desvergonzado y mentiroso’ lo que incendió las redes sociales y, desde el mismo ámbito de la cultura, Raúl Zurita, encabezó el rechazo público y la presión, convocando al mundo del arte y de la cultura a una actividad popular, para evitar que Rojas asumiera dicho cargo. A esto se le suman las declaraciones, pocas semanas antes, del diputado de Renovación Nacional, Ignacio Urrutia, quien se dirigió a los sobrevivientes de tortura y prisión política como ‘terroristas con aguinaldo’”.

El pasado reciente

Cath Collins, señala en su informe que “el tema de los derechos humanos en Chile ha sido tratado de manera deficiente, parcial o con inexpertos esfuerzos legislativos, con postergación de reformas estructurales y el incumplimiento de promesas de campañas. El segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) ‘alcanzó importantes logros en materia de derechos reproductivos y educación’, pero, el incumplimiento de diversos compromisos en materia de derechos humanos relacionados con verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos cometidos desde 1973 a 1990, opacaron su gestión”.

Por ejemplo, menciona, ella “se comprometió a revisar las leyes reparatorias actuales. Sin embargo, algunas ni siquiera dieron origen a mensajes presidenciales al Congreso y, en los casos en que presentó proyectos de ley, no fueron, suficientemente, impulsadas para que se convirtieran en ley”.

Asimismo, la académica señala la existencia de un grupo de proyectos que fueron calificados por el Ejecutivo con algún grado de urgencia y que, posteriormente, les retiró esa condición, salvo algunas excepciones de proyectos de ley que fueron ingresadas y se convirtieron en Ley de la República, como fueron las Leyes de Presupuesto para incrementar –modestamente- a algunas instituciones; así como también, fue publicado el proyecto Ley Nº20.874, que pretendía otorgar un aporte único –bono económico- a las y los sobrevivientes de prisión política y tortura que se encuentran reconocidos por el Estado, pero, este proyecto fue retirado inmediatamente por el actual gobierno.

En cuanto al ejercicio Ejecutivo de la potestad reglamentaria, indica el informe, “el retardo o incumplimiento relacionado con la creación de una entidad estatal permanente, para cumplir con los deberes estatales en el reconocimiento, reaparición, asistencia jurídica y social para las y los sobrevivientes de prisión política y tortura”. No existe, siquiera, una señal de avance.

Un logro a medias y el “Supremazo”

El único logro en materia de derechos humanos, comprometido en el programa de gobierno de la ex presidenta Bachelet, fue la dictación del Decreto Nº924 (2016) del Ministerio de Justicia. Cath Collins indica al respecto que: “Con este Decreto, se logró modificar el reglamento de Establecimientos Penitenciarios para mejorar la compatibilidad de la concesión de permisos de salida a criminales de lesa humanidad con los deberes internacionales”. Es decir, que “cierta clase de criminales, especialmente, de lesa humanidad, les fuera más fácil conseguir libertad condicional o la rebaja definitiva de sus sentencias, que conseguir los permisos de salidas temporales que se supone deben ser sus precursores”.

Pero, de acuerdo a los acontecimientos posteriores, este Decreto, sólo fue un logro a medias. Surge el denominado Supremazo. La Corte Suprema, el 3 de agosto de 2017, y en fallo dividido (causa rol 35.710-2017) la Sala Penal de la CSJ, integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Kümnmüller, Lamberto Cisternas, Manuel Antonio Valderrama y el abogado integrante Jaime Rodríguez, concedió la libertad condicional (solo con un voto en contra, del ministro Milton Juica) al represor Armando Cabrera, preso de Punta Peuco. De este modo, se desestimó la decisión anterior de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ya había rechazado la solicitud y, con el voto mayoritario de la CSJ dictaminó que el tiempo de condena ya se encontraba cumplida, además, consideraron que por la edad y estado de salud del ex gente ya no tendría efecto de rehabilitación, por lo que no era prudente continuar privándolo de libertad. Para Collins, “este efecto, no es la única finalidad de las sentencias penales, así como tampoco las mencionadas consideraciones se encuentran consignadas en el Decreto Ley 321 y su reglamento como criterios aplicables, tal como se puede apreciar en la posterior discusión de la nueva y aún más indulgente interpretación que otra configuración de la Sala aplicó un año más tarde, para liberar a seis agentes y ordenar una nueva determinación para un séptimo concurrente”.

Creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos

En el marco de la institucionalidad en derechos humanos, puntualiza el informe, se contempló la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo -para el fortalecimiento de la institucionalidad existente- incluyendo al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el Programa de DDHH y a los departamentos vinculantes del Servicio Médico Legal y la Policía de Investigaciones, además, se establecería una institucionalidad adecuada para el diseño y monitoreo de la política de Estado que se buscaba instaurar.

El INDH cuenta actualmente con 12 sedes regionales a lo largo del país. La Subsecretaría de DDHH, fue creada el 5 enero de 2016, y debía crear el primer “Plan Nacional de Derechos Humanos” para el periodo 2018-2021.

“Para ello, se les asignó, para el año 2017, 2 mil millones 987 mil 018 pesos y para el 2018 la suma ascendió a 3 mil millones 918 mil 225 pesos. La primera versión de Plan se presentó públicamente el 22 de diciembre de 2017, siendo ampliamente criticada por no considerar, de acuerdo a la normativa de la ONU, la participación de sociedad civil. Por otra parte, a la reciente Subsecretaría le traspasaron el Programa de DDHH del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de este modo, surge la Unidad Programa de Derechos Humanos”. Este traspaso, generó en las agrupaciones de familiares y entidades civiles comprometidas, una sensación de lejanía. Actualmente, la Subsecretaría de Derechos Humanos se encuentra acéfala, impidiendo la creación del área de estudios que se encargaría de impulsar el “Plan Nacional de Búsqueda y Destino Final de los Detenidos Desaparecidos”, trabajo que ha sido altamente recomendado por el Observatorio y por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, que exige un correcto diseño y la participación activa de todas las entidades estatales relevantes, los familiares y la sociedad civil.

Derechos de sobrevivientes

En este ámbito, el informe de Collins, enfatiza que “su cumplimiento ha sido nulo, pues, Chile no cuenta con una entidad que asuma dicha responsabilidad. El Plan Nacional crearía una ‘Comisión Calificadora Permanente’ y un ‘Registro nacional de Víctimas calificadas de violaciones masivas’; Sin embargo, el proceso de selección de comisionados fue abandonado ante el inminente cambio de administración, por lo que ambas promesas se encuentran en manos de las nuevas autoridades”.

Collins destaca que “el Observatorio, ha intentado en reiteradas oportunidades, que se cree una ‘Comisión Permanente’, pero esta Comisión sólo ofrece rectificar las omisiones o errores en los listados oficiales de decenas de miles de personas asesinadas, desaparecidas, torturadas o sometidas a prisión política por el terrorismo de Estado, cuando, la necesidad urgente es reconocer los demás casos y tipos de violación de carácter grave cometidas y atender con seriedad a los derechos en materia de verdad, justicia y reparaciones que proceden de dicho reconocimiento, pero, es altamente improbable su ejecución, dado que las legitimas reivindicaciones de las y los sobrevivientes han sido reiteradamente ignoradas, postergadas o abandonadas”.

Inoperancia del poder judicial e improvisación en cierre de Punta Peuco

Después de cuatro años a la espera del cierre del Penal Punta Peuco, “el único recinto de reclusión para criminales de lesa humanidad, la ex Presidenta, a un día de entregar el mandato, intentó cerrar Punta Peuco”. Desde ese instante, se produjo una serie de rumores que sólo ocasionaron importantes confusiones. El diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, a través de su cuenta de Twitter informó que “El cierre de Punta Peuco ya es un hecho”, en tanto, el reciente nombrado Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, respondió que “el cierre del penal, respondía a especulaciones”.

