[Columna de Ricardo Montero Allende] FF.AA. y seguridad interior: populismo puro y duro

El anuncio del presidente Piñera de involucrar por decreto a las FF.AA. en temas de seguridad interior es una pésima noticia por diversos motivos. Principalmente porque la experiencia comparada ha demostrado de forma consistente que no es una medida efectiva, que aumenta gravemente el riesgo de violaciones a los DDHH. y que, una vez implementada, es muy difícil de revertir. El informe 2019 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ratifica que, comparando homicidios por 100 mil habitantes, América Latina es la región con la tasa más alta del planeta (17,2), con casi el triple del promedio mundial (6,1). La presencia de militares combatiendo el narcotráfico y el crimen organizado no ha mejorado las cosas. Es más, en la mayoría de los casos ha complejizado y empeorado el problema.

Uno de los casos más emblemáticos es el de México (16,5), donde desde el 2007 con la incorporación de militares a la lucha contra el narcotráfico, los indicadores de violencia y muertos se dispararon. En Brasil (28,4) la supuesta pacificación de las favelas en Rio de Janeiro con el apoyo de las FF.AA. es otro caso evidente de resultados negativos y graves violaciones a los DD.HH. Los ejemplos negativos y el aumento de la violencia bajo este formato también se evidencian en la lucha contra las maras en El Salvador (62,1), Guatemala (29,4) y Honduras (41,7). En Colombia (26,5) tras décadas de intenso combate contra grupos paramilitares, crimen organizado y narcotráfico, el gobierno está intentando comenzar el retiro de las FF.AA. de las tareas de seguridad interior, responsables estas últimas por sistemáticas violaciones a los DD.HH., como por ejemplo el asesinato de civiles inocentes, los llamados falsos positivos. El modelo de mano dura militar en temas de seguridad ha sido potenciado e incentivado por Estados Unidos (5) en toda América Latina, pero paradójicamente dicho país prohibió de manera expresa –dos siglos atrás, luego de la guerra civil— que las FF.AA. actúen en su propio territorio (Posse Comitatus Act). La experiencia comparada confirma que involucrar a las FF.AA. en materia de seguridad es bastante simple, pero no existen, a lo menos durante el presente siglo, experiencias exitosas en ningún país de la región respecto a cómo retirarlas de dichas funciones y devolvérselas a la policía.

Si bien Chile (3,4) es uno de los países más seguros del continente, con justa razón la delincuencia sigue siendo uno de los temas más importantes para la población (CEP, 2019). Actualmente las FF.AA. ya realizan funciones relacionadas a la seguridad interna, en lugares determinados y en tres situaciones específicas: en los centros de votación durante las elecciones y plebiscitos; en el territorio marítimo, playas y puertos a través de la Armada y en el espacio aéreo y, por último, en aeropuertos a través de la Fuerza Aérea. Excepcionalmente realizan tareas humanitarias, no de orden público, ante desastres naturales sin la necesidad de declararse excepción constitucional. Respecto al decreto firmado por el presidente Piñera, existen motivos suficientes para cuestionar su constitucionalidad, principalmente porque, según lo que señaló el día de su firma, le entrega “nueva función” a FF.AA. para “la lucha contra el narcotráfico [y] el crimen organizado”; temas de seguridad interior que la constitución entrega expresamente a las policías (art. 101). Es decir, una función nueva, genérica y en un territorio tan ambiguo que se transforma en indeterminado.

Si lo propuesto por el gobierno no ha funcionado en otros países, incrementa el riesgo de violaciones a los DD.HH., es una medida muy difícil de revertir y eventualmente es inconstitucional ¿Por qué replicarlo en Chile? La respuesta es clara: populismo puro y duro. Chile debe mantener la separación constitucional entre las funciones de defensa y seguridad, mejorar la dirección y control político de sus instituciones armadas y reformar sustancialmente el trabajo que realizan las policías en el combate al narcotráfico y el crimen organizado.