Pasadas las dos de la tarde del 9 de abril, la ministra de la Corte Suprema Rosa María Maggi, de 72 años, baja con parsimonia las escalinatas de la Corte de Apelaciones de Rancagua para subirse, sin decir palabra, al auto que la esperaba en calle Brasil. Viste un traje gris y va premunida únicamente de su cartera. Su sobriedad y aparente calma contrastan con la compleja tarea encomendada por el pleno del máximo tribunal: investigar una supuesta red de corrupción en el seno de la Corte de Apelaciones de Rancagua en la que operaban tres ministros, hoy suspendidos: Marcelo Vásquez, Marcelo Albornoz y Emilio Iván Elgueta. La atención ha estado concentrada en este último pues, paralelamente, la Fiscalía de Rancagua anunció su formalización por tráfico de influencia y prevaricación en una audiencia fijada para el próximo viernes 26 de abril.     

PODER Y LIBERTAD

El ministro Elgueta reunía, en apariencia, todas las características del funcionario público meritocrático de origen humilde. Nació el 19 de septiembre de 1956 en la comuna de San Miguel y es uno de cinco hermanos. El padre del hoy suspendido juez, Óscar Elgueta Mora, fue militante de izquierda, oriundo de Chillán, que debió cargar con una viudez temprana: en 1965 su esposa, Jovita del Carmen, murió de una insuficiencia cardíaca a la edad de 34 años. Emilio Elgueta tenía nueve.

Tras el golpe de Estado de 1973, el padre del ministro sería perseguido y torturado. Su caso integra la nómina de 9.725 personas reconocidas como víctimas por la Comisión nacional sobre prisión y tortura, más conocida como Comisión Valech. Murió en San Miguel poco antes del plebiscito, en 1987. Su segunda mujer, Victoria del Carmen Ortiz, recibe desde  2004 el “Abono de tiempo por gracia”, un subsidio que se le otorga a los exonerados de la dictadura o a sus familiares. El nombre de la viuda figura igualmente en una lista de miembros de la Unión de Exprisioneros Políticos que en julio de 2017 presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia contra el Estado chileno por vulneración de su derecho a justicia y a una reparación por los daños sufridos durante la dictadura.   

Tras titularse en la Universidad de Chile, Elgueta hijo ingresó a la masonería y en 2002, con 46 años, asumió como presidente de la Corte de Apelaciones de Talca. En esa ciudad dejó una buena impresión, según informaciones recabadas por The Clinic entre  funcionarios que lo conocieron en esa época. De personalidad bonachona, acostumbraba a jugar a la pelota con los funcionarios de menor rango. La relación con sus pares era igualmente muy buena. Antes de presidir el tribunal, el magistrado había trabajado allí como relator (entre 1990 y 1995) y como titular del Primer Juzgado de Letras (hasta 1997).

En su calidad de presidente de la Corte le tocó asistir a eventos sociales y académicos. Uno de ellos quedó registrado en 2002 en la revista Ius et Praxis de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, donde Elgueta hizo clases entre 1995 y 1997. Invitado a la inauguración de un seminario sobre reformas constitucionales organizado por la casa de estudios, leyó un discurso sobre poder y libertad: “Nuestros bíblicos primeros padres (…) podían comer todos los frutos del jardín, con excepción del que emanaba del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eran, pues, poderosos y tenían libertad. Sin embargo, su poder y su libertad se vieron restringidos por una norma prohibitiva, cuya infracción estaba especialmente sancionada”, afirmó. En esa época fue contratado como docente en el centro de formación técnica Massachusetts, de Talca. El mismo ramo que dictó hasta hace unos días en la Universidad de Aconcagua, en Rancagua.    

