“En 1952, mi bisabuelo sacó el título de dominio de las 3.311 hectáreas de La Comunidad Agrícola La Dormida, que hemos heredado por generaciones. Los comuneros que viven acá trabajan en la extracción de piedras y de hierbas medicinales, la artesanía, las mermeladas y estábamos tratando de trabajar el ecoturismo. Tenemos cabalgatas, caminatas, cicletadas. Incluso vienen universidades a hacer estudios de botánica”, cuenta Evelyn Marchant, presidenta de de dicha organización en La Dormida, localidad de Olmué que ha sido intervenida por la instalación de torres de alta tensión.

En la Conferencia General de la Unesco de 1985, se aprobó el Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera, y el gobierno de Chile postuló al sector comprendido entre el Parque Nacional La Campana y el Lago Peñuelas, entre otras zonas, como candidatas a obtener esta protección. Unesco aceptó la presentación y declaró el sector como reserva mundial. En 2009, la Reserva La Campana fue ampliada 14 veces, pasando de 17 mil hectáreas de área protegida, a 238 mil.

Actualmente, Chile cuenta con 10 reservas de la biósfera, que constan de tres zonas interrelacionadas: las zonas núcleo (en este caso, La Campana y Peñuelas), las de amortiguación y las de transición (sus alrededores). La Dormida es parte de la zona de amortiguación, donde se desarrollan actividades agrícolas, silvícolas y de recreación.

Este es, ahora, uno de los sectores por donde pasa la línea de transmisión eléctrica Cardones-Polpaico, el proyecto de interconexión energética más grande del país, con una extensión de 753 kilómetros. Más de mil 700 torres de doble circuito, de cerca de 70 metros de altura, han sido construidas en 68 localidades, y atraviesan las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.

De acuerdo a información proporcionada por el Ministerio de Energía, el objetivo de este megaproyecto es fortalecer el Sistema Interconectado Central (SIC), supliendo una carencia de transmisión eléctrica que existía y dándole salida a la energía producida en la zona norte del país, para descongestionar la matriz.

Sin embargo, el proyecto Cardones-Polpaico ha causado molestia en comunidades intervenidas desde su tramitación en el Congreso y que han continuado quejándose por problemas concretos desde que fue aprobado por el Servicio de Evaluación Ambiental en 2015.

La construcción de la línea de alta tensión ha implicado la deforestación de especies vegetales “en peligro”, el vuelo constante de helicópteros sobre la comunidad y, según acusan los denunciantes, el abuso de los derechos de los trabajadores; problemas que, dicen, no han sido debidamente fiscalizados por los organismos del Estado.

“Nosotros queremos que nos evalúen y que paren de construir esto. Están haciéndole daño a la reserva”, asegura Evelyn.

“El proyecto está mal evaluado”

El proyecto Cardones-Polpaico contempla una inversión estimada de mil millones de dólares y fue presentado por la empresa Interchile, de la filial colombiana ISA, el 6 de marzo de 2014, para ser evaluado por el Servicio de Evaluación Ambiental.

Juan Molina, uno de los abogados de la comunidad de La Dormida, dice que “Interchile, cuando presentó el estudio, omitió que el trazado de la línea pasaría por una Reserva Mundial de la Biósfera”.

Luego de que el Sernatur y la Conaf le hicieran la observación, ellos modificaron el proyecto por la existencia de “una zona de tránsito aéreo de cóndores en el sector de La Dormida” y especificaron que “una pequeña porción del trazado atraviesa la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Campana, zona que se encuentra desprovista de vegetación, por lo que se descarta una afectación a la vegetación de esa zona”, según reza la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

“Cuando fue modificado el proyecto”, agrega Molina, “el proceso de consulta ciudadana se había cerrado y no se reabrió, lo cual atenta contra el principio de participación ciudadana”.

Vista de La Dormida, desde cerro Las Vizcachas

De todas formas, el proyecto fue aprobado por el Servicio de Evaluación Ambiental el 10 de diciembre de 2015. Desde entonces, la comunidad agrícola de La Dormida ha fiscalizado las obras que se realizan en la localidad y comenzaron a hacer guardia en el acceso a la cumbre cuando se comenzó a construir la torre 827 que, según acusa la directiva de la organización de comuneros, se encuentra fuera de la franja de servidumbre (el territorio aprobado para la construcción).

Sobre este problema, Interchile dijo a The Clinic que “el proyecto Cardones-Polpaico se construye de acuerdo con los permisos y autorizaciones, dentro de la franja de servidumbre”. En tanto, admiten, que “son 12 torres que pasan por el predio de la Comunidad Agrícola La Dormida, que afectan una superficie de 40 hectáreas de un predio total de 3.300 que es propiedad de la comunidad”.

