Denuncian a ministro de Justicia de denegar recursos para investigar destino de niños robados en dictadura

La agrupación Hijos y Madres del Silencio emitió un comunicado público en la que se refiere a la situación que está aconteciendo en las investigaciones que buscan aclarar las denuncias y querellas por sustracción de menores en Chile y que abarcan desde la década del 50 al 2000.

En dicho escrito, el grupo muestra su total y “profundo rechazo al ministerio de Justicia que ha denegado los recursos necesarios para poder ampliar y mejorar la investigación que está llevando a cabo el ministro Mario Carroza, quien suma miles de denuncias por secuestro de menores. Hoy, después que la PDI creara un nuevo equipo de dedicación exclusiva a la investigación de estos casos y cuando se está investigando el rol de las instituciones del estado desde la Comisión Investigadora de Adopciones Ilegales en el Parlamento, nos enteramos que el ministro de Justicia Hernán Larraín ha roto su palabra y no va a otorgar ni un peso extra para esta enorme causa”.

Desde el Ministerio de Justicia respondieron a este texto señalando que “como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos compartimos la voluntad de Hijos y Madres del Silencio en el sentido de que avancen las investigaciones que lleva adelante el Poder Judicial en los procesos conocidos como ‘adopciones irregulares'”.

Al mismo tiempo señalan que “creemos que es necesario que se sepa la verdad de lo ocurrido en estos hechos y que se propicie el reencuentro de quienes fueron separados injusta y arbitrariamente. Sin perjuicio de lo anterior debemos precisar que este Ministerio nunca comprometió aportar recursos para esta causa (como lamentablemente se ha entendido) sino que solo se manifestó la intención de explorar esa alternativa, lo que no ha sido posible hasta ahora pese a nuestros esfuerzos”.

Desde el Ministerio de Justicia señalan finalmente que “Por lo mismo hemos conversado con la Corte Suprema para ver si existe espacio para que se aporten recursos propios. En todo caso, seguiremos apoyando del mejor modo posible esta investigación judicial, para lo cual hemos instruido a nuestros servicios dependientes -Servicio Médico Legal, Registro Civil y Sename- que se pongan al servicio de la misma, cada uno dentro de sus competencias”.

Revisa a continuación el comunicado de la Agrupación Hijos y Madres del Silencio ante esta situación antes descrita:

“Este Gobierno realizó un compromiso con nosotros y hoy lo rompe sin complejos. Cuando el Ministro Hernán Larraín conoció de esta problemática en una sesión de la comisión de Familia en el Parlamento, sus palabras fueron “me produce una profunda vergüenza como país que una cosa así estuviese sucediendo a vista y paciencia nuestra”. Hoy le decimos que nos produce una profunda vergüenza el que hayan jugado con las esperanzas de miles de madres e hijos, una vez más. El mismo Estado que le robó, le arrebató y le secuestró sus hijos a miles de madres, les da la espalda nuevamente dejando sin recursos la investigación, no entendiendo lo vital que es esto para poder aclarar las responsabilidades de los diversos actores involucrados.

Por otra parte, el Poder Judicial no ha querido referirse a una solicitud que hiciéramos a la Corte Suprema dirigida a su Presidente, donde sugerimos que se instruyera al ministro Mario Carroza como el encargado de estas causas, ya que el avance que hay en la investigación y prolijidad en los antecedentes sin duda nos dan esperanzas para encontrar la verdad de lo que sucedió. En la ocasión señalamos lo importante de no disgregar las causas en distintos Ministros como sucede hoy: existen causas que lleva el ministro (de DDHH) Fernando Hormazabal en el norte; otras, la magistrada Margarita Sanhueza del Primer Juzgado Civil de Concepción, ya que el ministro Carlos Aldana no quizo tomar este tipo de casos; pero la mayor parte las lleva el ministro Mario Carroza, quien ha tipificado como delito la sustracción de menores.