En Talca se le recuerda, además, por la tormentosa separación de su primera esposa, en 2002. Su traslado y llegada al puesto de ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, en 2008, fue vista en la séptima región como un salto “extrañamente” meteórico para un juez cuyo única labor relevante había sido presidir por un año la Corte de Apelaciones de Talca. Por ejemplo, al mismo tiempo, el ministro Hernán González García, designado en 1996 para investigar con dedicación exclusiva las violaciones a los derechos humanos y otros delitos cometidos en la Colonia Dignidad, esperaba sin éxito el mismo nombramiento. Fuentes del círculo judicial talquino se explican la promoción por la densa red de contactos que siempre mantuvo a nivel político y en la que destacan figuras de la masonería y el Partido Radical. Por ejemplo, se menciona entre sus amistades al exministro de Justicia y expresidente del Partido Radical, José Antonio Gómez y al exministro de Justicia, también radical y masón, Jaime Campos. Al senador socialista Juan Pablo Letelier, con quien aparece en una fotografía difundida por la prensa en estos días, también se le atribuye cercanía con Elgueta y los otros jueces cuestionados.

AUSENCIAS Y CURSOS DE AUTOCUIDADO

La hoja de vida de Elgueta anotó por largo tiempo buenas notas. En 2008 alcanzaba una calificación de 6,88 -“sobresaliente”- que, no obstante, es la calificación habitual de los magistrados. A pesar de eso, destaca también en su registro una enorme cantidad de días libres que se tomó en los 22 años que van de noviembre de 1996 a marzo de 2019. Sumando licencias por enfermedad  y permisos administrativos (y sin contar vacaciones) el ministro estuvo ausente de sus funciones por casi un año completo (324 días). En 2002, el mismo año que asumió como presidente de la Corte de Apelaciones de Talca, sus permisos administrativos se dispararon pasando de un promedio anual de 5 a 29 días y llegando al pick de 30 anuales, en 2018. Entre el 14 de enero y el 12 de febrero de 2014 estuvo ausente casi un mes por licencia médica, antes de salir de vacaciones.

El registro oficial consigna asimismo numerosos viajes desde Rancagua a Santiago en comisión de servicio, por lo general para asistir a cursos y seminarios dictados por la Corte Suprema. En 2014, por ejemplo, faltó a sus obligaciones para asistir al curso de perfeccionamiento: “Autocuidado y prevención del estrés”. En 2016, dedicó dos días al “Curso de desarrollo de la comunicación a través del lenguaje de señas I”. Uno de los últimos cursos a los que asistió fue un seminario titulado “Independencia judicial: la última frontera contra la corrupción”.   

De su vida en Rancagua, conocidos suyos revelan que era un asiduo visitante de La Casa del Juez, una especie de peña que estuvo ubicada en Germán Riesco, en el centro histórico de la ciudad, que fue demolida a fines del 2016. También era un habitué en el Café Haití,  ubicado cerca de la Plaza Los Héroes, a cuadras de la Corte, donde suelen reunirse los abogados litigantes, y de vez en cuando visitaba el céntrico restaurant El Quijote, donde fue tomada la polémica fotografía de los ministros cuestionados junto con el senador Juan Pablo Letelier.

VIF

Las conflictivas rupturas del juez Elgueta con sus parejas es otro de los rasgos que caracteriza su vida. El ministro registra su primer quiebre en 2002 con quien fuera su primera esposa y madre de sus dos primeros hijos. Una fuente que lo conoció en Talca, cuando oficiaba de presidente de la Corte de Apelaciones, afirma que los conflictos que rodearon la separación salpicaron su vida profesional: la mayoría de quienes laboraban en la Corte estaban al tanto de lo que ocurría en su vida privada.