En una carta oficial de la Conaf, dirigida al director de la comunidad, Mario Aravena, a la que The Clinic tuvo acceso, se afirma: “Analizados los datos levantados en terreno en fiscalización ambiental del día 12 de febrero de 2019, se determinó que tanto el área de plataforma de la torre 817GVN como un área que cumple funciones de helipuerto para el sector (…) se encuentran emplazados fuera de la zona aprobada según Resolución 46/50/18 de plan de manejo de corta y reforestación de bosque nativo para ejecutar obras civiles”.

Los caminos que usan los trabajadores de las torres para su construcción también son de propiedad privada, por lo que les han impedido el paso. Sólo pueden ingresar al recinto acompañados de un receptor judicial, pero según muestran registros audiovisuales de los habitantes de La Dormida, los trabajadores han ingresado a la fuerza y han hecho uso de los caminos que son propiedad de la comunidad.

En un intento de tranquilizar a los 600 comuneros de La Dormida, Interchile les ofreció 1.800 millones para que les permitan terminar de construir el proyecto que, según la Revista Electricidad, lleva avanzado el 99 por ciento.

“Este no es un tema de plata. El problema es que el proyecto está mal evaluado y siguen construyéndolo. Si ellos no pueden ingresar es porque no han cumplido con lo legal. Ahora mismo están ahí construyendo, pese a que no deben entrar”, comenta Evelyn.

“No pueden devolver lo que ya talaron”

Pese a que la Resolución de Calificación Ambiental indica que el área a intervenir está “desprovista de vegetación”, para construir las torres de alta tensión en La Dormida han tenido que sacar de raíz boldos, litres, peumos, cardones, molles, quiscos, entre otras especies, según denuncian los comuneros.

Para la construcción de la torre 817GVN, en específico, talaron de raíz cerca de 400 metros cuadrados de adesmia resinosa, declarada “especie rara” en el Libro de la Flora Terrestre de la Conaf. Por su distribución restringida, esta especie se encuentra en categoría de conservación “en peligro”.

Ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado del 11 de marzo recién pasado, Evelyn Marchant dijo: “Ya cortaron la adesmia resinosa. No es que la vayan a cortar o que están planificando cómo hacerlo. Ya la sacaron. (…) No pueden devolver lo que ya talaron”.

Locación de torre 817GVN

El presidente del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, Andrei Tchernitchin, afirma que, según un estudio del laboratorio de investigación de la Universidad de Chile, la adesmia resinosa tiene sustancias químicas que permiten el tratamiento contra varios tipos de cáncer y también para proteger la salud de la mujer en el climaterio.

“Hay distintos tipos de adesmia, que se encuentran en Chile Chico, el altiplano y en el sector de la reserva, y todas tienen propiedades diferentes según la locación. Si desaparece esta planta, puede que desaparezca un muy buen medicamento contra el cáncer, no sólo en Chile, sino en el mundo”, explica Tchernitchin, y agrega que el tratamiento que puede realizarse en mujeres en climaterio “no presenta riesgo de creación de células cancerosas, como ocurre con otros tratamientos”.

Pese a que la empresa aseguró a The Clinic que “se ha realizado tala de especies de acuerdo con los planes autorizados por Conaf”, en la carta oficial emitida por la Conaf a Mario Aravena se señala que que ante probabilidad de la presencia de adesmia resinosa, la Ley del Bosque Nativo (20.383) prescribe ciertas condiciones especiales para proceder a la intervención del territorio. Y agrega que “el titular Interchile S.A. a la fecha (25 de marzo del 2018) no ha hecho solicitud formal ante Conaf para reconocimiento y/o re inspección conjunta (…) previo a la intervención (de la torre 817GVN)”. Tras la fiscalización y al acreditar la presencia de adesmia resinosa en el sector, Conaf asegura haber cursado la infracción correspondiente.

Esta es la primera respuesta satisfactoria que ha recibido Aravena, quien afirma que no ha existido fiscalización adecuada por parte de los organismos públicos que debieran hacerlo.

El superintendente (s) del Medio Ambiente, Rubén Verdugo, informó a The Clinic que “la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ha realizado seis inspecciones en los sectores de Lliu-Lliu (Limache) y La Dormida (Olmué) entre septiembre de 2018 y febrero de 2019 con relación a intervención de corte de bosque nativo presuntamente no autorizado, ruido ocasionado por vuelos de helicópteros en el sector de La Dormida y la potencial afectación de adesmia resinosa (…) Los resultados obtenidos de las actividades de fiscalización ambiental se encuentran en etapa de estudio a objeto de determinar el cumplimiento o incumplimiento de las normas, medidas, condiciones o exigencias ambientales establecidas en la RCA N°1608/201 (del proyecto Cardones-Polpaico)”.