Las discusiones se elevaron y terminó con Gutiérrez retractándose, pero, precisando que el entonces, Ministro de Justicia, Jaime Campos, habría desobedecido órdenes presidenciales al negarse a firmar el decreto correspondiente. Este hecho, destaca el informe, “causó una sensación de improvisación y se agudizó con la presentación, también a última, hora de un escrito, de una sola página, denunciando los 40 mil casos aproximadamente, de tortura reconocidos por la Comisión Valech. La figura utilizada en esta materia, no le permitiría a la Subsecretaría de DDHH, ni a la Unidad Programa, formar parte del equipo que trabajaría en cualquier investigación a la que se le diera curso, dejando a este órgano en una posición deficiente cuando se trata del cumplimiento por parte del Estado, de sus deberes de investigar, a motu propio, crímenes de lesa humanidad. Nuevamente, los dirigentes de las principales agrupaciones de familiares del país, miraron con duda la sinceridad del gesto y acusaron falta de valentía”. En tanto, la sobreviviente, Carmen Gloria Quintana, calificó lo sucedido con el cierre de Punta Peuco como “una falta de respeto cruel” y la diputada (PC) Carmen Hertz, indicó que era “poco plausible” la versión y culpó al Ministro Campos.

Presidente Piñera y Derechos Humanos

El informe destaca que al revisar el Programa de Gobierno “Construyamos tiempos mejores para Chile”, del actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, se encuentra que se pronuncia respecto de la Subsecretaría de DDHH, señalando que “hay que potenciarla y poner en marcha el Plan Nacional de DDHH, introduciendo un ‘Primer Plan de Acción de Derechos Humanos y Empresa’”, pero, destaca la académica, “no se arriesga a entrar en detalles y menos se refiere a la herencia de la dictadura en esta materia, como tampoco alude a los derechos de la víctimas, familiares y sobrevivientes”. “En este sentido, solo realiza dos propuestas que beneficiarían el trato de criminales de lesa humanidad. La primera propuesta, es homologar las garantías procesales del antiguo sistema y el nuevo sistema procesal penal”. El antiguo sistema atiende casi el 90% de casos relacionados con violación a los derechos humanos y, como este tipo de delitos son imprescriptibles, necesitan que esas causas sean vista con las garantías que ofrece el nuevo sistema procesal penal, con el objetivo de evitar la prisión preventiva y/o no ser procesados por la edad. En el fondo, un camino sutil y solapado de profundizar la impunidad. “La segunda propuesta busca propiciar que ‘por razones humanitarias y de dignidad’ los procesados y sentenciados puedan cumplir sus condenas de manera alternativa (en sus domicilios) debido a la avanzada edad o enfermos terminales. Uno de los primeros actos del Mandatario en esta materia, sucedió el 11 de marzo de 2018, cuando concedió el primer indulto por gracia al excoronel René Cardemil, condenado a 10 años de presidio y recluido en Punta Peuco, por el asesinato de 6 personas, pero la Contraloría General de la República no objetó el Decreto y tomó razón el 11 de mayo, dictando la resolución Nº13, cuando Cardemil ya había fallecido”.

El Consejo Nacional de Inteligencia (CNI)

El ex Relator especial Pablo Griffit, reflexionó sobre lo sucedido el 19 de julio de 2018, cuando el Ejecutivo anunció la creación del “Consejo Nacional de Inteligencia” (CNI), destaca el informe. Griffit, antes ya había advertido de la “torpeza o sordera de las nuevas autoridades en relación a la importancia de lo simbólico y lo gestual”.

“Hablar en Chile de la CNI, evoca los actos más deleznables ejecutados por agentes del Estado durante la dictadura y debido a las múltiples críticas y reacciones desfavorables para el gobierno, se vieron obligados a rebautizarlo como Consejo Asesor de Inteligencia (CAI), evidenciando, una vez más, el empeño del gobierno actual en dejar atrás a esa derecha que reivindica su pasado violentista. En este segundo mandato, Piñera está dando señales claras de borrar con el codo su propio legado en derechos humanos, demostrando su deseo de enfatizar temáticas ‘nuevas’ en relación a los mismos, pero, sin entender que en el escenario internacional es difícil que la reputación de Chile, en materia de DDHH, no sea evaluada críticamente la sinceridad y plenitud con que se ha hecho, o no, cargo del legado del terrorismo de Estado”.

