Atardece en Tranguil. Rubén Collío, viudo de Macarena Valdés, está sentado en el taller de orfebrería que mantiene en su hogar en la comuna de Panguipulli. Allí, mientras confecciona piezas de joyería, dice a The Clinic que, más que de los winka (chilenos), desconfía de las instituciones de un Estado chileno que ni él, ni su pueblo, sienten como suyo.

—Aquí se está viendo que hay una tropa de incompetentes trabajando—, dice con desdén.

Desde que encontraron muerta a “La Negra”– como le decían cariñosamente a Macarena Valdés– , el 22 de agosto de 2016, la familia Collío Valdés ha vivido pendiente de resoluciones judiciales. Luego de una serie de peritajes solicitados por la Fiscalía, otros por la familia, alegatos, viajes, reuniones en muchos lugares, la exhumación y nuevos informes médicos que sugieren la participación de terceros, Rubén y su familia están convencidos de que Macarena fue asesinada. La única duda que tienen es quién lo hizo. Por eso se han opuesto tenazmente y han logrado revertir dos veces la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la investigación de este caso caratulado como suicidio.

EL DÍA QUE TODO CAMBIÓ

El lunes 22 de agosto en la mañana, Ángela Quilempan, conocida por sus cercanos como Julia, abrió su refrigerador y vio que le sobraba mucho pescado. Aunque su marido quería regalárselo a un amigo, ella insistió en que se lo llevara a la familia Collío Valdés. A ellos les serviría más.

Alrededor de las 13:00 horas, Macarena recibió el regalo de manos de su vecino con una sonrisa en la puerta de su casa. “¡Lo puedo cocinar para la cena!”, le dijo agradecida.

Pero Macarena, recuerdan sus vecinos y familia, también estaba preocupada por la hora. Debía ir a Liquiñe en el bus de las 13:00 con su hijo menor para buscar la leche al consultorio. No obstante, su pareja Rubén Collío, quien debía cuidar a su otro crío de 3 años para que ella pudiera ir tranquila, se había retrasado.

Rubén llegó ya pasada la hora de salida del bus, tomó a su hijo y salió raudo a trabajar. Desde el día anterior, se encontraba haciendo una instalación eléctrica en la casa de una vecina y debía terminarla. Así que partió hacia allá rápidamente, sabiendo que a la vuelta se venía el reto.

“La Negra me había ido a buscar ahí mismo el día anterior. Se llevaba muy bien con la vecina, así que se habían quedado conversando y tomando mate mientras yo trabajaba. Hicieron un trafkin ese día, un trueque por un chanchito, que La Negra quería que comiéramos en octubre, para mi cumpleaños”, recuerda Rubén en la casa en que vivía con ella.

Ese lunes, cuando caminaba con su hijo de vuelta a su hogar, a eso de las 16:00, se cruzó con un hombre que le dijo desde un vehículo en marcha: “Vecino, váyase para su casa, que su mujer se mató” y siguió su camino.

Rubén se indignó. “Yo pensé que estaba curado. De hecho, me molesté”, cuenta. “Pese a que nunca vi curado a ese vecino, eso fue lo primero que me pasó por la cabeza. De ahí seguimos caminando y alcancé a ver una montonera de gente afuera de la casa. Ahí me asusté”.

Junto a la puerta estaba Francisco –su hijo de 11 años–,  llorando. Había vuelto del colegio y había encontrado a su madre colgando de una de las vigas del techo. Su hermano pequeño, de tan solo un año, observaba la escena sin comprender qué pasaba. Desesperado, Francisco cortó la cuerda y trató de hacerla reaccionar. Como su madre no reaccionó, salió corriendo a pedir ayuda y se encontró con el esposo de Ángela Quilempan y otro vecino, quienes fueron rápidamente a la casa a ver qué había ocurrido. El hombre no podía comprender cómo unas horas antes su amiga, que ahora veía sin vida y con una soga al cuello, le había recibido los pescados para la cena con una sonrisa de oreja a oreja.

Cuando llegó Rubén y vio a Macarena tendida en el piso, la tomó entre sus brazos y la acarició suavemente. Recuerda que no entendía nada. Estaba en shock, pero sí sabía una cosa: era la última vez que iba a poder abrazarla.

MACARENA Y LA EMPRESA

Al momento de su muerte, Yudy Macarena Valdés Muñoz tenía 32 años. Vivía en una pequeña casa en la localidad de Tranguil, ubicada camino a Liquiñe, en la región de Los Ríos. Ese era el terreno que Mauricio González Leviñir le había prestado a su familia para que comenzara una nueva vida, más cercana a sus raíces mapuche. Junto a sus cuatro hijos y a su pareja, Rubén, Macarena llevaba dos años viviendo en aquel lugar y se sentía parte de la comunidad Newen de Tranguil, según afirman quienes la conocieron.

