El general director de Carabineros, Hermes Soto, hizo hoy un mea culpa público respecto de la situación de la institución tras el homicidio del comunero mapuche Camilo Catrillanca y pidió a sus subordinados no seguir “por el camino equivocado de la mentira y el abuso de poder”.

Soto habló a los miembros de la institución en una videoconferencia después que trascendió una declaración del principal imputado en el crimen de Catrillanca, el sargento Carlos Alarcón, quien dijo que su jefe directo y un abogado les ordenaron a él y sus compañeros mentir a la Fiscalía.

Camilo Catrillanca, de 24 años, murió de un tiro en la nuca el pasado 14 de noviembre mientras se desplazaba en un tractor, junto a un menor de 15 años, en la comunidad de Temucuicui, en la región de La Araucanía.

La primera versión oficial fue que el comunero murió durante un tiroteo entre los carabineros y unos ladrones de automóviles a los que perseguían, además tendió sospechas de que Catrillanca era uno de los delincuentes y que su muerte fue causada por un bala de rebote.

La investigación de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) ha desacreditado todas las afirmaciones, de las que el Gobierno se hizo cargo al comienzo, incluido el destino de la tarjeta de memoria de una cámara con la que uno de los carabineros habría grabado el incidente.

“Una vez más (…) el origen del cuestionamiento social se sustenta en una burda mentira, que pretendiendo ocultar presuntas falencias de un procedimiento policial rutinario, se transforma en una escalada de errores muy difíciles de explicar“, dijo hoy el general Hermes Soto.

Agregó que cuando se establece que una operación policial “fue alterada con base a una mentira, pone en la encrucijada todo el trabajo arduo, abnegado y cada día más complejo, que desarrollan los miles de Carabineros a lo largo y ancho de Chile”.

“Han sido días difíciles, desgastantes y muy complejos. He tenido que ir a dar explicaciones al Congreso o al Palacio de La Moneda”, continuó Soto, que subrayó que “no” se puede “seguir por el camino equivocado de la mentira, del abuso de poder, del uso innecesario de la fuerza y menos del empleo indiscriminado de las armas”.

Tras exhortar a sus subordinados a actuar siempre en el marco de la ley, en el marco regulador de sus “facultades y deberes”, aseguró que en tal caso, ellos, “sus mandos directos”, estarán “para apoyarlos”, pero “jamás faltando a la verdad, jamás con el abuso de poder, porque, en definitiva, el fin nunca puede justificar los medios”.

Admitió que la institución “ha sido herida en uno de sus pilares esenciales: en la credibilidad frente a la sociedad, y precisamente, por la actuación de algunos de los nuestros”, y subrayó que necesitan “con urgencia revertir esa situación, levantar la cabeza, respirar profundo” para salir del estado en que se encuentran.

En su declaración ante los fiscales del caso, según trascendió a la prensa, el sargento Alarcón, presunto autor del disparo que mató al comunero, aseguró que el mayor Manuel Valdivieso, jefe del GOPE (Grupo de Operaciones Especiales) en La Araucanía y el abogado Cristián Inostroza, les ordenaron mentir al Ministerio Público.

Entre otros puntos, precisó, que les ordenaron negar que alguno de los cuatro carabineros implicados portara alguna cámara.

Alarcón dijo que estaba angustiado y deseaba contar la verdad al general Hermes Soto, e indicó: “El mayor Valdivieso me preguntaba ‘¿te quieres ir preso?’ Me decía que no fuera débil y que me mantuviera firme”.

Este martes, el caso llegó al Congreso, donde fue interpelado el ministro del Interior, Andrés Chadwick, por su responsabilidad política en el caso.