El mismo año que se separó de su primera esposa, Elgueta contrajo matrimonio con la psicóloga Alejandra Rebolledo Latorre, quien tenía 31 años en la época (quince menos que él). Entre 2002 y 2014 sostuvieron una relación extremadamente conflictiva y, según consigna una nota de El Mercurio de agosto de 2010, tuvieron dos hijos: un niño  y una niña. El primer quiebre se registra en junio de 2010 cuando, durante una discusión, Rebolledo intentó quitarse la vida haciéndose cortes en los brazos con un cuchillo. Tras el hecho, fue internada en una clínica psiquiátrica, según consta en un expediente del Ministerio Público de la época al que tuvo acceso The Clinic. En dicho documento, consta que el organismo descartó iniciar una investigación sobre el caso. Un mes más tarde, ambos se encontraron a las afueras del colegio de sus hijos a quienes Rebolledo exigía ver y se produjo un nuevo altercado. Ella inició en su contra una causa por violencia intrafamiliar, pero él también la denunció, afirmando que era su exmujer quien lo golpeaba e intentó influir en la decisión del caso. La queja por su intromisión indebida en la causa llegó a la Corte Suprema y la ministra visitadora, Gabriela Pérez (cuya imagen es la que Elgueta tenía pinchada con alfileres de magia negra en su despacho) finalmente emitió un informe, tras el cual el máximo tribunal sancionó a Elgueta por faltas a la ética.

Cuando aún no se aplacaba ese conflicto, Elgueta inició una nueva relación con la funcionaria judicial de Punta Arenas, Cristina Rosas. Según consta en un archivo judicial al que tuvimos acceso, Elgueta y Rosas, actualmente de 38 años de edad, tuvieron una hija.

Como en otros episodios, cuando la relación concluyó, el juez intentó imponer sus términos: comenzó a llamar a su expareja obsesivamente por teléfono y le enviaba mensajes de texto. Cristina Rosas terminó denunciando por acoso telefónico y hostigamiento, como reveló un reportaje del periodista Jorge Molina Sanhueza, en The Clinic, en marzo de 2014. El conflicto llegó a la Corte de Apelaciones de Rancagua la que finalmente decidió  sobreseer al ministro “por falta de méritos”. Según consignó The Clinic en ese entonces. Elgueta le pidió al magistrado Marcelo Albornoz (quien también forma parte de las indagatorias actuales) que llamara a Rosas para que se desistiera de su denuncia.

En 2014, se produjo otro conflicto con Cristina Rojas: el sábado 11 de enero de ese año, la segunda esposa de Elgueta, Alejandra Rebolledo, se hizo presente en la Iglesia de San Francisco, en plena Alameda, donde la funcionaria judicial estaba a punto de contraer matrimonio. Rebolledo se hizo pasar como invitada se acercó al altar, con una botella con ácido y un cortaplumas, gritando que mataría a la mujer y a su hija. La intervención de los familiares de la novia impidieron que la mujer concretara sus amenazas. Según consigna un reportaje de The Clinic, de 2014, la Fiscalía Centro Norte sospechaba que el propio Elgueta habría incitado las acciones de Rebolledo.  

El 27 de julio de 2015, Elgueta y Rebolledo finalmente acordaron el divorcio. Sin embargo continuaron viviendo juntos hasta 2016, en una casa fiscal en Rancagua, cercana al estadio El Teniente. La pareja se trasladó más tarde a otra propiedad fiscal ubicada en las inmediaciones de la avenida España, cerca del casco histórico de la ciudad. Vecinos de ese lugar reconocen a Elgueta como un vecino más. Actualmente, Alejandra Rebolledo vive allí junto con la hija menor de ambos. Rebolledo tiene un Chevrolet Sail azul mientras que Elgueta se moviliza en un auto de la misma marca, pero gris, del año 2017.

Las casas fiscales en el Poder Judicial, en teoría, están destinadas a magistrados que viven fuera de su lugar de origen y que no tienen vivienda propia. La pareja declara no tener propiedades, aunque la declaración de Elgueta, disponible en la página www.infoprobidad.cl, advierte que “el resumen no considera patrimonio donde el declarante es controlador de una empresa”. Sin embargo, en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, Elgueta aparece como propietario de un departamento en Avenida Salvador.

Hoy a Elgueta se le atribuye una relación con una estudiante de vespertino, Gladis Bustos (35), actualmente funcionaria del Juzgado de Policía local rancagûino.