Tribunal Constitucional

Otro organismo institucional que dificulta el avance en derechos humanos, se encuentra en el actuar del Tribunal Constitucional, “organismo al que los condenados de Punta Peuco, le han hecho llegar recursos espurios, provocando con ello la paralización de la ejecución de una sentencia ratificada por la Corte Suprema”. Otra polémica fue desatada por la “renovación de la Sala Penal de la Corte Suprema, que, en un par de días, comenzó a revertir masivamente las denegaciones del beneficio de libertad condicional en directa contradicción con las autoridades carcelarias para dejar en libertad a cinco criminales de lesa humanidad”.

Dificultades en el PRAIS

El Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) fue creado para atender de manera integral a las víctimas y sobrevivientes de diversos actos de violaciones a los derechos humanos y que han sido reconocidas a través del Informe Valech, pero, las respuestas que este organismo ha entregado, no ha sido suficiente por diversas razones, entre ellas y quizá la principal es que el presupuesto para la atención de todas las víctimas de la represión ejercida por la dictadura, queda en manos y a discreción de los directores de los centros hospitalarios, por lo que esos recursos no se entregan completamente al Programa y esto dificulta las respuestas a las diferentes demandas de atenciones, generando un impacto en los tiempos de espera de atención.

Collins, señala que, además, “ha surgido un nuevo factor que no ha sido considerado aun y es el surgimiento de nuevas instancias de la sociedad civil, como la ‘Agrupación de hijas e hijos del exilio’ por lo que hay un legado vivo del daño causado por los crímenes del Estado en el tejido social en general”.

En efecto, esta situación se ha convertido en un daño transgeneracional que no se desvanece con el paso del tiempo. “La Subsecretaría de DDHH no cuenta con mandato legal para atender a las víctimas de prisión política y la Unidad Programa de DDHH del mismo ente público, ha sido limitada, a través de un mandato, para actuar jurídicamente en casos de desaparición forzada o ejecución política, no obstante, el área social del Programa sí puede y debe prestar apoyo y asesoría en reparación a toda clase de familiar y sobreviviente. De la Subsecretaría, señalan que se encuentran coordinando la evaluación de una propuesta de reparación de carácter holista, que no solo responda a un criterio económico, sino más bien a un trabajo integral y haciendo especial énfasis en materias de memoria y garantías de no repetición. De este modo, la Subsecretaría busca reforzar el trabajo del PRAIS dentro del Plan nacional de DDHH”.

Desaparición forzada y vigencia de la Ley de Amnistía de 1978

Desde el retiro y posterior fallecimiento del doctor Patricio Bustos, ex director del Servicio Médico Legal, la Unidad Especial de Identificación Forense (UEIF) se ha producido invisibilización y estancamiento del trabajo que el equipo realiza.

“Hasta la fecha, contamos con más de mil personas que continúan en calidad de detenidos desaparecidos y sigue pendiente la elaboración de un registro público, único y actualizado de cuántos son exactamente, los y las detenidos/as-desaparecidos/as que el Estado reconoce y cuántos y cuáles de ellos han sido hallados, identificados y restituidos a sus familiares. El Grupo de Trabajo de la ONU contra desapariciones forzadas e Involuntarias, respondió al informe que le entregó el Estado de Chile en agosto de 2017, ante el Consejo de DDHH de la ONU y manifestó su preocupación que el Decreto Ley de Amnistía de 1978 siga vigente, mientras que diversas iniciativas legislativas prometidas, entre ellas, la tipificación del delito de desaparición forzada y la producción de un Plan Nacional, aun no se materializan” señala el informe.

Después de 45 años desde el golpe de Estado de 1973, sigue pendiente anhelo de los familiares y de quienes se han comprometido en la búsqueda tanto de los restos de los detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, como la búsqueda de la verdad, la persecución de justicia, que han luchado por el derecho a una reparación integral y las garantías de no repetición por los crímenes cometidos como política de Estado. La situación, dice el informe, “no es alentadora y, como siempre las y los sobrevivientes son el grupo más postergado. Chile, es el único país miembro de la OECD de la subregión que no ha sido capaz de crear una instancia que investigue, definitivamente, el destino de más de mil ciudadanos y ciudadanas aún desaparecidos/as. Al incumplimiento crónico de promesas y anuncios ‘heredado’ de tiempos de la Concertación y la Nueva Mayoría, parece sumarse ahora, una actitud endurecida o, al menos, indiferentes de parte de la actual administración”.