La condición que Mauricio y su compañera Mónica Paillamilla, copropietaria del terreno, le pusieron a Macarena y a su familia para quedarse fue que ayudaran a los vecinos del sector, que hacía tiempo tenían problemas con las empresas que querían poner sus proyectos hidroeléctricos en el lugar. Y a esa tarea dedicaron gran parte de su tiempo Macarena y Rubén durante los últimos dos años.

Uno de estos proyectos hidroeléctricos pertenece a RP Global Chile, filial criolla de la transnacional RP Global. A través de la contratación de servicios a terceras empresas, la compañía austríaca había estado construyendo una “pequeña central hidroeléctrica de pasada en Tranguil” – según afirmaron sus representantes a The Clinic–. La comunidad local protestó porque, para cumplir su meta, la empresa taló bosque nativo, destruyó terrenos e instaló cableado de alta tensión en lugares habitados.

El día 1 de agosto de 2016, se pactó una reunión que realizó el 19 de agosto del mismo año, a la que asistieron representantes de la comunidad y autoridades del gobierno local. Rubén, quien también estuvo presente, afirma que la Dirección General de Aguas (DGA) aseguró que había cursado 16 multas a la empresa y que desde CONAF se habrían iniciado dos procesos judiciales por tala de bosque nativo. Sin embargo, nada de eso detuvo la operación de la empresa.

En este encuentro, lo que más destacó fue una fuerte discusión entre el encargado del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y el de SERNATUR, quienes se recriminaron mutuamente por la responsabilidad de otorgar los permisos para la instalación de la hidroeléctrica. Según Collío, el representante del SEA habría asegurado que nadie le informó que el lugar era una Zona Protegida de Interés Turístico (ZOIT) y que, por ende, el proyecto debía haber ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

The Clinic pudo corroborar que el SERNATUR de la región de Los Ríos  envió, con fecha 31 de agosto de 2012, una misiva dirigida al director regional del SEA, en la que señala explícitamente que el proyecto “Central Hidroeléctrica Mini Hidro Tranguil” debe, por las características de la zona, ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental.

Al respecto, la empresa declaró que solicitaron con éxito todos los permisos requeridos para sus obras y que, al día de hoy, “no hay juicios ni sanciones ambientales pendientes en relación al proyecto”.

Luego de esta reunión, y un día antes que muriera Macarena, el 21 de agosto de 2016, Mónica Paillamilla recibió una visita inesperada en su casa en Hualapulli. Osvaldo Jaramillo y Juan Luengo llegaron ese domingo a las 14.00 en un jeep negro, conducido por un tercero, quien se identificaría ante la madre de Mónica como un chofer de “la empresa”. Luengo y Jaramillo, según los testigos, dijeron que venían a hablar con la dueña del terreno donde residían Macarena y su familia, en su calidad de “representantes del Comité de Pequeños Agricultores y del Comité de Agua Potable de Tranguil”.

“Queremos que usted saque a Rubén y a su familia de ahí. Nosotros estamos deteniendo a la gente, porque  le quieren pegar a Rubén. Le quieren hacer daño a él y a su familia”, le dijeron a Paillamilla. Argumentaron, afirma Mónica en entrevista con The Clinic, que Rubén “dividía a la comunidad” y que había “interferido con ventas de terrenos” que, por sus gestiones, terminaban frustrándose, y que eso tenía molesta a la gente.

Ante la réplica de Mónica, quien les dijo a los visitantes que Rubén prestaba asesoría a la comunidad para que las empresas y privados no los pasaran a llevar, Juan Luengo reconoció que ambos trabajaban para “la empresa” y que el proyecto iba a comenzar a funcionar el 5 o 6 de septiembre, a pesar de los intentos de Macarena y Rubén por frenarlo.

Cuando llegó a la casa Mauricio González, la pareja de Mónica, los sujetos ya se iban. Él también vio que se subieron a una “camioneta negra con chofer”.

Jaramillo, entrevistado por The Clinic, reconoce que junto a Luengo visitaron a Mónica, pero niega que usaran ese vehículo. También desmintió que hubieran ido en nombre de “la empresa”, aunque confirmó que sí trabajaban para Edibor, una constructora contratada por RP Global Chile para realizar su proyecto.