EL PROFE DE PROCESAL

Desde que llegó en 2010 como ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta ha sido profesor en la Universidad de Aconcagua donde hace clases de Derecho Procesal. La carrera se dicta sólo en las noches en la sede Machalí de la universidad, a las afueras del centro histórico de la ciudad. Elgueta daba clases a alumnos de tercero y quinto año. La Universidad de Aconcagua no es la primera donde Elgueta hace clases. Su carrera como académico comenzó en 1995 en la Universidad de Talca y continuó en el centro de formación técnica Canon y en la Universidad UNIACC, donde fue profesor titular entre 2004 y 2008. Dos alumnos que comenzaron hace menos de un mes sus clases con él se refieren de manera positiva al “profe Elgueta”. Dicen que es más práctico y que evita la teoría, que aburre a los alumnos.

Pero una fuente al interior de la comunidad universitaria, que pide estricta reserva de su nombre por temor a represalias, asegura lo contrario. “Lo que está pasando con Emilio Elgueta no es ninguna sorpresa. Por lo menos para quienes saben cómo funciona este tipo, cómo se mueve con su círculo cercano, con su núcleo de protección, no es ninguna sorpresa”, señala.

“Era un secreto a voces que el voto de Elgueta costaba plata y dependiendo de la materia que se tratara, cuánto cobraba. Él funciona a través de emisarios, lo digo con conocimiento de causa”, dice esta fuente. Y agrega: “Tengo por lo menos dos personas que fueron ubicadas para asistir a reuniones donde había que llevar el mensaje de cuánto costaba resolver esa causa. Hablamos de procesos de gran connotación pública”.

ACOSO EN LA UNIVERSIDAD

Una fuente revela que “en octubre del año pasado el ministro fue bastante cuestionado al interior de la universidad”. El testigo asistió a una reunión con los directivos del establecimiento (entre ellos el decano, el jefe de carrera y el vicerrector académico) a propósito del caso de un profesor de Derecho que se vio obligado a renunciar temporalmente por criticar en una clase, ante sus alumnos, la poca especialización que en materias de derecho laboral tenían los ministros de las cortes de apelaciones del país. El profesor en cuestión es el abogado de la Universidad de Chile Ricardo Zúñiga Lizama, actual juez de policía local de Doñihue y encargado de dictar la cátedra de Derecho del Trabajo y Litigación Laboral en la Universidad de Aconcagua.

“Este docente fue grabado en una cátedra por dos alumnas que tienen vínculos de amistad con Emilio Elgueta”, cuenta la fuente. Y continúa: “En esa cátedra el docente dijo que los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua no tenían ninguna especialización para determinar o para resolver ciertas cosas y que tampoco marcaban cierta jurisprudencia porque eran extrañamente dispares las resoluciones, incluso con la conformación de una misma sala. Con los mismos ministros, la forma de resolver podía cambiar ante un mismo caso, ante una misma situación. El docente decía que eso respondía a que los ministros no tenían ningún tipo de especialización. Le parecía que esa ambigüedad para resolver podía afectar siempre en términos jurídicos a cualquiera que se presentara. Uno no iba con ninguna seguridad de cómo iban a resolver en una sala determinada de la Corte de Apelaciones. Y eso al docente le molestaba”.

El abogado Ricardo Zúñiga confirma la versión entregada a The Clinic: “En mi cátedra solamente señalé que en las cortes de apelaciones en general (no mencioné la Corte de Rancagua en particular, ni a ningún juez o ministro de corte) no había ministros especializados en Derecho del Trabajo. Mi comentario fue que los ministros, por el solo hecho de ser nombrados ministros, no significa que tengan conocimiento en todas las materias del Derecho”.

Las alumnas que registraron el audio lo editaron y se lo llevaron a Elgueta. Al enterarse de este hecho, Zúñiga ofreció disculpas en la Corte, diciendo que él no se había referido a nadie en particular.

