Columna de Lorena Fries, presidenta de Corporación Humanas: Derechos Humanos, otra vez.

Cierto es que el Presidente de la República tiene la facultad de declarar Estado de Excepción, en este caso de Emergencia. Pero cuando lo hace, se hace responsable de sus consecuencias, particularmente, en materia de violaciones a los derechos humanos.

Hasta ahora, y después de una tremenda opacidad del Gobierno en la entrega de información sobre violaciones a los derechos humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, dentro de sus limitaciones de recursos humanos y presupuestarios, ha señalado que más de 3000 personas han sido detenidas, 1092 heridas -272 por el uso de perdigones y 237 por armas de fuego no identificadas-. Se han presentado al menos 50 querellas por tortura, actos crueles, inhumanos o degradantes, 17 por violencia sexual y 5 por personas fallecidas en el contexto de manifestaciones legítimas y pacíficas. Ese es el balance de un poco más de una semana con las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad en las calles.

La falta de sensibilidad o empatía del gobierno con las demandas ciudadanas por un Chile sin abusos y digno para sus habitantes no solo se ha evidenciado en lo mezquinas de las medidas que se proponen para salir de esta crisis. También se expresan en el desacierto de la adopción de un Estado de Excepción que no consideró la memoria que tiene el país sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura y la falta de racionalidad en la estrategia de seguridad que implementó, básicamente dirigida en los primeros días a la represión de quienes se manifestaban en paz. ¿Por qué no se parapetaron fuerzas de orden y seguridad en lugares estratégicos? ¿Por qué aun cuando recorrían las calles no fueron capaces de brindar seguridad frente a los saqueos? ¿Por qué en vez de azuzar a militares y carabineros con la idea que estamos en guerra no infundió la tranquilidad necesaria a la población? Llegó tarde y mal a todo.

No se responde a la demanda por más democracia y más derechos con las Fuerzas Armadas y Carabineros en las calles. Se encauza el conflicto generando espacios reales de deliberación, con acuerdos políticos concretos que vayan al meollo del asunto que es ni más ni menos que reponer lo conculcado, la participación ciudadana para decidir el rumbo el horizonte que queremos como país. Ya en plena crisis, corresponde solo adoptar medidas extraordinarias que vayan en ese sentido, redistribución del poder para fijar democráticamente nuevas reglas del juego que beneficien a las mayorías y no se empecinen en mantener los privilegios. Se trata en definitiva y en clave de derechos humanos, de garantizar derechos mínimos que habilitan la convivencia entre personas igualmente dignas.

Algunos dirán que eso no tiene nada que ver con los derechos humanos, pero se equivocan. Uno de los elementos centrales de las democracias es el respeto y garantía de estos derechos. De allí que la participación, en urnas, en plebiscitos, en las calles, en los asuntos de interés públicos constituya un derecho humano, el derecho a la participación política.

En Chile, no existe la iniciativa popular de ley, tampoco la posibilidad de realizar plebiscitos vinculantes a nivel nacional. La actual Constitución Política no considera los derechos sociales en toda su dimensión como una garantía del Estado e incluso en algunos casos ni siquiera reconoce tales derechos. A la falta de reconocimiento y satisfacción de derechos como a la seguridad social, la salud, la vivienda, se responde clausurando las voces que claman en la calle, con tortura, atentando contra jóvenes y con muerte. Es la derrota de un gobierno y de un modelo cuyas reglas básicas están en la Constitución del 80. Y lo peor, es que se clausura también por los quórums que se requieren, la posibilidad de modificarla de manera sustantiva.

Por eso se necesitan canales de participación que apunten hacia la elaboración de una Nueva Constitución que se funde un pacto social en el que todas y todos estamos en igualdad de condiciones para opinar y para decidir qué queremos. El plebiscito se erige como ese mecanismo, un plebiscito que consulte a la sociedad si se requiere una nueva Constitución, y si ese resultado es positivo, una Asamblea Constituyente donde la soberanía vuelve a su origen, a los y las chilenas. Mientras ese camino se articula, no podemos dejar pasar la responsabilidad sobre las violaciones a los derechos humanos cuya cara visible es el ministro del Interior, Andrés Chadwick.