Así también, el hombre negó haber transmitido cualquier amenaza y afirmó que, junto a su compañero, llegaron al lugar en el jeep verde de una vecina que les ofreció un aventón y que se devolvieron en bus. Consultado por el nombre de la vecina para corroborar su versión, dijo que no recordaba su nombre, que no sabía su número, ni cómo encontrarla.

EL FUNERAL

El 23 de agosto del 2016 se realizó el funeral de Macarena. Sin embargo, los acontecimientos de esa mañana alteraron la tranquilidad de su familia y amigos.

Esa mañana, Mauricio González se encontraba con su cuñado, Juan Paillamilla, en la casa de Rubén, junto a sus cuatro hijos. Ellos debían cuidar a los niños mientras el padre se encargaba de ir al Servicio Médico Legal de Valdivia, para retirar el cuerpo de su pareja.

El dueño del terreno estaba limpiando cuando vio que una patrulla de Carabineros pasó lentamente por fuera de la casa y se estacionó a unos pocos metros. Acto seguido apareció un camión de la empresa SAESA con un brazo mecánico, listo para instalar el tendido eléctrico al que Rubén, Macarena y la comunidad se oponían tajantemente desde hacía tiempo.

RP Global justificó la decisión de la empresa local que contrató para cambiar los cables, alegando que “el tendido se ubicaba en un camino público, y por tanto, para ejecutar los trabajos no se requiere de la autorización de los propietarios de los terrenos aledaños”.

Mientras Mauricio les pedía explicaciones a los trabajadores, uno de los carabineros que se bajó del auto policial -y que se identificó luego como el teniente Francisco Sánchez – le dijo: “Oiga si yo sé lo que pasó aquí. Yo estuve aquí anoche. Oiga, deje que descanse en paz pues”, según recuerda el hombre.

Aunque ya perdía la esperanza de poder hacer algo, Mauricio González continuó tratando de razonar con los trabajadores de la empresa. “Deja de trabajar, están vulnerando nuestros derechos. Mataron a alguien aquí ayer. Yo sé que es tu trabajo, pero por favor entiéndeme”, le gritaba al hombre que estaba arriba del poste. En ese momento, contra sus propios pronósticos, el técnico dejó de trabajar y bajó sus brazos.

¡Tú, sigue trabajando!—,  le ordenó el teniente Francisco Sánchez al trabajador, mientras González observaba sin entender qué estaba sucediendo.

Cuando llegó Mónica Paillamilla también trató de razonar con el personal de Carabineros que estaba en el sector. De hecho, los encaró molesta, porque se estaban riendo justo fuera de la casa donde estaban los hijos de su vecina recién fallecida.

“¿Por qué no vas a limpiar mejor? Que ya van a traer a la muertita, ¿no? Ya van a llegar todos, si yo estuve ayer, aquí fue donde murió la muertita”, le gritó el teniente Sánchez, afirma Mónica Paillamilla.

El carabinero Francisco Sánchez, que hoy se encuentra asignado a la comisaría de Lanco, corroboró a The Clinic que ese día se encontraba en el lugar como jefe de tenencia. Había recibido la orden de escoltar y proteger a los trabajadores de la empresa para que realizaran su labor pues, según él, ellos se sentían amenazados por la gente del sector.

También confirmó que había estado ahí el día de la muerte de Macarena. “Sí, estuvimos el día anterior, por un suicidio”, afirmó. No obstante, desmintió que hubiera dado órdenes a un trabajador de la empresa de reanudar sus labores y que se hubiera burlado de la muerte de Macarena.

ACTOS SOSPECHOSOS

Rubén llamó a la Gobernación y logró que, el día del funeral, se detuvieran los trabajos de instalación de cables.

El 7 de septiembre de ese mismo año, el Gobierno Regional de Los Ríos emitió una declaración sobre las instalaciones que trataron de realizarse el día 23 de agosto, en la que aseguró que “no existe ningún Contrato de Electrificación Rural entre el Gobierno Regional de Los Ríos y la empresa SAESA, para dicho sector”.

Sin embargo, ni las declaraciones de la Gobernación, ni las del Gobierno Regional, ni la orden de alejamiento que puso Rubén contra las empresas RP Global y Saesa, pudieron impedir que, finalmente, el  13 de octubre de 2016 a eso de las 7 de la mañana, a menos de dos meses del primer intento, llegaran cuatro camiones a poner el tendido eléctrico. Venían custodiados por 50 funcionarios de Carabineros y Fuerzas Especiales. Una micro, dos tanquetas, furgones, camionetas y zorrillos formaban parte del contingente que, se supone, tenía que “controlar la amenaza” que significaban los tres hombres, dos mujeres y cuatro niños que se encontraban en la casa a esa hora.