“Fui a hablar personalmente con el ministro Elgueta y le expliqué que mi comentario era un comentario académico, estrictamente académico, de la necesidad de tener cortes especializadas”, agrega el abogado y profesor. “Él lo entendió como que yo estaba diciendo que todos los ministros eran unos ignorantes y se ofendió. Pero yo lo hablé con él. Yo le dije: ‘Mire, escuche bien mi grabación, no me referí a usted’. De hecho cuando conversé con él me dijo: ‘¿Sabe?, yo me saqué buenas notas, fui un buen alumno en la escuela, estuve dentro de los mejores diez promedios de mi escuela’. Yo le dije que no tenía porqué poner en duda eso: ‘Yo no estoy diciendo que usted sea un mal ministro. Lo que yo digo es que en esta corte no hay nadie que sepa de Derecho del trabajo profundamente, porque ven todas las materias y todos vienen de la jurisdicción penal’”.

Tras la conversación con Elgueta, a Zúñiga le pareció que el asunto estaba zanjado. Sin embargo, el conflicto escaló. El hoy suspendido ministro esperó a que hubiera un pleno de la Corte de Apelaciones para hacer que sus colegas oyeran la grabación de la clase de Zúñiga. Zúñiga cree que Elgueta buscaba que la Corte le suspendiera su condición de abogado.

Viendo cuestionada su honra, el profesor presentó su renuncia a la universidad, lo que movilizó a los alumnos de la carrera para intentar revertir su salida. Se reunieron con los directivos de la universidad quienes evaluaron la situación y recontrataron a Zúñiga, quien accedió a seguir haciendo clases en la sede Machalí, a condición que las dos alumnas implicadas en el caso no continuaran en su clase.

Según el vicerrector académico de la Universidad de Aconcagua, Bernardino Sánchez, tras la suspensión de Elgueta como ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua y su expulsión de la masonería, la casa de estudios tomó este martes 2 de abril la determinación de desvincularlo de esa casa de estudios. Sánchez reconoció que la institución privada “está enfrentando una situación compleja” que “pone en juego sus valores y principios”. “Como queremos que nuestros actos reflejen lo que decimos y hacemos, hemos tomado una decisión que es separar de la docencia al profesor Elgueta, al menos hasta que termine la investigación. De manera que, una vez que eso esté resuelto, revisaremos su posible reintegro”, dijo. Sánchez confirmó además que el otro ministro de la Corte que también ejercía como profesor de esa universidad, Marcelo Vásquez, ha sido igualmente desvinculado.

CON CANDADO

Tras las denuncias desde el seno de la Universidad de Aconcagua contra “el profe Elgueta” por tráfico de influencias, el clima al interior de la casa de estudios se ha enrarecido y la comunidad académica está dividida entre opositores y partidarios del “profe Elgueta”. Estos últimos incluso levantaron una campaña en su favor, por Facebook , la que también incluye a sus colegas Marcelo Albornoz y Marcelo Vásquez.  

El miedo a represalias contra los opositores de Elgueta se ha visto alimentado por el hecho de que algunos profesores que formaban parte del círculo de protección del juez siguen haciendo clases, dice una fuente del plantel. Es el caso del secretario de la Corte de Apelaciones, Hernán González, cuya esposa está implicada en una de las aristas del caso de corrupción: el del tráfico de estupefacientes. Una fuente señaló que González asistió el 9 de abril a hacer clases y que lo hizo visiblemente ofuscado por las filtraciones a la prensa. Claudio Sepúlveda, profesor de Derecho y abogado integrante de la Corte (cuyo voto habría favorecido al miembro de un clan narco que estaba preso) también sigue haciendo clases allí.     

Uno de los espacios que han permanecido herméticos desde que fuera intervenido por la masonería de Santiago es la sede de la Logia nº56 Jorge Washington a la que pertenecían Elgueta y sus colegas Marcelo Albornoz y Marcelo Vásquez hasta el 31 de marzo. Ubicada en una casa de estilo colonial, en calle Almarza, la placa de la entrada no la identifica como una logia masónica sino como un “centro cultural”. Ya no abre todos los días, como antes, y un grueso candado en la entrada es la manifestación más visible del Elguetagate.