Columna del senador José Miguel Insulza: Uso de menores para cometer delitos

Con motivo del anuncio realizado por el Presidente Sebastián Piñera, relativo al envío al Congreso de un proyecto de ley que pretende ampliar las facultades de Carabineros para realizar controles preventivos de identidad, haciéndolas extensibles a adolescentes mayores de 14 años, se ha abierto un interesante debate en torno a la necesidad de crear nuevas herramientas jurídicas para bajar los niveles de delincuencia y violencia que existen en la actualidad.

La medida anunciada por el Gobierno centra la atención en un grupo de especial vulnerabilidad de nuestra sociedad y pretende reducir la delincuencia poniendo el foco en los adolescentes infractores de la ley penal. El problema de esta propuesta radica en que no existe evidencia alguna que permita afirmar que con su aprobación en el Congreso se vayan a conseguir los efectos que persigue la iniciativa. Y aunque la medida propuesta parece tener una buena aprobación ciudadana, equivoca el rumbo al alejarse de las políticas de protección que buscan precisamente impedir que los menores de edad ingresen a una vida delictual sin retorno o a eliminar las causas que provocan esta tendencia.

Hace ya algunas semanas la Comisión de Seguridad Pública del Senado, que me ha tocado presidir durante este periodo, comenzó la discusión de una moción parlamentaria de mi autoría que pretende aumentar sustantivamente las penas de cárcel dirigidas contra mayores de 18 años que induzcan o fuercen a menores de esa edad a cometer crímenes o delitos, o que se aprovechen de ellos para la comisión de los mismos. De este modo cualquier acción delictual que se realice con la participación de menores de edad, le supondrá al mayor un castigo por el tipo de delito que corresponde, más la pena por el delito de utilizar a menores de 18 años, aumentando drásticamente el castigo a imponer.

El estudio de esta moción ha permitido tener un interesante debate sobre la necesidad de proteger a los niños, niñas y adolescentes de personas que, aprovechándose de su vulnerabilidad y de la responsabilidad penal disminuida que les reconoce la ley, propician el desarrollo de carreras delictuales a temprana edad.

Incentivar a menores de edad a ser parte de una vida delictual es un crimen social que hay que sancionar vigorosamente. Está comprobado que quienes inician carreras delictuales a temprana edad, en la mayoría de los casos, no abandona dicha forma de vida, ni siquiera en su edad adulta. Condicionar de esta forma el futuro de un niño, niña o adolescente merece un alto repudio de la sociedad en su conjunto, cuya primera misión es proteger a este grupo etario.

Durante el debate en la Comisión de Seguridad Publica del Senado, el Ministerio Público entregó estadísticas preocupantes, que si bien muestran una diminución de las causas ingresadas al sistema penal donde los imputados sólo son menores de 18 años, estas también muestran que durante los últimos cinco años el porcentaje de casos con coimputados mayores y menores de edad se ha mantenido estable.

Estos datos muestran la necesidad de perfeccionar la legislación existente y de dirigir un mayor reproche social a quienes, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes, incentivan las carreras delictuales de estos, finalidad que persigue la moción de mi autoría. Así también lo exigen principios como el del “interés superior del niño” y la Convención sobre los Derechos del Niño.