Ese día, Rubén y sus vecinos lograron que un trabajador a cargo de las faenas les mostrara la autorización que tenía para realizar los trabajos. Era un documento de la Dirección de Vialidad, titulado: “Autorización de instalación de paralelismo aéreo y atraviesos del proyecto de Línea de Media Tensión sector Tranguil”, que efectivamente le otorgaba un permiso a la empresa SAESA para realizar sus trabajos, pero estaba fechado el 31 de agosto de 2015, más de un año antes, y ya había expirado, pues tenía una vigencia de solo 60 días.

A pesar de esto, los vecinos no pudieron impedir que instalaran el cableado.

Pero esto no fue lo único que debieron soportar. Según cuentan, desde el funeral de Macarena comenzaron a pasar las camionetas. “Pasaban de madrugada, como entre las 4 y las 5 de la mañana, y esto duró casi dos meses”, relata Rubén, quien alcanzó a divisar los dos vehículos en varias ocasiones. “Se detenían de golpe frente a la casa, abrían y cerraban las puertas con un ruido seco -como si se estuviera bajando gente– y después de cinco segundos, arrancaban nuevamente”.

Si bien en un comienzo temió por su seguridad y la de sus hijos, dice, al final se acostumbró y después, como juego, les tomaba el tiempo para ver cuánto se demoraban en irse. Supuso que querían asustarlo, pero tenía muchas otras preocupaciones en su cabeza como para darles real importancia.

La primera autopsia al cuerpo de Macarena, a cargo del perito Enrique Rocco, se realizó en el SML de Valdivia, el 23 de agosto. En este primer procedimiento, el profesional estableció que no se apreciaban lesiones “macroscópicas” en el cuello. En general, cuando hay una muerte de asfixia por ahorcamiento, es común apreciar lesiones en la zona cervical, como por ejemplo en el hueso hioides, que en este caso estaba intacto. Así también, el análisis pericial de la marca que deja la cuerda debe ser minucioso, cosa que, según un informe del médico forense Luis Ravanal, no ocurrió.

Ravanal, quien fue contratado por la familia para realizar un metaperitaje de esta primera autopsia, describe en su informe que existen anomalías en el análisis del surco del cuello dejado por la cuerda. “En ocasiones, se confunde como signo de vitalidad o hemorragia, la presencia de una franja roja, por encima y debajo de los límites del surco, que no es un signo de vitalidad. Ello obedece a un fenómeno mecánico originado por el desplazamiento de la sangre al ser comprimidos los vasos sanguíneos que se sitúan en los tejidos bajo el surco (piel y tejido celular subcutáneo), lo cual puede ocurrir en el período post mortem”.

Aparte de esto, Ravanal hizo notar que el informe de la primera autopsia no contaba con fotos ni videos del procedimiento. Solo cinco fotos fueron presentadas a las abogadas querellantes y esto ocurrió un año después de realizadas las pericias.

El documento emitido por el SML concluyó que que la causa de muerte había sido “asfixia por ahorcamiento”.

EXHUMACIÓN Y NUEVOS PERITAJES

Según la abogada de la familia, Patricia Cuevas, la tesis sostenida desde el comienzo por la Fiscalía se basa en un peritaje psicológico realizado a familiares directos de Macarena, para establecer cómo era su vida y si tenía motivaciones suicidas. Sin embargo, alega, estas entrevistas fueron hechas a gente con la que la mujer no mantenía contacto ni hablaba desde hacía mucho tiempo, como su madre biológica.

Avalada por este estudio, la Fiscalía ha dado por probado el suicidio, argumentando que Macarena tuvo una vida muy difícil y que padecía de depresión. Además, según la abogada, “desde el Ministerio Público sostienen que la primera autopsia está bien realizada, a pesar de que nosotros establecimos a través del metaperitaje de Ravanal que ésta se había hecho de manera poco rigurosa y que había pasado por alto varios indicios de que era necesario realizar más pericias. Tanto así, que tuvieron que autorizar una exhumación”.

Con el informe de Ravanal, la familia consiguió, el 31 de agosto de 2017, que la justicia aprobara la exhumación del cuerpo de Macarena, que solicitaron a pesar de que la práctica es contraria a la cultura mapuche.

“Los mapuche no exhumamos a las personas que ya han muerto”, explica Mauricio González. “Yo estaba ahí en el cementerio cuando tuvimos que pedir autorización a los antiguos lonkos que ya han muerto; protocolos mapuche que nunca se hacen, porque nosotros no sacamos los cuerpos de nuestros antepasados. Un cementerio mapuche es sagrado”.

