Gobierno anuncia y luego posterga sustancial rebaja a remuneraciones por reemplazos en la salud pública

Carolina Zaliz Roth es médica urgencióloga y se desempeña como jefa de la UTI de un importante Hospital Clínico de la capital. Sin embargo, trabajó por muchos años en la urgencia y en la UTI del Hospital San José. Su pareja es un médico especialista que trabaja en el Hospital del Salvador. Cuando eres doctor o doctora en el sector público, Carolina cuenta que, si necesitan que alguien los reemplace, para tomarse sus vacaciones por ejemplo, deben gestionar esto ellos mismos. “Difícil que alguien quiera reemplazarte si ahora bajaron a más de la mitad, en algunos casos, las remuneraciones por hora trabajada”.

La jefa médica explica que el día 31 de enero, la Subsecretaría de Redes Asistenciales emitió la Resolución n°89, en la que fija el valor por macrozona para la hora de reemplazo contratada, que “es el mismo valor que se le da a las horas extra, cosa que hacen muchos médicos del sector público para aumentar un poco sus sueldos, que son considerablemente más bajos que en el sector privado”, dice Carolina.

 

Ajustes presupuestarios

The Clinic tuvo acceso a este documento en el que se establece que “durante el mes de enero de 2019, la Subsecretaría de Redes Asistenciales mediante resolución determinará los valores por macrozona para la hora de reemplazo contratada a través de honorarios a suma alzada, de conformidad a la Ley N°19.664 o Ley N°15. 076”, leyes que se refieren a las personas “a contrata”, que tienen un contrato indefinido que se renueva cada año, y a los empleados “de planta”, con contratos indefinidos sin necesidad de renovación anual.

En la Resolución se establecen valores para 7 macrozonas de nuestro país. En la zona centro, centro norte y centro sur, por ejemplo, el valor de reemplazo por hora para un funcionario sin especialidad “a contrata” quedó establecido en $7.000, si llevan entre 0 y 3 años trabajando en el sector público, y de $13.000 a $14.000 si llevan entre 6 y 18 años. (0-1 trienio y 2-6 trienios respectivamente).

Para los empleados “de planta” de las mismas zonas sin especialidad, si llevan entre 0 y 6 años en la salud pública recibirán de $10.000 a $11.000 por hora trabajada, mientras que, si han servido al Estado entre 9 y 18 años, su servicio quedará avaluado en $14.000 para la zona centro, $15.000 para la centro sur y 16.000 la centro norte.

Si se tiene especialidad, los valores por hora para la zona centro son de $11.000 para funcionarios “a contrata” que lleven entre 0 y 3 años en el servicio público, mientras que para los médicos “de planta” que lleven entre 0 y 6 años recibirán $12.000.

“Antes de esta Resolución, los reemplazos se pagaban entre $25.000 y $30.000 por hora trabajada. Esto habla de una disminución drástica y arbitraria, ya que antes había una conversación y previo acuerdo con los centros médicos antes de fijar estos valores, y ahora solo se nos informó”, cuenta la doctora Zaliz.

 

Precarización de la salud pública

“Esto no solo influye en vacaciones, licencias y otras cosas, sino que también a la gente que tiene deudas por estudiar la carrera de medicina, que es una de las más caras y largas”, dice la profesional recalcando que el valor establecido para los reemplazos es el mismo de las horas extras, que muchos de estos recién egresados hacen para tener más ingresos y poder pagar las cuantiosas cuotas de sus créditos universitarios.

No solo eso, la urgencióloga también denunció que, a través de una carta enviada a los directores de los servicios de salud, la misma Subsecretaría de Redes Asistenciales informó que establecía como válida la “contratación de médicos que están en proceso de rendir el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (EUNACOM) y/o certificar la especialidad ante la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas (CONACEM)”, como se lee en la misiva.  Esto se refiere específicamente a los profesionales extranjeros que postulan para trabajar en centros de salud pública.

El EUNACOM, es la certificación que tienen que dar todos los médicos que quieran postular a un cargo en algún establecimiento estatal de salud. Así también, es la prueba que todos los profesionales de otros países que quieran trabajar en Chile deben rendir para acreditar su experticia.

“No es que no haya buenos profesionales extranjeros, porque sí los hay, y muy buenos. Se trata de avalar a médicos que no tienen certificaciones que acrediten que saben lo que dicen saber. Además, esta medida aplicará solo para el sector público, lo que evidencia una clara desigualdad entre la calidad que el gobierno espera entregar en hospitales y en clínicas privadas”, analiza Carolina. “Además si lo sumas a la baja en las remuneraciones, lo que sucederá es una precarización en la calidad de la salud pública, pues los pocos médicos por vocación que prefieren trabajar en un consultorio o un hospital se verán obligados muchas veces a migrar al sistema privado”.

Ante esto, Zaliz Roth teme que los centros públicos puedan quedar con menos personal del que ya tienen, sin posibilidad de conseguir reemplazos, con el personal recibiendo menores ingresos y con médicos que podrán pasar meses o años trabajando sin poseer certificación.

 

Colegio Médico

Debido a la Resolución N°89, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, subió el 4 de febrero un video a la cuenta de Twitter de su organización, en el que rechazó la medida impuesta por el ejecutivo.

La Dra. @izkia Siches manifiesta el rechazo del @colmedchile a la resolución 89 que disminuye remuneraciones en el sector público: “Esto impacta a los servicios de urgencia y en especial a las unidades de pacientes críticos”. Llamamos al @ministeriosalud a revocar la medida. pic.twitter.com/sPs20C7v0u

— Colmed Chile (@colmedchile) February 5, 2019

Esto causa un impacto en la salud pública y en particular los servicios de urgencia y en las unidades de pacientes críticos, donde se atiende más del 80% de la población nacional, atentando contra la calidad y la sobrecarga de los profesionales médicos que ya se encuentran trabajando ahí. Existirán algunos turnos para los que no tendremos disponibilidad, y entregamos en bandeja al sector privado a gran parte de nuestros médicos”, enunció la doctora.

“Es por esto, que hacemos un llamado a los dirigentes de todo el país, a convocar asambleas e informar a todos los profesionales afectados y en conjunto hacernos cargo de esta medida”, terminó la presidenta, agregando que ya ha solicitado reuniones con el Ministerio de Salud para resolver esta situación

Desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales se explicó a The Clinic que los montos definidos en esta resolución se deben a los ajustes de la Ley de Presupuesto, que es responsabilidad del Ministerio de Hacienda. No obstante, La Subsecretaría declaró que hará todo lo posible por “subsanar” esta situación.

Durante la tarde del 5 de enero, el director del departamento, Luis Castillo, subió un comunicado a su cuenta de Twitter en el que declara que la aplicación de la Resolución N°89 “queda postergada y su ejecución será reanalizada con el Sr. Ministro de Salud, Emilio Santelices”. Desde el oficialismo no se refirieron al EUNACOM ni a la autorización para contratar profesionales que no hayan rendido este examen.

pic.twitter.com/Vxr2yjeHso

— Luis Castillo Fuenzalida (@Dr_LCastillo) 5 de febrero de 2019