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Opinión

25 de Julio de 2019

Columna del diputado Diego Ibáñez sobre Essal: La crisis (la caída) del dogma de las concesiones

Revocar la concesión de ESSAL es un paso mínimo ante la magnitud de la crisis y los errores evidenciados. Pero en los próximos días veremos cómo se intenta reducir el debate a si debe el Presidente revocar o no la concesión de ESSAL y cómo afectaría esto a la manoseada certeza jurídica y la inversión externa. Nuestro rol como Frente Amplio, por el contrario, es ampliar el debate y mostrar las alternativas para un servicio público seguro, justo y sostenible, evidenciando el dogmatismo por las concesiones.

Diego Ibáñez
Diego Ibáñez
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*Por Diego Ibáñez, Diputado Convergencia Social

La crisis sanitaria por la falta de abastecimiento de agua potable en Osorno alcanzó la segunda semana antes de que se repusiera en forma segura del servicio. Bastaron 6 días para develar la incapacidad de la propia empresa, de la superintendencia y del gobierno para controlar la emergencia, empujando a los vecinos a reclamar la caducidad de la concesión a ESSAL, haciendo crujir la institucionalidad sanitaria tan pronto como se pedían cabezas en la plaza pública.

Y es que tras el actuar irresponsable de ESSAL y la naturalización del modelo sanitario por parte del oficialismo y referentes de la ex Concertación, se asoma un debate tan necesario como urgente: el agotamiento de un modelo de concesiones de servicios públicos, como expresión de un Estado subsidiario que no cumplió con las promesas de eficacia y seguridad.

Uno de los pilares de la política de los consensos fue la profundización de un modelo de Estado que, reduciendo su actividad a la regulación y el subsidio a empresas privadas, entregó a la dinámica del mercado la provisión de servicios públicos claves para la vida, a saber: salud, educación, agua, transporte. El extremismo de los Chicago Boys sobre una sociedad meramente “accidental”, que privilegiaba la libertad económica del individuo “esencial”, se ramificó culturalmente y desdibujó la identidad de la misma centro izquierda, que hoy tibiamente vuelve al debate sobre el futuro.

A más de 30 años del inicio de este modelo de gestión pública en Chile, solo el fanatismo podría ignorar la evidencia: gastos de bolsillo altísimos que aseguran porcentajes mínimos de utilidades, exclusión y desigualdad en ámbitos como salud y educación, hiper concentración del poder y riqueza, corrupción y conflictos de interés. Pero la tozudez ideológica de los viejos dogmas continúan enarbolados como la única vía posible, en una chilenización de la doctrina there is not alternative (no hay alternativa) de Margaret Thatcher. Sin embargo, el propio desgaste del consenso neoliberal ha abierto tantas alternativas como modelos posibles.

Desde el año 2000, acuerdos globales han puesto al abastecimiento y saneamiento seguro y sostenible del agua como un objetivo clave en el desarrollo humano, centrando así el debate en el valor que entrega el servicio a la población (por sobre el estatismo versus mercado) y en la capacidad del Estado, tanto para una regulación efectiva como para la provisión directa del servicio. En Chile, la tendencia de las élites ha sido escudarse en los altos porcentajes de cobertura de agua potable que poseen las sanitarias dentro de su Área de Concesión, mientras poco se repara en los altos costos del servicio, la frecuencia en los cortes de suministro, la incapacidad de resistir eventos climáticos, la desigual calidad de servicios entre comunas y regiones, los bajos estándares de regulación medioambiental y sanción, y reducida capacidad del Estado para proveer servicios efectivos fuera del Área de Concesión, que a la fecha mantienen a medio millón de personas sin agua potable, principalmente en áreas rurales con alta pobreza multidimensional.

En términos políticos, la crisis sanitaria provocada por Essal nos traza una línea roja. A un lado están quienes dogmáticamente se niegan a admitir la crisis de las concesiones de servicios públicos, limitando su propuesta a “más fiscalización”, dando continuidad a las garantías de concesión a privados en aspectos clave para la reproducción de la vida. Del otro lado, estamos quienes proponemos una gestión pública para el siglo XXI que privilegie el bienestar ciudadano, asegurando igual calidad a lo largo del país, otorgando protección a los bienes comunes, especialmente el agua, en momentos inéditos de emergencia climática.

15 de Julio de 2019/OSORNO
Habitante de Osorno protestan frente a las oficinas de Essal.
Continœa emergencia sanitaria en la ciudad de Osorno luego de que un derrame de combustible ocurrido en la madrugada del jueves en la planta Caipulli oblig— a la empresa Essal a suspender el suministro de agua potable.
FOTO:FENRANDO LAVOZ/AGENCIAUNO

Si lo que queremos en política es enfrentar el problema de Osorno de manera responsable, es un error centrarnos exclusivamente en la necesaria judicialización de la negligencia privada o la ausencia de fiscalización. ¿Por qué no pensar que hay servicios prioritarios -derechos sociales y humanos-, que no pueden ser objeto de concesiones ni de la subordinación de su provisión al régimen de mercado y la acumulación privada?

Pocas cosas pueden expresar a nivel tan cotidiano la necesidad de transformar el modelo político-económico de Chile como el agua, y es desde esas urgencias que como Frente Amplio debemos construir no solo nuestras propuestas, sino también las alianzas posibles.

En ese sentido, con quienes reciben financiamiento irregular de las empresas sanitarias que luego deben fiscalizar, o con quienes defienden la concesión y ganancias increíbles de las sanitarias en desmedro de la salud de las personas, simplemente no hay unidad posible.

Revocar la concesión de ESSAL es un paso mínimo ante la magnitud de la crisis y los errores evidenciados. Pero en los próximos días veremos cómo se intenta reducir el debate a si debe el Presidente revocar o no la concesión de ESSAL y cómo afectaría esto a la manoseada certeza jurídica y la inversión externa. Nuestro rol como Frente Amplio, por el contrario, es ampliar el debate y mostrar las alternativas para un servicio público seguro, justo y sostenible, evidenciando el dogmatismo por las concesiones.

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