“Cuando llegaron a retirar el cuerpo de Macarena no iban a cerrar el carro. Ni siquiera había una cadena de custodia. Era casi una situación rutinaria, como que no era nada serio. Tuvimos que exigirles una cadena de custodia, que sellaran el carro con un número específico y que el ataúd estuviera sellado completo también. Eso último no lo hicieron”, agrega.

Pese a esto, Rubén pudo solicitar nuevos peritajes: una segunda autopsia a cargo de Luis Ravanal y un estudio histopatológico –análisis de piel – de una muestra de tejido del cuello de Macarena, que se pidió a la doctora Carmen Cerda, directora del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile. En el informe histopatológico de 23 páginas con fotografías a color realizado por la profesional, se establece que “no hay lesiones vitales microscópicas observables” en el área estudiada. Eso significa que es probable que la víctima estuviera sin vida al momento de ser colgada de una viga.

“La infiltración sanguínea (difusión de glóbulos rojos fuera de los vasos sanguíneos, por rotura de los mismos, entre las células de tejidos adyacentes), ha sido considerada clásicamente como indicador de lesión vital”, se lee en el documento. “Sin embargo, cuando hay ausencia de infiltración sanguínea en un cadáver, no es posible plantear que ocurrió una lesión, dado que postmortem, se interrumpen los procesos metabólicos y de reabsorción”.

“No se evidenciaron signos de lesiones vitales en ninguno de los exámenes practicados”, concluye el peritaje que fue presentado a Fiscalía junto con el informe de Ravanal como un solo documento, el día 16 de enero de 2018. Querría decir, según ese examen, que Macarena Valdés no pudo haber muerto colgándose.

Paralelamente, el Servicio Médico Legal también realizó una histopatología solicitada por la Fiscalía, supuestamente con la misma muestra de piel que utilizó la doctora Cerda.

The Clinic tuvo acceso al documento de media plana emitido por el Centro Referencial Sur de Histopatología de Temuco, solicitado por el señor Enrique Rocco y firmado por Sergio Herrera Umazor. En este estudio – donde no hubo macroscopía – se pueden observar conclusiones que mencionan análisis de células miocárdicas, tubulares, renales, hepáticas, tejidos pulmonares, pared uterina y tejido glandular pancreático. Nada referido a la piel del cuello ni a cualquier tejido de la zona cervical.

NUEVO FISCAL Y DOCUMENTOS PERDIDOS

El 28 de noviembre de 2018, cuando ya había pasado casi un año desde que los nuevos peritajes se entregaron a la Fiscalía de Panguipulli, Rubén se reunió con Jaime Calfil, el nuevo fiscal que reemplazó a Alejandra Anabalón como encargada de la zona, para ver en qué había avanzado la investigación con estos nuevos antecedentes.

Si bien a Rubén le pareció que el fiscal “era una persona decente”, le manifestó su descontento por el escueto y extraño informe histopatológico del Servicio Médico Legal, al que el demandante tuvo acceso por primera vez en aquella reunión. También, le expresó su preocupación porque había pasado casi un año desde que se presentaron documentos científicos que afirmaban que a Macarena la habían colgado cuando ya estaba fallecida, y aún no había ningún avance en la investigación.

En ese momento, Jaime Calfil le dijo que el informe de Ravanal, si bien era un antecedente, no era una prueba definitiva que mereciera una investigación. El fiscal, afirma Rubén, quedó sorprendido cuando el querellante le mencionó la evidencia concluyente del estudio histopatológico de la doctora Carmen Cerda. Él no había visto nunca ese documento.

Cuando le mostró la carpeta con los archivos del caso a Collío, este comprobó que el estudio de la académica había desaparecido. Aunque todo había sido adjuntado como un solo documento – el informe de Luis Ravanal más la histopatología de la doctora Cerda–, el escrito solo tenía la parte fotocopiada de Ravanal.

Rubén le mostró entonces desde su celular el informe de la perito de la Universidad de Chile. Ante esto, Calfil le pidió que le mandara los antecedentes a su mail personal. Pasadas las 16.00, durante la misma reunión, Rubén envió desde la aplicación de correo en su celular el estudio histopatológico que el fiscal debería haber conocido meses antes.

Hasta el cierre de esta publicación, y aunque fueron contactados con insistencia, ni la Fiscalía ni el Servicio Médico Legal quisieron dar declaraciones para este reportaje.