Creemos necesario que el poder Judicial entregue señales claras, pues si hoy se habla de un terremoto a raíz de lo ocurrido en la Corte de Apelaciones de Rancagua, creemos que lo que ocurrió con nuestros casos es mil veces peor. Acá se cometieron crímenes a cargo de agentes del estado como lo son jueces, actuarios, secretarios de juzgados, oficiales de registro civil, médicos, enfermeras, matronas de hospitales públicos y también de asistentes sociales de municipalidades, de tribunales, de hogares de menores, cuidadores, etc. A lo que sumamos cientos de monjas y curas de la iglesia católica y también otras iglesias como las metodistas y evangélicas pentecostales. Todos traficaron con los hijos de miles de madres, y todos deben ser investigados y juzgados, es lo mínimo que puede hacer este país. Fueron asociaciones ilícitas -compuestas por agentes del estado- que se dedicaron a secuestrar menores y nuestro país califica estos hechos como violaciones a los Derechos Humanos y Crímenes de Lesa Humanidad. Por tanto, el tratamiento a estos hechos es de vital relevancia.

Hacemos un llamado urgente al Ejecutivo para que apoye el trabajo del Poder Judicial. Ya había un compromiso con el Parlamento, quienes estaban por apoyar un presupuesto que incluyera un ítem para este tema, pero no sabemos lo que ocurrió. Es lo mínimo poder entregar herramientas para que se pueda investigar y ojalá llegar a establecer donde están estos hijos sustraídos. No estamos pidiendo ningún tipo de recurso personal, pedimos recursos para una investigación seria y concluyente, con dineros que provienen de todos los impuestos que diariamente pagamos.

El registro de nuestra agrupación contiene miles de casos de búsqueda de madres e hijos, gran parte de ellos vendidos en -al menos- 18 países y otros entregados en nuestro país, sacados de más de 84 hospitales públicos y 6 clínicas privadas, engañando a miles de madres, sustrayéndolos de sus hogares y de guarderías, falsificando informes y con procesos judiciales que -en muchos casos- duraron menos de una semana, a veces un par de días.

Desde el año pasado venimos realizado múltiples reuniones con diversas autoridades para solicitar un avance en el tratamiento de estos casos. En agosto y septiembre del año pasado solicitamos al parlamento diversas reuniones para que se creara una comisión investigadora, la que se encuentra sesionando con la presidencia del diputado Boris Barrera. También nos reunimos con el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, para señalar la envergadura de la investigación judicial. En esa ocasión, le solicitamos al ministro Larraín la urgencia de otorgar recursos a la causa que lleva el ministro Carroza ya que un documento excel no aguanta la cantidad de información contenida en la causa para poder identificar redes de tráfico de menores y el número de peritos es escaso. Ante esto el Ministro señaló que iba a entregar todo su apoyo e iba a otorgar los fondos que se requirieran para sacar a la luz uno de los capítulos negros de nuestro país y le iba a pedir colaboración expresa a los organismos dependientes del Ministerio de Justicia como SENAME, Servicio Médico Legal, Registro Civil, etc. pero vemos que nada fructificó.

Así también, nos dirigimos a una entrevista con el Ministro Ricardo Blanco, encargado desde la Corte Suprema como coordinador de las causas de derechos humanos en la Corte de Apelaciones, y le señalamos lo urgente de otorgar más recursos humanos de apoyo en este trabajo que encabeza el ministro Carroza y que confirmaran a quienes ya estaban trabajando con él. Lamentablemente, a pesar de la buena acogida a la problemática, nos señaló que sería bueno solicitar por nuestra parte un ministro en visita especial para estos casos al Pleno de la Corte Suprema, lo que nosotros descartamos de plano, pues no nos da confianza que un nuevo Ministro vuelva a comenzar con todas las investigaciones y nadie nos asegura que el criterio que se aplique vaya a solo prescribir estos casos, cambiando la esencia del delito ,como ya se ha hecho en muchas ocasiones anteriores.

Las madres se están muriendo y los hijos continúan llegando para encontrarlas, muchos de los culpables continúan en los juzgados de familia y otros viven acomodadamente de la venta de niños ¿Hasta cuándo vamos a esperar justicia en estos casos? ¿Hasta cuándo nos dan la espalda?”.

Hijos y Madres del Silencio
Marisol Rodríguez, vocera