Aravena afirma que ante la falta de resoluciones de parte de la SMA, los comuneros han tenido que buscar respuestas, exigir información vía transparencia y denunciar. “Tenemos denuncias hechas en la Superintendencia de Medioambiente, en la Conaf, en la Contraloría General, en el Servicio de Salud y en la Inspección del Trabajo”, asegura.

“Los trabajadores no tienen la culpa”

Durante la mañana del lunes 25 de marzo, un helicóptero de la empresa Ecocopter capotó en la comuna de Quilpué, camino a Colliguay y fallecieron sus seis tripulantes: dos pilotos y cuatro trabajadores.

Ecocopter prestaba sus servicios a Edemsa, empresa contratista de Interchile, para la construcción de línea de alta tensión Cardones-Polpaico.

Tras lo sucedido, la empresa de la filial ISA declaró: “Estamos colaborando en lo que nos corresponde -junto a Edemsa y Ecocopter- en todo lo necesario para colaborar con la investigación e identificar las causas que ocasionaron el fatal accidente”.

Sin embargo, este no es el primer accidente laboral que ocurre en la construcción del megaproyecto. En septiembre del 2018, un trabajador de la obra murió tras caer de una torre de alta tensión en el sector de Los Laureles, en Limache.

Tan solo un mes después de ese accidente, un helicóptero cayó al interior de un fundo en el sector del embalse Lliu Lliu de la misma comuna, dejando a dos personas heridas de gravedad.

Las irregularidades con los helicópteros también han afectado a la comunidad de La Dormida. En la Comisión de Medio Ambiente del Senado, el senador Guido Girardi aseguró ser testigo de “cómo han caído materiales de los helicópteros, pernos grandes, que si le caen a una persona la podría matar, piedras arriba de las casas. Pero lamentablemente no hay nadie para fiscalizar a la empresa y se están cometiendo muchas situaciones irregulares”.

Ante estas acusaciones, Interchile responde a The Clinic que “las empresas que prestan los servicios de helicópteros, Ecocopter y Sumaair, son empresas certificadas y muy especializadas y nos aseguran que ello no ha ocurrido”.

También dijeron que “para Interchile es materia de preocupación permanente el cumplimiento de la legislación vigente, por tanto, se encarga de validar y verificar permanentemente que Edemsa, la empresa contratista, otorgue todas las condiciones sanitarias y de salud acordes con un trabajo de este tipo, que se realiza en sectores de alta montaña y en terrenos agrestes. Hemos realizado las verificaciones pertinentes, pudiendo comprobar que se cumplen con las normas sanitarias”.

Sin embargo, The Clinic verificó que los trabajadores que construyen las torres de alta tensión en el cerro Las Vizcachas de La Dormida, no cuentan con baños químicos, hay papel higiénico y desechos en el cerro y tienen instaladas una suerte de tiendas para dormir a la intemperie. Interchile no respondió la pregunta de este medio acerca de los permisos para realizar campamentos en el sector.

La relación de los trabajadores con los comuneros es casi cercana, por los constantes encuentros que han tenido en más de un año de construcción, dicen los entrevistados por The Clinic. Mario Aravena sostiene que “prácticamente están obligados a trabajar. No tienen dónde irse. Nosotros ya somos casi amigos de los trabajadores. Ellos no tienen la culpa”.

Actualmente, la Comunidad Agrícola La Dormida busca invalidar la Resolución de Calificación Ambiental y el retiro del proyecto. En busca de esto, recurrieron al Tribunal Ambiental, que el 31 de enero del 2019 falló a favor de la comunidad, ordenando al ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental declarar admisible la solicitud de invalidación presentada por la comunidad. Es decir, evaluar y llevar adelante el procedimiento de invalidación del proyecto. Mientras esa evaluación se lleva a cabo, la comunidad exige que se suspenda la ejecución del proyecto de la Línea de Transmisión Eléctrica Cardones-Polpaico en la Reserva Mundial de la Biósfera.

La abogada y vocera de los habitantes de La Dormida, Rocío Veas, pone énfasis en que “la comunidad no se está oponiendo arbitrariamente a la construcción de las torres porque no les gustan. Lo que están haciendo en La Dormida es defender su ecosistema, una Reserva de la Biósfera que es la que eventualmente, con los cambios climáticos, nos va a dar alimento en el futuro. Ellos son súper conscientes del valor de esta Reserva de la Biósfera para las potencialidades para la vida. O sea, podríamos tener 45 grados en tres años más y aquí todavía van a crecer tomates. Básicamente es eso”.