Paquete económico: El “raspado de la olla” del plan de reactivación

Un nuevo paquete de medidas anunció el Gobierno con el propósito de hacer frente al progresivo debilitamiento del crecimiento en el país y deterioro de las expectativas de las personas y empresas, siendo éste el tercer anuncio hecho en los últimos meses. Esta vez se trata de un conjunto de medidas que abarcan el campo de acción de seis ministerios y que implican aumentar el gasto público en US$355 millones para 2019 y US$216 millones para 2020, es decir, un total de US$571 millones.

En el Instituo Igualtad estimamos que el monto comprometido en el nuevo anuncio no se condice con la algarabía y pirotecnia montada por el Gobierno para dar a conocer las nuevas medidas, dado que parte de las mismas corresponden a la reasignación de inversiones ya comprometidas en otras áreas, en virtud de lo cual su impacto será bastante menor en las cuentas agregadas de la inversión. Se colige de esta reasignación, sin embargo, que se intenta corregir algún grado de incumplimiento en la ejecución presupuestaria del presente año, dejando entrever problemas de eficiencia en la gestión gubernamental, las que ponen en entredicho, una vez más, la promesa de excelencia que hizo Sebastián Piñera en su condición de candidato presidencial.

Por otra parte, el monto anunciado en este nuevo paquete de medidas es bastante exiguo, en el mejor de los casos, apenas equivalente a un proyecto importante en el área de infraestructura. De hecho, los montos comprometidos —bastante menores respecto de los anunciados anteriormente— sugieren que el margen de maniobra del Gobierno es cada vez más estrecho, ahora apelando al “raspado de la olla” en materia presupuestaria. En el área de infraestructura se habla de implementar 145 iniciativas con un costo total de 150 millones de dólares, que se destinarán a proyectos en todas las regiones del país en vialidad, obras hidráulicas, aeropuertos y agua potable rural, de lo que se deduce que se trata de pequeños proyectos, nada muy significativo.

En todo caso, este nuevo anuncio viene a corroborar la percepción que el Gobierno no ha logrado revertir la tendencia a la desaceleración económica instalada con fuerza desde fines del año pasado, confirmando que los dos paquetes de medidas anunciadas anteriormente resultaron infructuosos y de bajo impacto en su objetivo de controlar el deterioro del empleo y el producto.

Ha de tenerse en cuenta, asimismo, que las medidas de incremento del gasto público recaerán recién en el ejercicio presupuestario de 2020, lo que implica que no es razonable esperar un impacto macroeconómico en este 2019, por muy leve que este sea.

Desde una perspectiva más macro no puede pasarse por alto la contradictoria señal que da el Gobierno con estos anuncios cuando, por un lado, impulsa una reforma tributaria que significará una importante menor recaudación y, por otro lado, anuncia sucesivos paquetes de medidas que comprometen un mayor gasto público. Ello no hace sino estresar las finanzas públicas vía mayor endeudamiento y gasto público no financiado.

Los sucesivos anuncios de medidas en los últimos meses y los valores arrojados en la medición de diferentes indicadores del comportamiento de la economía nacional sugieren que hay un deterioro más profundo que el reconocido por el gobierno, lo que no se resuelve con las medidas anunciadas, todas de incidencia muy puntual.

Así, por ejemplo, una mayor oferta de subsidios habitacionales no tendrá un efecto significativo sobre el desempleo si acaso no disminuye el stock de viviendas nuevas sin vender, por lo que tampoco revertirá la tendencia a la baja que tiene el crecimiento del PIB ni mejorará las expectativas de los agentes privados, puestas de manifiesto, por ejemplo, en el número de permisos de edificación nueva que presenta cinco meses continuos de contracción.

Este sí es un dato duro que muestra el comportamiento efectivo de la industria de la construcción y del impacto posible sobre la actividad económica en su conjunto, además de las expectativas empresariales más allá de las declaraciones de buena crianza de las entidades corporativas que los representan.