El 15 de junio se celebra el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.

Las personas mayores han marcado la agenda política los últimos años en nuestro país. Millones de personas, mayores y jóvenes, han ocupado las calles exigiendo el derecho a una vejez digna con pensiones que lo permitan.

En nuestro país se registran 3 millones 700 mil adultos mayores, lo que equivale casi al 21,3% de la población, según datos del INE. De ellos, el 55% son mujeres y el 45% hombres. Más de 1 millón de personas mayores están en la Región Metropolitana.

Según el Censo 2017, un millón 300 mil personas de este segmento se encuentran aun trabajando, a pesar de tener edad suficiente para iniciar el justo descanso. La cruda realidad socioeconómica en Chile es que el 22,1% de la población que califica en situación de pobreza multidimensional tiene más de 60 años, en función de los datos arrojados por la CASEN 2017.

En términos reales entonces, la pobreza en nuestro país tiene rostro de personas mayores. Nos hemos sobrecogido ante los tristes hechos en que matrimonios de ancianos han decidido quitarse la vida juntos, pues dedicaron a construir una Patria que no les garantiza ningún derecho, por el contrario, al finalizar su vida, les exige seguir trabajando.

El gobierno de Sebastián Piñera en lugar de escuchar las demandas de los pensionados y pensionadas que exigen se les respete con jubilaciones justas y dignas, les responde con políticas para que pasen sus últimos años de vida bajo la explotación del capital, y además, otorgando beneficios a las empresas para ello.

El programa “Experiencia Mayor” que lanzó Cecilia Morel junto a los empresarios, promueve que sigan estos ganando plata a costa de los adultos mayores subvencionándoles con un 60% la contratación los primeros 6 meses, y luego el 20%. El Programa Adulto Mejor es la respuesta obtusa de un gobierno que no quiere escuchar.

Con el programa Experiencia Mayor este gobierno da mezquinas soluciones empresariales a urgentes problemas sociales, está mejorando el negocio de unos pocos en lugar de garantizar los derechos de las personas mayores, prioriza la ganancia de sus socios en lugar de ocuparse de las múltiples necesidades de los que entregaron su vida por heredarnos este país. Ya sea con viviendas para los casi 3.000 adultos mayores que viven en la calle –la mitad de ellos en la capital nacional-, jubilaciones justas, salud y atención médica de calidad, y condiciones adecuadas de vida. Nosotros y nosotras, desde el Frente Amplio, y desde nuestro rol en el Consejo Regional, impulsamos políticas que conduzcan los planes y programas en la dirección de lo que la dignidad de los adultos mayores requiere, defendemos y promovemos un sistema humanizado que ponga a las personas en el centro de cada acción.