* Josefina Araos Bralic, investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad

La polémica desatada a partir de la publicación de las nuevas bases curriculares para tercero y cuarto medio es un buen indicador de cómo tiende a funcionar hoy nuestro debate público. Las reacciones indignadas ante el dato de que historia pase a ser un ramo electivo en el plan de estudios inundaron rápidamente los medios, con voces furiosas advirtiendo el fin del pensamiento crítico, constatando los prejuicios de una derecha que desprecia la historia, augurando la repetición cíclica de los mismos errores, y, en fin, asumiendo la peor versión posible de los hechos. Así, en lugar de detenerse a analizar en detalle la propuesta del Consejo Nacional de Educación (CNED) – y no del gobierno–, la mayoría se concentró en difundir sus bien intencionadas definiciones del valor de la historia.

Es sin duda fundamental reconocer la importancia de la disciplina histórica, considerando el fuerte cuestionamiento que en la actualidad enfrentan las humanidades ante a un mundo progresivamente más funcional y tecnocrático. En ese sentido, es relevante que frente a estas noticias se vuelva a enfatizar que el papel de la historia en la formación de los estudiantes no se reduce a los contenidos que entrega, sino que se vincula también con herramientas claves que su enseñanza permite desarrollar; es lo que se llama propiamente pensamiento histórico. Esto no tiene que ver únicamente con el pensamiento crítico –habilidad que por lo demás no es patrimonio exclusivo de la historia–, pero sí con el aprendizaje de la temporalidad y quizás sobre todo de la contingencia. El estudio del pasado obliga a confirmar una y otra vez que las cosas no siempre han sido como son hoy día y que las trayectorias históricas de las culturas y pueblos podrían haber sido de otra manera. Se quiebran así las tendencias deterministas que a ratos se vuelven dominantes en nuestra sociedad, al tiempo que tomamos consciencia de una pertenencia común. Nada menor en tiempos de fuerte individualismo.

Pero otra cosa es hundirse en el escándalo, que es lo que parece haber ocurrido en esta ocasión. Lo concreto es que la información disponible hasta el momento no permite sacar conclusiones respecto de cómo será redistribuido el contenido de historia ni cómo se asegurará la enseñanza de sus habilidades específicas, y así lo han destacado varios especialistas. Eso es tal vez lo más problemático por el momento, lo que exigirá que el CNED y el Ministerio de Educación aclaren prontamente las múltiples dudas generadas por el modo en que se difundió esta decisión. En cualquier caso, parece importante mirar también otros ejes de esta iniciativa, tan relevantes como el destino de la historia en el plan de estudios.

Diversas figuras vinculadas al mundo educativo han destacado el hecho de que esta propuesta es resultado de un trabajo con múltiples actores y no supeditada al gobierno de turno, lo que asegura una transversalidad y autonomía fundamentales para pensar políticas públicas. Pero quizás lo más importante sea el hecho de que se establezca un plan común para la educación científico-humanista y técnico profesional, que hasta ahora no existía. A menudo enfatizamos la fuerte segregación que caracteriza al sistema educacional chileno, lo que se expresa, entre otras cosas, en que la distribución en cada tipo de establecimiento suele estar condicionada por el origen socioeconómico. El hecho de que no haya existido una base compartida ha redundado entonces en que la pobreza no sólo determine tu vocación futura, sino también el tipo de formación que recibes. Si estamos de acuerdo en que a la escuela no sólo se va para prepararnos para ser trabajadores funcionales al sistema, sino sobre todo a descubrir el valor y realización que permite el conocimiento integral, debiéramos alegrarnos con esta noticia.

Es importante entonces lograr superar el tono de escándalo tan propio de nuestro medio hoy en día. No se trata de aceptar acríticamente la iniciativa, sino de evaluarla en sus propios términos, de modo de poder establecer un verdadero debate, reflexivo y fundamentado, que permita avanzar hacia la definición del plan más completo y también el más justo para los estudiantes de nuestro país.